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La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la remoción de Olga Lucía Vásquez Barrios, quien se desempeñaba como interventora de la EPS Capresoca, una promotora de salud que cuenta con cerca de 164.000 afiliados, la mayoría de estos del régimen subsidiado, y que está intervenida desde el 7 de octubre de 2024.
“La decisión fue adoptada luego de la verificación realizada ante la institución de educación superior correspondiente sobre la documentación académica presentada para asumir el cargo. La universidad certificó que Olga Lucía Vásquez Barrios no figura en sus registros académicos ni obtuvo el título profesional en enfermería presentado durante el proceso de posesión”, indicó la Supersalud, a través de un comunicado.
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Ante estos hechos, la Supersalud rechazó este tipo de actuación y trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones y establezca las responsabilidades a que haya lugar.
En particular, la entidad solicitó al ente acusador que se determine si los hechos investigados pueden configurar los delitos de falsedad documental y que “se adopten las medidas necesarias para evitar la continuidad de los efectos derivados del eventual uso de documentos académicos falsos ante entidades públicas del sector salud”.
¿Quién es el nuevo interventor?
La Supersalud informó que designó al médico Giovanni Antonio Guzmán Vargas como nuevo interventor de la EPS Capresoca. “El nuevo interventor es médico cirujano, con formación complementaria en desarrollo de habilidades gerenciales. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector salud, en cargos de dirección médica y gerencia de entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud”, precisó la entidad.
Gobierno renovó intervención
Precisamente, esta semana, el Gobierno Nacional extendió por un año más la intervención de esta EPS. La decisión fue confirmada a través de una resolución emitida este 6 de octubre en la que se “autoriza la prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Capresoca EPS, por el término de un año, contado a partir del 8 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2027, con el objetivo de buscar su estabilidad financiera y administrativa, así como una continua, oportuna y eficiente prestación del servicio de salud para sus afiliados”, como se lee en el documento.
El principal departamento de operación de esta EPS es Casanare. En 2024, cuando la Supersalud ordenó la medida de intervención, argumentó que había “una crítica situación de índole administrativa, financiera, de entrega de medicamentos, incremento en el número de tutelas y desacatos, así como un aumento importante en las quejas de sus usuarios”.
Cabe recordar que la ley fija un tope para las intervenciones de la Supersalud a las EPS, según el cual la toma de posesión solo puede durar un año y prorrogarse una vez. Sin embargo, “si transcurrido dicho plazo no se hubieren subsanado las dificultades que motivaron la medida, deberá disponerse la disolución y liquidación de la institución vigilada. No obstante, el Gobierno Nacional, mediante resolución ejecutiva, podrá autorizar una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad”, como recuerda la resolución.
En la nueva resolución se explica que, el pasado 14 de agosto, Olga Lucía Vásquez Barrios, entonces interventora de la EPS, emitió un concepto de viabilidad para la prórroga de la EPS. En este aseguró que “la conclusión de viabilidad condicionada descansa, en consecuencia, en la siguiente lógica técnica: la identificación de hallazgos de gestión y control permite reconocer factores corregibles; el fortalecimiento de la auditoría y el control del gasto previene pagos sin soporte suficiente; la depuración de provisiones y costos permite determinar la siniestralidad real; sobre esa base podrá evaluarse el eventual componente estructural asociado a la suficiencia de la UPC; y la ejecución medible de la estrategia de recuperación, junto con la protección de los recursos públicos de salud y la continuidad del aseguramiento de la población afiliada, sustentan la recomendación de continuidad de la intervención”.
Ante ese pronunciamiento, la firma contralora de la intervención, Baker Tilly Colombia, también emitió un concepto en el que aseguró, en un documento enviado el 3 de septiembre, que “persisten riesgos significativos que afectan la capacidad de la EPS para garantizar una gestión integral, efectiva y sostenible, así como el cumplimiento de los objetivos asociados a las órdenes impartidas por el ente de control”.
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Con estas bases, el Comité de Medidas Especiales de la Supersalud votó por unanimidad la prórroga de la intervención forzosa administrativa para administrar la Caja de Previsión Social del Casanare. Con esta decisión del Gobierno Nacional, la EPS completaría tres años bajo intervención, aunque la Supersalud cuenta con las facultades para levantar la medida antes de que venza ese plazo.
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