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Diez organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional emitieron un comunicado en el que rechazaron la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de revocar una resolución de agosto de este año que declaró el bioma amazónico como una reserva de los recursos renovables y del ambiente con carácter definitivo.
En la práctica, la medida implicaba que ya no se podrían otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirían nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades, en un área de 483.283 km², lo que representa el 42 % del territorio nacional.
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Como contamos en esta nota, la cartera ambiental, liderada por Fabio Arjona, señaló que la resolución expedida en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, incurrió en la causal de revocatoria directa por cuanto fue expedida con carácter definitivo sin haberse agotado la consulta previa a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la cual “había sido determinada por la autoridad competente y cuyo trámite permanecía inconcluso a la fecha de expedición”.
En el comunicado, que firman, entre otras, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Greenpeace, Amazon Watch, el Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) y Earth Insight, las organizaciones aseguran que la decisión del Ministerio de Ambiente “representa un preocupante retroceso en la protección de uno de los ecosistemas más importantes del planeta y contradice el liderazgo internacional que Colombia ha construido en materia de biodiversidad y acción climática”.
La decena de organizaciones asegura que la “evidencia científica es contundente” y cita un informe de Earth Insight, una organización que desarrolla herramientas de transparencia, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) y la OPIAC, en el que se revela que 14 millones de hectáreas, equivalentes al 28 % de la Amazonía colombiana, se superponen a bloques petroleros y gasíferos.
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De hecho, como contamos en este artículo, hace unos días Earth Insight, junto a otras organizaciones internacionales, presentó en la COP17 de Biodiversidad que se desarrolla en Armenia un informe que revela que más de 100 millones de hectáreas de áreas protegidas y conservadas en cuatro regiones claves para la biodiversidad (incluyendo la Amazonia) se superponen con extracción de petróleo, gas y concesiones mineras. Para las organizaciones que elaboraron el documento, la medida tomada en agosto de este año era “ejemplar”.
Ahora, las 10 organizaciones que firman el reciente comunicado señalan que “no se puede proteger la Amazonía mientras se mantenga abierta la puerta a su destrucción industrial. La conservación efectiva exige excluir nuevas actividades extractivas incompatibles con la integridad ecológica, respetar los derechos territoriales y garantizar alternativas económicas sostenibles”.
En ese sentido, le pidieron al Ministerio de Ambiente que complete el proceso de consulta previa con las comunidades afrocolombianas que había iniciado el gobierno anterior, en lugar de revocar la resolución.
“Construir sobre lo construido es responsabilidad del gobierno entrante de cara a los temas que deben ser política de Estado, como la protección de uno de los biomas más importantes, tanto por sus virtudes ecológicas y culturales, como por su interdependencia entre los sistemas ecológicos amazónicos y andinos, fundamental para la regulación y abastecimiento hídrico, y la estabilidad económica y social del país”, agregaron las organizaciones.
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Para las firmantes, la protección de la Amazonia exige fortalecer los principios de prevención y precaución ambiental, especialmente frente a actividades que puedan causar daños irreversibles.
“En este contexto, prevenir posibles daños a su integridad implica identificar de antemano los riesgos de destrucción grave, extensa o duradera de los ecosistemas, evitar autorizar actividades incompatibles con su integridad ecológica y garantizar que las decisiones del Estado prioricen la protección de la naturaleza y los derechos de los pueblos y comunidades que habitan estos territorios”, concluyen las organizaciones.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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