Rodrigo Londoño y exFarc comienzan a cumplir sentencia de la JEP: víctimas tienen reparos

Desde este lunes, 21 de septiembre, los comparecientes adelantan trabajos manuales en el cementerio de San Antonio de Padua de Pitalito (Huila) para la recuperación de cuerpos de personas no identificadas y acciones de construcción de memoria. La intervención se puso en marcha aunque algunas víctimas se mostraron en desacuerdo, como lo dio a conocer El Espectador.

En ese cementerio hacen presencia, además de Londoño, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Según detalló la JEP, además de las actividades para restaurar a las víctimas, los comparecientes tienen restricción de derechos y libertades, monitoreo y verificación permanente, durante un periodo de hasta 8 años.

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Puntualmente, en Huila, el antiguo secretariado participará de la intervención que irá hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. "Esta labor se desarrolla junto con máximos responsables de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en Huila, y con máximos responsables por secuestro que pertenecieron al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP", detalló la JEP.

Aunque se trata de un hecho sin precedentes en la historia judicial del país, la acción se llevó a cabo en medio de cuestionamientos por parte de un sector de víctimas que señalan no haber sido tenidas en cuenta en esa decisión, por lo tanto, no se sienten representadas.

Varias víctimas acreditadas en el caso de secuestro sostienen que no participaron en el diseño de la actividad, cuestionan que los antiguos comandantes intervengan en un lugar con una carga simbólica tan profunda y advierten que ni siquiera existe certeza de que los cuerpos eventualmente encontrados correspondan a desaparecidos por las Farc.

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Sin embargo, al ser consultada por este medio, la JEP señaló que el proyecto se construyó con la participación de todas las víctimas y sus representantes. Una fuente que acompaña a familias buscadoras en Huila aseguró que en Pitalito existe temor y que la comunidad no fue consultada sobre su presencia.

“No sacamos nada viendo que las extintas Farc vengan a mostrarse. Ese no es el proceso. Además, sentimos que han dejado de aportar información”, señaló. Otra víctima acreditada en el macro caso 01, Amalfi Quintero Medina, afirma que el desacuerdo no equivale a rechazar cualquier forma de justicia restaurativa. Su reparo se concentra en una actividad que, según dice, nunca fue concertada con quienes padecieron los crímenes. “Siempre fuimos muy insistentes ante el Tribunal de Paz en que nos tuvieran en cuenta para las sanciones. Pero nunca lo hicieron”, sostuvo.

Con respecto al cumplimiento de la sentencia, la JEP detalló que la elección del cementerio obedece a razones técnicas, operativas y restaurativas, y que los siete comparecientes deberán cumplir horarios estrictos, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y trabajar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia.

En Huila, la JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc y que permanecen desaparecidas. En total, 60 víctimas de secuestro en este departamento están acreditadas ante el Caso 01 de la JEP, del universo de cerca de 4.400 víctimas acreditadas en este caso. Asimismo, 35 personas que fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado en Huila permanecen desaparecidas. El Subcaso Huila del Caso 03, que investiga estos hechos, ha acreditado hasta el momento a 434 víctimas.

En este cementerio de Pitalito, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha realizado hasta la fecha cinco intervenciones durante las cuales se han recuperado 54 cuerpos de personas no identificadas.

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