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Fedearroz respondió al Ministerio de Agricultura por la revisión de los recursos parafiscales del sector y defendió el manejo que ha hecho de la Cuota de Fomento Arrocero y de los fondos administrados por Colombia Rice Export Quota, Inc. (Col-Rice). El gremio sostiene que estos dineros son auditados periódicamente por organismos de control y que cada inversión cuenta con el aval previo del Gobierno. La discusión se da mientras los productores enfrentan bajos precios, endeudamiento y, en regiones como Casanare, pérdidas provocadas por las inundaciones de julio.
Desde Valledupar, el presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, César Augusto Saavedra, envió el viernes 2 de octubre una carta al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, en la que fijó la posición del gremio frente a la revisión anunciada por el Gobierno.
Saavedra defendió que los recursos parafiscales no tienen como propósito financiar a Fedearroz como institución, sino generar servicios y capacidades para los productores. Entre las inversiones mencionadas por el gremio están la investigación, la generación y transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades productivas y la infraestructura y las plantas de procesamiento puestas al servicio de los agricultores.
“Es importante, además, destacar que estos recursos no han tenido como finalidad financiar a la Federación como institución, sino generar bienes, servicios y capacidades para los productores arroceros del país”, afirma la carta.
Fedearroz también manifestó su disposición a que las autoridades adelanten las revisiones que consideren necesarias y sostuvo que, durante sus más de 80 años de existencia, la transparencia y el rigor han sido principios de la organización.
El gremio afirmó que los recursos son auditados periódicamente por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación y que esas revisiones han arrojado resultados positivos. También precisó que las inversiones con recursos de la Cuota de Fomento Arrocero o de Col-Rice no se realizan de manera autónoma: según la Federación, cuentan con aval previo del Ministerio de Agricultura.
En el caso de la Cuota de Fomento Arrocero, los proyectos deben pasar por una comisión establecida por la Ley 101 de 1963. Esta instancia es presidida por el Ministerio de Agricultura y tiene participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y tres representantes de los productores elegidos por la junta directiva de Fedearroz.
Col-Rice, por su parte, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en Estados Unidos que administra mediante subastas abiertas el contingente arancelario de arroz establecido en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos. Según la organización, allí participan asociaciones y entidades que representan a la industria arrocera estadounidense y al sector productor colombiano.
La dirigencia gremial solicitó que la evaluación del uso de los fondos se mida por los resultados concretos en el campo, tales como incrementos en productividad, reducción de costos y sostenibilidad ambiental, y no solo por la ejecución financiera, reiterando su disposición a mantener un diálogo abierto con el Gobierno Nacional.
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La revisión del Ministerio
La controversia inició luego de que Dangond enviara una carta a la junta directiva de Fedearroz y anunciara la revisión de los recursos del Fondo Nacional del Arroz. El ministro afirmó que, en los últimos 15 años, las subastas de importación de arroz estadounidense habrían generado cerca de COP 292.867 millones y el recaudo de la cuota parafiscal (recursos públicos de impuestos que administra Fedearroz) habría superado los COP 259.000 millones.
Para el Ministerio, la discusión debe centrarse en si esos recursos han producido resultados suficientes para los productores en productividad, reducción de costos, infraestructura, comercialización y gestión del riesgo. Ambas partes plantean medir el uso de los fondos por resultados, como la productividad y la reducción de costos.
Una crisis que viene de 2025
La crisis arrocera viene de 2025, cuando los productores realizaron dos paros por los bajos precios del grano. A las dificultades por una mayor oferta nacional se sumaron las importaciones, el contrabando y los bajos precios internacionales.
En ese contexto, Fedearroz ha solicitado medidas de alivio para los agricultores afectados por los bajos precios de comercialización, el endeudamiento, las inundaciones y las dificultades para recuperar los costos de producción. El gremio también ha pedido reforzar el seguimiento a la comercialización y los mecanismos para evitar que los precios pagados al productor afecten sus ingresos.
Casanare: inundaciones, menor productividad y deudas
Esta discusión en torno a la gestión sectorial coincide con la situación que atraviesan los productores de arroz en el departamento de Casanare. Durante el mes de julio de 2026, la región enfrentó intensos excesos de lluvia e inundaciones que redujeron el rendimiento de los cultivos de 5,5 a 4,2 toneladas por hectárea.
Esa caída dejó a los agricultores casareños con un escenario financiero complejo, tienen una cartera pendiente que asciende a: COP 250.000 millones con el sector bancario y el sistema financiero, COP 150.000 millones de pesos con la industria molinera y COP 71.000 millones de pesos con los almacenes de agroinsumos.
El pasado viernes 2 de octubre, el ministro Indalecio Dangond Baquero lideró una reunión con representantes de los productores de arroz de Casanare. Desde allí hizo un llamado a los actores de la cadena, desde aquellos que hacen parte del sistema financiero, molineros y proveedores de insumos.
El objetivo central de este espacio es ajustar los plazos y la reestructuración de las deudas para asegurar que los productores puedan reanudar sus siembras el próximo año bajo mejores condiciones.
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura anunció la inyección de recursos frescos dirigidos a la ampliación y fortalecimiento de las plantas de secamiento locales para blindar la seguridad alimentaria de la región.
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