Vigilar, cuidar o colapsar: la seguridad en Transmilenio

Para comprender la dimensión de esta tragedia resulta pertinente acudir a Michel Foucault y a su obra Vigilar y castigar, donde desarrolla los conceptos de poder disciplinario, vigilancia e instituciones de control. El filósofo francés explicaba que las sociedades modernas delegaron el ejercicio legítimo de la fuerza al Estado mediante sistemas de disciplina y vigilancia. A través de instituciones como la policía, la justicia o las cárceles, el Estado construye una suerte de "panóptico" invisible pero eficaz: una presencia constante que incentiva el cumplimiento de las normas.

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En este modelo, el ciudadano no obedece exclusivamente por temor al castigo, sino porque percibe que las reglas son supervisadas y aplicadas de manera efectiva. De hecho, diversos estudios en criminología muestran que las personas temen menos a la severidad de una sanción que a la probabilidad cierta de recibirla. Un ejemplo cotidiano es el pico y placa: muchos ciudadanos no dejan de usar su vehículo por el monto de la multa, sino porque saben que el sistema de control funciona y que la infracción probablemente será detectada.

Sin embargo, ese panóptico institucional parece haber empezado a resquebrajarse. Cuando el Estado reduce su capacidad de regulación en los espacios públicos, disminuye la vigilancia efectiva y debilita la aplicación de las sanciones, surge una consecuencia peligrosa: la privatización de la vigilancia.

Ante la percepción de ausencia institucional, algunos ciudadanos asumen funciones que corresponden al Estado. Se convierten en vigilantes improvisados, reguladores del comportamiento ajeno y defensores espontáneos de normas cuyo cumplimiento debería estar garantizado por las autoridades. Foucault advertía que el poder no es una estructura estática, sino una relación de fuerzas. Cuando un ciudadano intenta imponer disciplina sin el respaldo institucional ni el monopolio legítimo de la fuerza, el resultado suele ser el conflicto y no el orden.

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Cristian Garzón no fue únicamente víctima de su agresor. También fue víctima de un modelo en el que, de manera implícita, se ha trasladado al ciudadano común la responsabilidad de proteger lo público y hacer cumplir las reglas del sistema de transporte. Allí donde el Estado se debilita, la convivencia termina dependiendo de decisiones individuales que pueden tener consecuencias fatales.

La discusión también exige analizar los costos del modelo actual. Bogotá cuenta con 138 estaciones y 9 portales de TransMilenio. Solo algunas estaciones tienen sistemas de control de acceso mediante torniquetes. Según datos de la Alcaldía, se instalarán 160 nuevos torniquetes con una inversión cercana a los 4.800 millones de pesos, considerando un costo de hasta 30 millones por unidad.

A ello se suma la estrategia de los llamados "gestores de cultura del pago". De acuerdo con cifras presentadas recientemente en el Concejo de Bogotá, son más de 300 personas encargadas de promover el pago del pasaje y prevenir la evasión. Si cada gestor percibe al menos un salario mínimo con sus respectivas prestaciones, el costo mensual supera los 814 millones de pesos y alcanza cerca de 9.800 millones de pesos al año, pero estos cálculos no incorporan los costos derivados de lesiones, incapacidades, atención médica, procesos judiciales, indemnizaciones y, sobre todo, las pérdidas humanas irreparables que generan episodios como el que hoy enluta a una familia colombiana.

La pregunta es inevitable: ¿no sería menos costoso, y mucho más humano, invertir en mecanismos que reduzcan la exposición de las personas a estos riesgos?

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Las experiencias internacionales ofrecen alternativas. Ciudades como Nueva York y París han avanzado en sistemas de reconocimiento facial y análisis predictivo de video para fortalecer la seguridad. Diversos sistemas de transporte en Tokio, Seúl, Singapur, Hong Kong y Santiago de Chile utilizan puertas automáticas de andén que dificultan la evasión y reducen los riesgos para usuarios y personal operativo.

Si esas opciones existen, vale la pena preguntarse por qué no se exploran con mayor decisión. Y si su implementación supone inversiones significativas, también es razonable considerar mecanismos sancionatorios más eficaces para los evasores, similares a los que el Estado emplea frente a otras obligaciones legales cuya inobservancia genera consecuencias reales y verificables.

La muerte de Cristian Garzón debe obligarnos a reflexionar sobre una cuestión fundamental: el cuidado de lo público no puede descansar sobre el sacrificio de ciudadanos desarmados que asumen funciones que corresponden al Estado. La vida humana debe ocupar siempre el centro de las decisiones públicas. Como recordaba el papa Francisco: “El capital debe estar al servicio de la vida, y no la vida al servicio del capital.” En esa reflexión quizá se encuentre la principal lección que deja esta tragedia.

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