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Fiscalía imputa al alcalde de Ataco por obras inconclusas de COP 21.550 millones

Por decisión de un juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia. La Fiscalía General de la Nación apeló esta decisión.

Las capturas fueron efectuadas por integrantes de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos realizados en Ataco y Florencia (Caquetá).
Las capturas fueron efectuadas por integrantes de la Dijín de la Policía Nacional en procedimientos realizados en Ataco y Florencia (Caquetá).
Foto: Archivo particular

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Fueron imputados el alcalde de Ataco (Tolima), Héctor Fabio Muñoz Briñez; el exalcalde del municipio Miller Aldana Castro; y el contratista Rodolfo Fajardo Gutiérrez, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Según la Fiscalía General de la Nación, las obras de saneamiento básico, contratadas por más de COP 21.550 millones, continúan inconclusas.

Puntualmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Muñoz Briñez el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado; a Aldana Castro, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación; y a Fajardo Gutiérrez, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

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Por decisión de un juez de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en sus lugares de residencia. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión. La imputación está relacionada con dos contratos de obra y sus respectivas interventorías, suscritos entre junio y agosto de 2022.

Dichos contratos tenían como objetivo construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas. Los recursos fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del SGR, debido a que Ataco está incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Cuatro años después, el proyecto permanece inconcluso.

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Además, de acuerdo con la investigación, Aldana Castro habría modificado las condiciones y los plazos del proceso de selección para favorecer a Fajardo Gutiérrez, "cuya empresa presuntamente no cumplía los requisitos exigidos", se lee en el documento.

El contratista también es señalado de intervenir en la asignación de las interventorías. Además, se habrían autorizado pagos por actividades no ejecutadas, lo que, según la Fiscalía, habría ocasionado un posible detrimento patrimonial de COP 499 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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