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El Tribunal Supremo de Estados Unidos acordó revisar una política de la Administración de Donald Trump que permite mantener detenidos a determinados inmigrantes durante sus procesos de deportación sin que puedan solicitar una audiencia de fianza. El caso pondrá bajo análisis si las personas que llevan tiempo viviendo en el país tienen derecho a que un juez determine si deben continuar privadas de la libertad mientras impugnan una posible deportación.
La disputa surge por una nueva interpretación de una ley migratoria de 1996 adoptada por el Gobierno de Trump en 2025. Bajo esa política, los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin pasar por una inspección oficial pueden quedar sujetos a detención obligatoria, incluso si llevan años residiendo en el país. La medida modificó una práctica que durante décadas permitió que muchos inmigrantes detenidos lejos de la frontera solicitaran una audiencia para determinar si podían quedar en libertad bajo fianza.
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El caso llega al Supremo después de que distintos tribunales federales emitieran decisiones enfrentadas sobre la legalidad de la política. La mayoría de los tribunales de apelación que han abordado el asunto la han rechazado. El Cuarto Circuito, por ejemplo, se convirtió en septiembre en el noveno tribunal de apelaciones en considerar ilegal la aplicación de esta política, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a algunos de los inmigrantes que la impugnan.
En el otro extremo se encuentran los circuitos Quinto y Octavo, que han respaldado la interpretación del Gobierno y consideran que determinados inmigrantes que ingresaron y permanecieron ilegalmente en el país deben permanecer detenidos mientras avanzan sus procesos migratorios. La división entre los tribunales ha generado un escenario en el que el acceso a una audiencia de fianza depende, en parte, del lugar donde una persona sea detenida.
El Gobierno de Trump sostiene ante el Supremo que esta diferencia entre los circuitos dificulta la aplicación uniforme de las leyes migratorias. Sus abogados argumentan que los tribunales federales han recibido miles de solicitudes de inmigrantes que cuestionan la interpretación adoptada por la Administración.
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La ACLU, por su parte, sostiene que la política tiene un alcance mucho mayor que la detención de personas interceptadas en la frontera. Según la organización, podría afectar a millones de inmigrantes que viven dentro de Estados Unidos, incluidos algunos que llevan años en el país. La organización también señala que cientos de jueces de tribunales de distrito han rechazado la interpretación del Gobierno.
La decisión del Supremo tendrá que determinar cómo debe aplicarse la legislación federal de inmigración y si el Gobierno puede mantener detenidas a estas personas sin permitirles una audiencia en la que un juez evalúe las circunstancias de su caso.
La familia de Renee Good demanda al Gobierno
Mientras el Supremo analiza el alcance de las políticas de detención migratoria, la familia de Renee Good presentó dos demandas contra el Gobierno estadounidense y funcionarios federales por la muerte de la mujer, quien fue asesinada a tiros por un agente de inmigración en Minneapolis el pasado 7 de enero. Good, de 37 años, murió durante una operación migratoria federal conocida como Operation Metro Surge.
Una de las demandas fue presentada en nombre de la familia y acusa al Gobierno de homicidio culposo, negligencia y otras conductas que, según los demandantes, contribuyeron a la muerte de Good. La segunda está dirigida contra el agente Jonathan Ross y varios funcionarios de la Administración Trump y plantea, entre otras acusaciones, violaciones de derechos civiles y una supuesta conspiración para interferir con esos derechos.
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Good se encontraba en su vehículo cuando se produjo el enfrentamiento con agentes federales. Imágenes grabadas durante el incidente muestran a los agentes acercándose al automóvil y ordenándole que saliera. El vehículo comenzó a desplazarse y el agente Ross disparó contra Good. Las autoridades federales han sostenido que el funcionario actuó en defensa propia y calificaron lo ocurrido como un supuesto acto de terrorismo doméstico.
La familia cuestiona esa versión y reclama una compensación por la muerte de Good y por el impacto que tuvo en sus allegados. El Departamento de Justicia no ha comentado públicamente las demandas, alegando que se trata de litigios en curso.
Los dos procesos judiciales se producen en medio de una ofensiva migratoria de gran alcance impulsada por la Administración Trump y de una creciente disputa en los tribunales sobre los límites de las facultades del Gobierno para detener y deportar inmigrantes.
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