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La discusión sobre los recursos destinados a implementar el Acuerdo de Paz de 2016 se ha concentrado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Justamente este 22 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron una propuesta que podría quitarle al menos COP 100.000 millones a esa instancia de justicia transicional. Las alarmas alrededor del tribunal, sin embargo, son apenas una parte de un panorama más amplio y preocupante: el proyecto de Presupuesto General para 2027 también contempla reducciones en el dinero para cumplir los compromisos sobre acceso y formalización de tierras, transformación de los territorios más golpeados por la guerra, reincorporación de excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos y participación política. En resumen: el presupuesto para la paz.
(En contexto: La prueba de fuego de la JEP: su primera sanción a las Farc divide a las víctimas)
Los recortes no recaerían únicamente sobre el componente de justicia transicional, sino sobre las instituciones y políticas encargadas de convertir lo pactado con las Farc en 2016 en cambios concretos para las comunidades afectadas por décadas de conflicto. Un análisis de la Defensoría del Pueblo, elaborado a partir de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), encontró que el proyecto radicado por el gobierno de Abelardo De la Espriella ante el Congreso destina COP 12,94 billones a la construcción de paz. La cifra representa COP 7,62 billones menos que los COP 20,56 billones asignados para 2026, es decir, una reducción del 37 %. Los valores todavía pueden cambiar, pues el presupuesto de 2026 no ha cerrado y el proyecto para 2027 debe ser discutido y aprobado por el Congreso.
El hallazgo más llamativo aparece al comparar la inversión general de las entidades con el dinero marcado específicamente para la paz. En el grupo con cifras comparables, el presupuesto total de inversión aumentaría 10,6 %, al pasar de COP 45,71 billones a COP 50,56 billones. Sin embargo, los recursos identificados para implementar el Acuerdo disminuirían 43,9 % y pasarían de COP 10,78 billones a COP 6,05 billones. En otras palabras, el recorte no se explicaría únicamente por una falta general de recursos: aunque esas entidades tendrían más dinero para invertir, la parte reconocida oficialmente como destinada a cumplir lo pactado en La Habana se reduciría casi a la mitad. La diferencia dificultaría seguir y evaluar cuánto invierte el Estado en la implementación.
(Le podría interesar: De la Espriella responde a la JEP por recorte presupuestal: "¿Por qué necesita más dinero?")
Presupuesto para la paz caería 37 % en 2027
El proyecto presentado al Congreso contempla COP 7,62 billones menos para implementar el Acuerdo. Tierras, reincorporación, sustitución de cultivos y desarrollo rural están entre los componentes más afectados.
7,62billones
Reducción del 37 %
Cifras en moneda pesos colombiana (COP)
Inversión total de las entidades
45,71 billones → 50,56 billones
Aumenta
Recursos identificados para la paz
10,78 billones → 6,05 billones
Disminuyen
La JEP es solo una pieza
Para 2027, el proyecto asigna a la JEP COP 821.803 millones dentro del presupuesto de paz. De esa suma, COP 647.684 millones serían para funcionamiento, es decir, para sostener las actividades ordinarias de la jurisdicción y COP 174.119 millones para inversión en sus proyectos y programas, un rubro que se reduciría 8,9 %. El recorte ocurre cuando el tribunal atraviesa una etapa decisiva, marcada por la imposición y el comienzo de la ejecución de sus primeras sanciones. No obstante, las cifras recopiladas por la Defensoría muestran que las reducciones más fuertes recaerían sobre algunas de las instituciones encargadas de llevar el Acuerdo a las regiones. Por eso, la discusión sobre la financiación de la paz supera ampliamente las necesidades de la justicia transicional.
La Agencia Nacional de Tierras, encargada de facilitar el acceso a la tierra y formalizar la propiedad rural, perdería 71,8 % de sus recursos identificados para la paz: pasaría de COP 1,31 billones en 2026 a COP 370.028 millones en 2027. En la Agencia de Renovación del Territorio se presenta una contradicción del proyecto: su presupuesto de inversión crecería 44,8 %, pero el dinero marcado para implementar el Acuerdo caería 54,8 %. Esta entidad coordina los programas de desarrollo en las regiones que han sufrido la guerra. Su situación permite dimensionar la diferencia entre disponer de más recursos en términos generales y contar con menos dinero reconocido oficialmente, rastreable y sujeto a seguimiento como parte del cumplimiento de lo acordado en La Habana.
