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“Fortalecer la representación equilibrada de mujeres y hombres en los más altos órganos judiciales del país”: este es el objetivo del proyecto de ley estatutaria, radicado por la Defensoría del Pueblo, que buscaría modificar la representación de cortes como la Constitucional, Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
La forma en la que se lograría esto es a través de una regla general en los procesos de nominación y elección de magistrados y magistradas. La institución destaca que esta normativa, que tendrá que pasar por cuatro debates en el Congreso, es una acción que “contribuye a desmontar las barreras históricas que han limitado el acceso de distintos grupos a posiciones de liderazgo”.
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El mecanismo para asegurar la paridad sería el siguiente: cuando una alta corte tenga menos del 50 % de mujeres, las listas y ternas para elegir deberán estar conformadas exclusivamente por mujeres. Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, advirtió que las mujeres solo representan el 34,52 % de la magistratura de las altas cortes. En ese sentido, puntualizó las “injusticias de representación” alrededor de “mujeres indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans o de mujeres sin recursos económicos”.
La distribución de las mujeres en la rama judicial, según datos del Consejo Superior de la Judicatura con corte a diciembre de 2025, es la siguiente: el 56,68 % de los empleados judiciales del país, el 49,62 % de los jueces municipales, el 47,55 % de los jueces del circuito, el 39,20 % de los magistrados de tribunal. Con respecto a los magistrados de las altas cortes, la Defensoría señala que las mujeres representan solo el 28,05 %.
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Miryam Stella Gutiérrez, presidenta de la Comisión Nacional de Género, afirmó que “las acciones positivas son las únicas que permiten lograr esta igualdad de condiciones”. Además, la institución advierte que este proyecto no busca afectar al mérito, pues considera que “la paridad y el mérito no son principios en tensión, sino criterios complementarios que deben integrarse y armonizarse en el diseño de los procesos de selección judicial”.
El proyecto de ley estatutaria deberá pasar por cuatro debates en el Congreso de la República. Como fue radicado en la Cámara de Representantes, pasará primero en esta corporación, para luego hacer la trayectoria espejo en el Senado. En su calidad de estatutaria, deberá ser aprobado antes del final de esta legislatura, en junio de 2027. Además, su misma naturaleza requiere mayoría absoluta en cada debates y revisión de la Corte Constitucional. Apenas inicia su camino en el legislativo.
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