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Las familias de estratos 1, 2 y 3 afectadas por un desastre podrán recibir un subsidio adicional para pagar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo durante hasta seis meses. La medida también contempla que una vivienda destruida, demolida o inhabitable deje de recibir facturación mientras no estén dadas las condiciones técnicas y de seguridad para prestar el servicio.
El Gobierno estableció estas reglas mediante el Decreto 1493 del 6 de octubre de 2026, que reglamenta el subsidio excepcional previsto en la Ley 1506 de 2012 y adiciona un nuevo capítulo al Decreto 1077 de 2015, que reúne las normas del sector Vivienda.
La medida fue anunciada en medio de las acciones de recuperación posteriores al terremoto del 10 de agosto. El decreto, no obstante, establece un mecanismo general para situaciones de desastre declaradas por el Gobierno nacional, por lo que no queda limitado exclusivamente a ese sismo. También podrá aplicarse a desastres declarados previamente que continúen vigentes.
El primer alivio consiste en un subsidio excepcional que se suma al subsidio ordinario que ya reciben los hogares de los estratos subsidiables. El beneficio será financiado con recursos de la Nación y podrá otorgarse por un máximo de seis facturas mensuales consecutivas o tres cuando la facturación sea bimestral.
Eso no significa que durante seis meses el Gobierno vaya a pagar automáticamente la totalidad de cada factura. El Ministerio de Vivienda tendrá que expedir un acto administrativo para definir en cada desastre los municipios o zonas beneficiadas, el porcentaje adicional para cada estrato, las fechas de aplicación y las fuentes de financiación.
Además, el subsidio tiene límites. Para acueducto y alcantarillado se aplica sobre el cargo fijo susceptible de subsidio y sobre el consumo básico, no sobre consumos que superen ese límite. En aseo se utilizarán los componentes de la factura que sean susceptibles de subsidio según las reglas de ese servicio.
Tampoco cubre deudas anteriores, intereses, sanciones, costos de financiación, contribuciones, consumos complementarios o suntuarios ni otros conceptos que no sean susceptibles de subsidio. El subsidio ordinario y el excepcional, sumados, no podrán superar el 100 % de la base de facturación que pueda ser subsidiada.
Para acceder al beneficio, el usuario debe pertenecer a un estrato subsidiable, haber sido afectado o damnificado por el desastre y estar incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD). El inmueble debe contar con las condiciones necesarias para recibir el servicio.
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El decreto contempla además a las personas que deban ser reubicadas temporal o definitivamente. En esos casos, el subsidio podrá trasladarse de la cuenta del inmueble afectado a la del lugar de destino, incluso si el nuevo inmueble pertenece a un estrato diferente. Para efectos del beneficio se conservará como referencia el estrato de la vivienda de origen.
Los periodos utilizados en la vivienda original se acumularán con los del inmueble de destino. La reubicación, por tanto, no reinicia el contador de los seis meses. Tampoco se podrá recibir el subsidio simultáneamente en dos viviendas.
Hay una segunda medida que opera de manera diferente y que puede ser más relevante para quienes perdieron completamente su vivienda.
Si un inmueble queda destruido, demolido, inhabitable o presenta condiciones técnicas o de seguridad que impiden prestar uno o varios servicios, no podrá ser facturado por esos servicios mientras persista la imposibilidad. Esta regla es independiente del estrato y no tiene el límite de seis facturas del subsidio excepcional.
En este caso no se trata de una condonación de una deuda ni de un subsidio. Si el inmueble no puede recibir el servicio, simplemente no se factura mientras esa situación continúe. Una vez se recuperen las condiciones necesarias y se restablezca la prestación, volverán a aplicarse los cobros correspondientes.
El decreto también permite subsidiar, por una sola vez por emergencia y por usuario, la reparación, reposición o reconstrucción de las conexiones o acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado que hayan quedado inutilizadas por el desastre en viviendas de estratos subsidiables.
Para hacerlo, la empresa prestadora deberá verificar la afectación, realizar una visita técnica y elaborar un diagnóstico. Cuando sea posible, deberá incluir fotografías georreferenciadas de los daños y de las obras necesarias. Luego podrá ejecutar o coordinar la intervención con cargo a la fuente de financiación correspondiente.
Los recursos para estas obras podrán articularse con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la subcuenta “SISMO 2026”, el Plan de Acción Específico para la Recuperación, el Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y otras fuentes autorizadas.
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El decreto también busca evitar que las empresas de servicios públicos terminen asumiendo el costo de una política de atención a damnificados. Los subsidios y reparaciones financiados por el Estado deberán contar con mecanismos de reconocimiento y giro de los recursos.
Una vez la información reportada por las empresas sea validada, el Gobierno tendrá hasta 30 días calendario para transferir los recursos correspondientes, sujeto a las reglas presupuestales.
Las empresas, además, tendrán que informar en las facturas cuánto corresponde al subsidio ordinario y cuánto al excepcional, cuál fue la base subsidiada, qué conceptos quedaron por fuera y cuál es el valor final a cargo del usuario.
Para el caso del terremoto del 10 de agosto, el Ministerio de Vivienda deberá poner en marcha el mecanismo de manera prioritaria y podrá hacerlo progresivamente a medida que se consolide el Registro Único de Damnificados.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•07 de octubre de 2026 – 17:35Con tanto dinero que llegó del exterior para apoyar la tragedia algo tendrán que hacer estos trogloditas laureanistas. Se les tiene cero confianza. Todos los que vienen del gobierno Duque, que son la copia bandidezca de su gobierno, no son nada confiables, porque su jefe viene del narco y del facho