Tierras, vías y reincorporación
El recorte también alcanzaría al Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, Invías y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). En esta última, encargada de acompañar el tránsito de los excombatientes a la vida civil, la inversión identificada para la paz disminuiría 79,1 % y pasaría de COP 9.548 millones a COP 2.000 millones. El informe advierte, además, que la Unidad de Restitución de Tierras no aparece con una partida de inversión en el anexo de construcción de paz. Esto no significa que vaya a desaparecer o a quedarse sin presupuesto. Significa que en el proyecto no fue posible identificar una bolsa de inversión destinada expresamente a las tareas de restitución relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Cifras en moneda pesos colombiana (COP)
370.028 millones ↓
715 millones ↓
34.000 millones ↓
Cuatro puntos del Acuerdo con menos recursos
Al examinar los seis puntos del Acuerdo, la Reforma Rural Integral tendría el mayor recorte en dinero: perdería COP 7,84 billones y sus recursos disminuirían 45 %. La solución al problema de las drogas ilícitas registraría la mayor caída porcentual, del 67 %, mientras que participación política perdería 64,6 % y las tareas de implementación, verificación y seguimiento, 28,4 %. Solo dos puntos recibirían más recursos. Fin del Conflicto, que incluye compromisos relacionados con la reincorporación y las garantías de seguridad, aumentaría 51,8 % y llegaría a COP 1,73 billones. Víctimas del Conflicto, por su parte, crecería 12,3 %, con una asignación de COP 1,31 billones. La infografía que acompaña este artículo detalla los recortes para las entidades y componentes de la implementación.
$7,84billones
Fin del Conflicto
Víctimas del Conflicto
Una década de recursos concentrados en el campo
Entre 2017 y 2026, el Estado asignó COP 115,17 billones a la implementación del Acuerdo de Paz, según los valores nominales y sin descontar la inflación. Cerca del 77 % se concentró en la Reforma Rural Integral y la educación rural fue el componente que más recursos recibió, con casi el 30 % del presupuesto de paz registrado durante la primera década. Las cifras muestran que la transformación del campo no es un capítulo secundario, sino la principal apuesta del Acuerdo. Por eso, la reducción proyectada para 2027 afectaría la bolsa destinada a cerrar las brechas territoriales y atender algunas de las causas que han alimentado el conflicto: la pobreza, el aislamiento, la falta de oportunidades y la débil presencia de las instituciones estatales en regiones rurales.
Kyle Johnson, director de la Fundación Conflict Responses (CORE), considera que existe un riesgo de perder capacidad para cumplir lo pactado, porque la implementación ya acumulaba rezagos. “El presupuesto también es político. Es un anuncio de las intenciones y las prioridades de este gobierno frente al Acuerdo de Paz”, afirmó. Incumplirles a las regiones, dijo, disminuiría la confianza en el Estado, facilitaría la permanencia de las economías ilícitas y enviaría “un pésimo mensaje a los grupos armados”. Por su parte, Andrés González Díaz, director del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado, coincidió en que las zonas rurales afectadas por el aislamiento, la pobreza y la violencia requieren “una política de Estado de desarrollo integral y sostenido”, acompañada del control de la fuerza pública.
A su vez, María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), afirmó que las cifras muestran que la implementación “no es una prioridad en la agenda del nuevo gobierno”, aunque pidió leerlas en el contexto de la crisis fiscal. Sugirió revisar, diez años después de la firma, cuáles componentes requieren medidas especiales y cuáles deben incorporarse permanentemente a las políticas del Estado. Para Moreno, resulta preocupante la reducción de recursos para la ARN y la falta de claridad sobre la financiación y los arreglos institucionales para ejecutar las sanciones de la JEP. “Si no hay recursos, coordinación institucional ni políticas públicas, efectivamente no va a haber sanciones”, advirtió.
