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El Concejo de Bogotá realizará el próximo 7 de noviembre un cabildo abierto para discutir la eventual aplicación de la asistencia militar como herramienta de apoyo a la seguridad de la ciudad. La iniciativa fue promovida por el representante José Jaime Uscátegui y el concejal Julián Uscátegui, después de que la Registraduría Nacional certificara 37.056 firmas válidas.
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Aísí la cosas, la sesión se realizará desde las 9:00 a.m. en el Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva Granada. Al encuentro están convocados ciudadanos, concejales y funcionarios distritales. El alcalde Carlos Fernando Galán deberá asistir y responder las preguntas relacionadas con asuntos de su competencia.
¿Qué significa una eventual asistencia militar?
La discusión parte de una figura distinta a la idea general de “militarización”. El artículo 170 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia establece la asistencia militar como un apoyo temporal y excepcional de las Fuerzas Militares a la Policía cuando la capacidad de las autoridades de Policía resulte insuficiente ante situaciones de grave alteración de la seguridad y la convivencia, riesgo o peligro inminente, calamidades o emergencias.
En el caso de Bogotá, el alcalde puede solicitar al presidente de la República la aplicación de esta medida. La decisión de autorizarla corresponde al jefe de Estado. Por eso, el cabildo no implica que el Ejército vaya a ser desplegado en las calles de la ciudad, ni que el Concejo pueda ordenar por sí mismo su presencia.
El encuentro tampoco constituye una votación para decidir si Bogotá será militarizada. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana para escuchar argumentos, cuestionar a las autoridades y obtener respuestas institucionales. Incluso si durante la sesión existe respaldo mayoritario a la propuesta, todavía serían necesarias una solicitud del alcalde y una decisión presidencial.
De aprobarse eventualmente una asistencia militar, además, tendrían que establecerse aspectos como la duración de la medida, las zonas de intervención, las funciones de las Fuerzas Militares y los mecanismos de coordinación con la Policía.
Las firmas que llevaron la propuesta al Concejo
La iniciativa comenzó en enero de 2026, cuando Uscátegui inscribió el comité promotor “Apoyo por Apoyo”. El umbral requerido era de 31.096 apoyos, equivalente al cinco por mil del censo electoral distrital.
En una primera etapa fueron contabilizadas 26.770 firmas válidas, 4.326 por debajo del mínimo. Posteriormente, el comité solicitó una ampliación y presentó 861 formularios adicionales que, según declaró, contenían 12.915 apoyos.
En total, la Registraduría examinó 52.965 registros: validó 37.056 y anuló 15.909. Con ese resultado, la iniciativa superó el número de apoyos requerido para llevar la discusión al Concejo.
Los promotores, los hermanos Julián y José Jaime Uscátegui, defienden la asistencia militar como una herramienta para enfrentar los problemas de seguridad de Bogotá. “Hay que militarizar Bogotá”, sostuvo Julián Uscátegui al anunciar el cabildo, mientras que José Jaime Uscátegui señaló que la asistencia militar es una herramienta legal que, a su juicio, debe discutirse “sin prejuicios”.
El debate ocurre en medio de las cifras de seguridad incluidas por los promotores: entre enero y agosto de 2026 reportan 73.563 hurtos a personas, 5.805 hurtos a comercios, 4.289 a residencias, 2.923 de motocicletas y 2.029 de vehículos, además de 740 homicidios. También señalan la presencia de 205 grupos delictivos organizados y grupos de delincuencia común organizados en la capital.
Por otro lado, tenga en cuenta que cualquier persona podrá asistir al cabildo. Quienes quieran intervenir deberán inscribirse ante la Secretaría General del Concejo con una anticipación máxima de tres días y entregar un resumen escrito de su exposición.
¿Qué dice el Distrito sobre la propuesta?
César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, en entrevista con este medio, cuestionó la propuesta de militarizar la ciudad porque, según sostiene, parte de un supuesto equivocado: que las Fuerzas Militares no participan actualmente en la estrategia de seguridad de la ciudad. El funcionario señala que el Ejército trabaja de manera coordinada con la Policía Metropolitana en patrullajes mixtos, controles en los bordes de la ciudad, retenes, apoyo al Gaula Militar, labores de inteligencia y otras acciones.
Para Restrepo, el problema está en presentar la militarización como una medida excepcional necesaria ante la situación actual de seguridad. Aunque reconoce que Bogotá enfrenta dificultades, particularmente por los hurtos, considera que la ciudad no atraviesa una situación de desestabilización que justifique una medida de ese alcance.
En su lugar, el secretario plantea fortalecer la investigación judicial, aumentar los recursos para el CTI y la SIJIN y modificar el marco jurídico frente al hurto que termina con muchos culpables capturados en libertad. También sostiene que la coordinación entre Policía y Ejército ya permite ampliar la capacidad de control en situaciones específicas, como elecciones, jornadas de riesgo, fechas críticas y patrullajes en corredores viales.
El funcionario también argumenta que la ciudad registra una tasa de homicidios cercana a 10 u 11 casos por cada 100.000 habitantes y una tendencia a la baja. Como parte de ese balance, señala una reducción del 8 % de los homicidios en Bogotá y del 23 % en Ciudad Bolívar.
Restrepo insiste en que Policía y Fuerzas Militares tienen funciones diferentes: mientras la primera tiene la responsabilidad principal sobre la seguridad urbana, las segundas cumplen un papel de apoyo.
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