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Al empezar agosto se incumplió la primera promesa alrededor del Multicampus Universitario de Suba: la de tener todo listo para recibir el primer grupo de 300 estudiantes, en la que sería la nueva universidad pública del occidente de Bogotá. A pesar de que meses antes se dio un acuerdo entre el gobierno distrital y el nacional que parecía despejar el panorama, la realidad actual es otra y se ve intrincada.
El Multicampus de Suba es una iniciativa conjunta de Nación y Distrito para acercar la educación superior pública a la localidad mediante un campus compartido por varias instituciones. Allí está previsto que confluyan la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, con programas técnicos, tecnológicos y profesionales. La apuesta comenzó con una infraestructura modular temporal mientras avanza la estructuración de la sede definitiva.
No obstante, hoy el sueño se divisa lejano. Para empezar, no llegaron a tiempo las aulas provisionales (tipo contenedor) que debían estar habilitadas para dar clases, mientras se construye la infraestructura defintiva. Luego, el contrato para su instalación se suspendieron un mes. ¿El resultado? Quienes habían conseguido un cupo para estudiar en el Multicampus tuvieron que comenzar semestre en otras sedes universitarias.
Detrás de este embrollo, como en muchas obras públicas, hay asomos de disputas políticas. El gobierno de Abelardo De La Espriella, con tres meses en el poder, responsabiliza a la administración de Gustavo Petro por haber entregado una obra incompleta y sin contratar la infraestructura permanente. Sin embargo, desde sectores cercanos al gobierno Petro dicen que, a pesar de que el exmandatario dejó los recursos asegurados, la nueva administración frenó todo por un aparente revanchismo.
Allende lo anterior y la actual incertidumbre alrededor del proyecto, los hechos y los documentos evidencia un evidente reparto de responsabilidades, que confirman ambas versiones: para el caso del gobierno de Gustavo Petro, que aunque logró asegurar el lote original para el nuevo centro educativo y reservar recursos por COP 215.741 millones para las obras, no entregó a tiempo la solución modular provisional, ni hizo efectivas las medidas que planteó la interventoría frente al contratista. Por su parte, el gobierno de De la Espriella efectivamente frenó formalmente el contrato de las aulas modulares hastsa el 24 de octubre.
El atraso venía de atrás
Según el ajuste del cronograma del proyecto, que se hizo en mayo pasado, en el lote 1 debieron quedar el 27 de julio las aulas provisionales, para comenzar clases el 3 de agosto. Para entonces y en el papel, el avance de ejecución debía estar en 88,53 %. Sin embargo, no fue así. El 16 de julio, el Consorcio Centro Vida 3GIC pidió más tiempo y presentó un plan de contingencia, en el que reconoció retrasos y solicitó una prórroga hasta el 29 de agosto para entregar los trabajos.
Atenea, enlace del Distrito en el proyecto, asegura que la interventoría recomendó aplicar medidas de apremio al contratista, pero la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), encargada del contrato, no las ejecutó. De esta manera, y con el cambio de gobierno el pasado 7 de agosto, el expresidente Petro dejó el cargo sin cumplir a la fecha del inicio de clases en Suba, y la infraeastructura defintiva sin contratar.
Tras una mesa técnica del 22 de septiembre, la ANIM informó, para ese fecha, que el avance de las obras era de apenas del 50 % en el lote 1 y 25 % en el lote 2, datos similares a los que informó el Ministerio de Educación: atrasos del 52 % y del 73 %, respectivamente. Independientemente de la forma en la que se presentaron los indicadores, la realidad era una: las estructuras quedaron incompletas.
La suspensión
La secuencia de todo el embrollo cambió el 24 de septiembre. Ese día, la Subdirección de Estructuración de la ANIM pidió iniciar los trámites para suspender el contrato. Este acto, alojado en una acta que el equipo de la concejal Donka Atanassova compartió con El Espectador, estableció que el contrato se suspendería desde el 25 de septiembre hasta el 24 de octubre, con posibilidad de reanudarlo antes si desaparecían las causas de la medida. La decisión buscaba, según el documento, conservar el resto del plazo pendiente para su ejecución efectiva.
El acta se firmó el 28 de septiembre y se dejó constancia de que sus efectos habían comenzado tres días antes. La decisión, a diferencia del atraso previo, fue adoptada bajo el nuevo gobierno. No obstante, para el movimiento estudiantil y las personas que han velado durante 15 años por este proyecto, la suspensión no presenta la mejor perspectiva.
La concejal Atanassova, quien lidera la mesa del cabildo encargada de la veeduría del proyecto, sostiene que representantes del Mineducacion y la ANIM contemplaron desde antes la suspensión. Y, paradójicamente, lo único que se logra con la medida es postergar mucho más el sueño de la universidad. “Parece que hay una intención del actual gobierno por truncar todos los proyectos del anterior”, declara la concejal, quien lideró el pasado 10 de octubre un plantón para exigir claridad sobre la obra.
Lo último que se sabe es que ese mismo día, luego de una visita al predio, el Ministerio de Educación aseguró que ya había concretado “arreglos logísticos” para reiniciar los trabajos. Pese al anuncio, se desconoce de momento si esto se hará el 24 de octubre, cuando termina oficialmente la suspensión, si existe un acto que ordene el reinicio, o cuándo se harán públicas las condiciones bajo las que se reactivará el contrato. El Espectador consultó al Ministerio sobre este aspecto, pero no obtuvo respuesta.
Dos plazos empiezan a apretar
Aunque reanudar la obra de las aulas provisionales permitiría el acceso de estudiantes, no garantiza el futuro del Multicampus, ya que los detalles de la sede permanente siguen en estructuración. Si bien en la presidencia de Gustavo Petro se aprobó el CONPES 4181 y un cupo CONFIS que, según Atenea, contempla una inversión de COP 215.741 millones para el proyecto en Suba (asegurados con vigencias futuras), no se comprometieron a través de un contrato de construcción antes del cambio de administración. A la fecha, la estructuración técnica, a cargo de la Financiera de Desarrollo Nacional, registra un avance del 45 %. Sin esto, no es posible abrir una licitación para adjudicar la obra definitiva.
Detrás del aplazamiento y la demora en la estructuración hay un riesgo mayor: Atenea advierte que la reserva presupuestal para el Multicampus se debe materializar mediante un contrato antes del 31 de diciembre. De lo contrario, existe el riesgo de que caduque la autorización de recursos, en aplicación del artículo 33 de la Ley 2559 de 2025. Frente a esto, el Gobierno actual anunció que pretende abrir los procesos de obra e interventoría antes de terminar el año.
Y a esto se suma otra alerta: El comodato de los terrenos fijó como plazo el 20 y el 25 de enero de 2027 para alcanzar al menos 70 % de avance en la solución modular y haber suscrito el contrato de la infraestructura definitiva. Si esos hitos no se cumplen, el IDU podría solicitar la devolución de los predios.
Ahí confluyen las decisiones de ambos gobiernos. Petro dejó una obra provisional atrasada y De la Espriella suspendió el contrato, apretando el corto itinerario. Por lo tanto, el calendario es menos flexible que la discusión política. En las próximas semanas, el Multicampus tendrá que demostrar si puede pasar de recursos aprobados, actas y módulos a medio terminar a una infraestructura capaz de recibir estudiantes, materializar la lucha de casi dos décadas por la educación pública, y asegurar la construcción de su sede permanente.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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