Desde el Centro Democrático, el senador Carlos Meisel defendió una lectura distinta. A su juicio, los compromisos del Acuerdo son fiscalmente inviables y el ajuste debe entenderse dentro de una reducción del gasto estatal. “Apretarse el cinturón implica un esfuerzo de todos, no solo del Ejecutivo”, sostuvo. El congresista reconoció que lo acordado en La Habana constituye un compromiso del Estado y que los territorios necesitan inversión, desarrollo y presencia institucional. Sin embargo, considera que esos objetivos pueden alcanzarse mediante recursos que se optimicen “sin la rigidez del Acuerdo”. En esa medida, pidió revisar qué resultados han producido las partidas destinadas durante estos años a la implementación, en términos de paz, y ajustar los compromisos a las posibilidades financieras que enfrenta el Estado colombiano.
El debate que viene en el Congreso
Las cifras previstas para 2027 pueden cambiar durante el trámite legislativo. La Defensoría recuerda que en años anteriores el presupuesto definitivo para la paz ha tendido a superar el monto planteado inicialmente, aunque las diferencias no siguen un patrón que permita anticipar qué ocurrirá esta vez. La discusión no se agota en el presupuesto de la JEP: pasa por definir qué lugar ocupará el Acuerdo entre las prioridades del nuevo gobierno y con qué recursos contarán las instituciones encargadas de traducirlo en carreteras rurales, títulos de propiedad, sustitución de cultivos, oportunidades para los excombatientes y presencia del Estado. Por todo esto, el debate en el Congreso es determinante, pues allí se definiría si los recortes se corrigen antes de la aprobación del Presupuesto para 2027, cuyo plazo máximo es el próximo 20 de octubre.
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antonio(7747)•Hace 19 horasLa mentira mas grande jamas dicha en la entrega de un nobel de paz: " El sol de la paz brilla por fin en el cielo de colombia " Juan Manuel Santos. La famosa pazde Santos resultó igual al " gobierno del cambio ", solo un chorro de babas.
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Maria Eugenia(56068)•Hace 20 horasDejar sin alas la paz es acabar el sueño que tenemos de vivir como hermanos.
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ML(11374)•Hace 20 horasTanto alboroto y tanta pendejada. A conciencia no se han dado cuenta aún que ese proceso de paz solo sirvió fue a los victimarios? Mejor y mas justo seria que esa plata se fuera directo a programas para las VICTIMAS, y no para burocracia que no ha servido sino para revictimizar a todos.
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Marco(t2vy2)•Hace 21 horasAlgunos dirán que es por lo que votaron, y tienen razón: a las regiones llegarán enfrentamientos armados, fumigación con agentes tóxicos, estigmatizaciones sociales y balaceras. Después, el equipo de medios del autodenominado «Tigre» enviará kits de prensa escalofriantes que, en todo caso, maquillarán los resultados para que la gente crea que todos los caídos son subversivos. Bienevenidos a la patria pesadilla.
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antonio(7747)•Hace 21 horasPara que sirvieron los congresistas de las farcs en el congreso durante 8 años ? A razon de $ 40 M mensuales c/u, eran 10 congresistas = $ 400 millones mensuales, en 8 años ( 96 meses ) $ 400.000.000 X 96 meses = $38.400.000.000. Ademas de las camionetas blindadas de alta gama y esquemas de seguridad. Y no hay dinero para la paz, si toda se la estan llevando los del secretariado.
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JOSEPATRO(ci8fp)•Hace 21 horasA la extrema derecha solo le interesa acabar con cualquier asomo de paz, ellos disfrutan y gozan con la sangre de los campesinos y jóvenes Colombianos que van al combate. En mis 70 años nunca he visto que caiga en combate, un solo hijo de estos políticos que nos han gobernado. Es más, hay impostores que saludan estilo militar.
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ML(11374)•Hace 20 horasCual paz????? Nunca hubo, solo se fortalecieron,;el año pasado en enero a cuantos mataron y desplazaron en el catatumbo? O es que aún no sabe eso?
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