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La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia señaló que la seguridad de las mujeres sigue siendo un “desafío clave en las regiones afectadas por el conflicto”. El documento publicado este jueves puntualizó en las lideresas de Bolívar, Cauca, Meta y Putumayo. Además, advirtió sobre “incertidumbre” alrededor del andamiaje institucional que está encargado de esta parte del Acuerdo de Paz.
La preocupación por este eje fue señalada en el informe trimestral de seguimiento, que toma desde finales de junio a finales de septiembre de 2026; y es el primero que se publica en el mandato de Abelardo de la Espriella. Uno de los cinco puntos gruesos del documento es la relación entre mujeres, paz y seguridad, incluyendo lideresas sociales y excombatientes.
La Misión, por ejemplo, señaló el caso de la lideresa indígena María Ovidia Pelechor, del departamento del Cauca. Pelechor y su esposo, el también líder social James Edimer Flor, fueron asesinados en su hogar, en el corregimiento La Pedregosa, en Cajibío (Cauca), el pasado mes de septiembre.
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Aunque el texto destaca la aprobación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, al tiempo señala que se requiere un esfuerzo “sostenido” que cuente con “recursos adecuados” para que esta política pública cumpla su objetivo.
En sus 44 puntos, la ONU puntualizó preocupaciones por la intención del gobierno de De la Espriella de “revisar ciertos elementos” del Acuerdo de Paz y también advierte sobre la “incertidumbre” alrededor de la capacidad y desarrollo institucional que deja el cierre del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Esa cartera fue constituida durante el gobierno de Gustavo Petro bajo el argumento de cerrar “brechas sociales”, pero fue tumbada por la Corte Constitucional por vicios de trámite. Hoy se encuentra en proceso de liquidación.
Según la Misión de Verificación, este ministerio, en el que hoy está al frente Jhon Milton Rodríguez, era el principal responsable de “la implementación de las disposiciones sobre género del Acuerdo Final de Paz”. También indican que esta dependencia también tenía a su cargo el plan nacional de acción del Consejo de Seguridad sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
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Alrededor de las disposiciones de género, la ONU advierte que estas no son únicamente sobre “la protección y el empoderamiento económico”. Señalan a la reforma rural como un ejemplo del desarrollo local, enfocado en las disposiciones de género, a través de la inversión para el acceso a tierras para las mujeres.
Por otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es mencionada en el documento por “la situación de la financiación y la incertidumbre institucional”. Para la Misión de Verificación, con el gobierno de la Espriella “se reducen de forma considerable los fondos de algunas de las entidades que participan en la implementación del Acuerdo Final de Paz”.
Esta determinación llega en medio del debate por el presupuesto general del 2027 en el que ese tribunal tendrá un recorte de COP 170.000 millones para su funcionamiento el próximo periodo. Asimismo, en el Congreso ya se tramitan varias iniciativas que tocan de forma directa a este tribunal que surgió, precisamente, de la firma del Acuerdo en La Habana. Según detalló el Gobierno, en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país, “todas las entidades deben cooperar”, justificando, además, que los recursos serían trasladados a otras dependencias.
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Además del enfoque de género, el primer documento de la Misión bajo el gobierno de la Espriella se enfoca en el contexto político, la reforma rural integral (RRI), la reincorporación y las garantías de seguridad.
Lea acá el informe completo:
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