
Internet se ha convertido en un pilar de la sociedad, fundamental para el trabajo, la educación, el transporte, la salud y el entretenimiento. Su importancia es tal que en Colombia fue declarado servicio público esencial. Por eso, cualquier variación en sus precios tiene un impacto directo en el bolsillo de todos.
Este año, los precios subieron. Según los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2026 consolida la variación anual más alta que se ha registrado en los últimos cinco años en el rubro de información y comunicación.
Con corte a septiembre, la variación anual llegó al 4,45 %, un resultado atípico frente al comportamiento de años anteriores. En la misma fecha de 2025, el indicador era del 0,55 % y en 2023, del 0,43 %. Incluso, en 2024 y 2022 se llegaron a registrar variaciones negativas del -0,76 % y el -6,65 %, respectivamente.
Hay que tener en cuenta que esta división del gasto agrupa servicios como internet residencial, telefonía fija, datos móviles y voz móvil, así como los denominados “empaquetados”, que combinan dos o más de estos servicios.
Aunque el alza de los precios sigue por debajo de la inflación, que en septiembre registró una variación anual del 6,29 %, lo que ha ocurrido este año enciende una luz roja en el tablero, un testigo de que algo podría estar ocurriendo en el mercado.
¿Qué hay detrás del alza?
Esta pregunta ha dado vueltas a lo largo del año. En marzo, el propio Gobierno pidió explicaciones a los operadores, luego de que los precios del sector registraran una variación mensual del 2,96 %. Se trata de un comportamiento extraño para un rubro que suele ubicarse entre los de menor variación en el gasto de los colombianos pues, en un mes promedio, apenas crece por encima del 0 %. Sin embargo, en marzo encabezó la lista de los aumentos.
Samuel Hoyos, entonces presidente de Asomóvil, explicó a El Espectador que el alza respondía a varios años de deflación que llevaron a un ajuste del mercado. También advirtió sobre la presión financiera que enfrentan los operadores por el alto costo del espectro y de la energía eléctrica, que puede representar cerca del 25 % de los costos operativos de la red, en un contexto en el que los usuarios consumen más servicios.
Muestras de ello, como lo sostienen otras voces del sector, es que la demanda de datos ha crecido a un ritmo promedio del 13 %, sin que las tarifas aumenten en la misma proporción. Una vez más, las alzas registradas responderían a correcciones del mercado, mientras los operadores siguen buscando eficiencias para mantener precios atractivos para sus clientes.
No obstante, algunas fuentes consultadas por este medio señalan que el aumento de los precios podría estar relacionado con la alta concentración del mercado de internet móvil, en el que Claro, Tigo y Movistar superan el 90 % de la participación. Con la integración de estos dos últimos operadores, que está próxima a finalizar, dos empresas concentrarían nueve de cada diez líneas en Colombia, un escenario poco habitual en el mundo.
Este dato es relevante, pues la lógica en cualquier mercado indica que entre mayor es la competencia mayores son los estímulos para que las empresas compitan con precio y calidad. El caso contrario es el que se estaría configurando en Colombia.
Ese temor no es nuevo. De hecho, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya lo había previsto antes de autorizar la integración de Tigo y Movistar. De ahí que impusiera una serie de condicionamientos a la fusión, que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha venido perfeccionando.
Llama la atención que el mayor repunte de los precios en este sector se haya registrado en marzo, es decir, un mes después de que Millicom (Tigo) se hiciera a las acciones y el control de Telefónica (Movistar).
En entrevista con El Espectador, el director de la CRC, Felipe Díaz, señaló que, si bien el comportamiento de los precios en marzo generó preocupación, resulta tranquilizador que en los meses siguientes, con excepción de agosto, el sector no volviera a registrar incrementos atípicos.
“Cuando hay una cartelización, se evidencian aumentos progresivos y escalonados. Entre abril y julio no se registraron incrementos en este rubro. Por eso, pensamos que el alza responde a ajustes normales asociados a la alta inflación. Sin embargo, hay que tomar medidas urgentes”, señala, al explicar las actualizaciones regulatorias que la CRC ha venido adoptando en los últimos meses para favorecer la competencia.
Para el regulador, el problema de fondo no es que suban los precios, sino que los incrementos respondan a un comportamiento coordinado. Es decir, que Claro y el operador resultante de la integración, abusando de sus altas concentraciones, acuerden aumentos tarifarios, una práctica contraria a la libre competencia. De allí que la lupa de la CRC está puesta sobre los operadores.
Con el ánimo de hacer un seguimiento minucioso, el regulador le ha solicitado a los operadores que mes a mes le entreguen un reporte con las tarifas que estos le están cobrando a sus usuarios. Díaz dice que el detalle es tan alto que incluso, si se quisiera, se podría revisar factura por factura.
Aunque advierte que todavía es muy pronto para concluir que el alza de los precios esté relacionada con la fusión (pues la integración operativa aún no se ha concretado y ambas marcas siguen siendo independientes de cara al usuario), sí expresa una gran preocupación por otro negocio que está sobre la mesa, del que este medio también ha informado en detalle: la posible integración de Claro y Azteca.
“Nos preocupa mucho que la integración del insumo esencial —es decir, la red troncal de Azteca que pretenden adquirir— pueda constituirse en un elemento que fortalezca la coordinación entre Tigo y Claro, lo cual resultaría nocivo para los consumidores. Por eso nos hemos pronunciado y estaremos atentos y a disposición de la SIC en las decisiones que tome sobre esto”, puntualiza.
En suma, aunque el alza de los precios ha sido considerable, todavía podría considerarse “razonable”. Sin embargo, competidores y reguladores siguen alerta ante los posibles efectos de la alta concentración del mercado. Algunos señalan que, bajo la promesa de la “patria milagro”, el Gobierno debería impulsar una política pública que fomente la competencia y atraiga la inversión internacional, en lugar de perpetuar un mercado ya deteriorado que ahuyente a quienes hoy están inyectando su capital.
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Pipo Solarte(exbqo)•14 de octubre de 2026 – 08:16La cartelización entre operadores privados que se reparten los mercados y acuerdan precios para multiplicar ganancias ha sido una práctica común en la oligopólica economía colombiana. Ya conocíamos los carteles del papel higiénico y los pañales del azúcar, de las tarifas eléctricas, etc. Ahora les quedó más fácil con las fusiones hechas. Ya sabemos la "efectividad" de los controles del gobierno y sus funcionarios aceitados y endulzados bajo cuerda.