Minambiente revoca resolución de Gobierno Petro: Amazonía ya no es reserva de recursos

A través de la Resolución 1045 del 23 de octubre y dada a conocer este lunes 26 de octubre, la cartera, dirigida por Fabio Arjona, revocó la resolución 961. De acuerdo con la reciente resolución, el primer acto administrativo incurrió en la causal de revocatoria directa por cuanto fue expedida con carácter definitivo sin haberse agotado la consulta previa a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, la cual “había sido determinada por la autoridad competente y cuyo trámite permanecía inconcluso a la fecha de expedición”.

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Como contamos en esta nota, días después de la declaratoria, el ministerio aseguró que la consulta previa con las comunidades indígenas se realizó durante varias sesiones que incluyeron a las autoridades territoriales de los diez departamentos que se ubican total o parcialmente en la Amazonia.

Frente a la consulta previa con las comunidades negras, el mismo ministerio reconoció en ese momento que, aunque se adelantaron acciones para el desarrollo de este mecanismo con los Consejos Comunitarios, el proceso permanecía inconcluso al momento de expedir la resolución. Por esta razón, se adoptó una medida transitoria y sin efectos sobre sus territorios colectivos hasta que se desarrollara y culminara el proceso de consulta previa.

De acuerdo con la reciente resolución, la etapa de preconsulta con estas comunidades se celebró entre el 1 y el 2 de julio en el municipio de Villa Garzón, Putumayo. En esas reuniones no se logró concertar la ruta metodológica y las etapas de preconsulta y apertura no se surtieron, por lo que al 4 de agosto de 2026 el proceso consultivo con dichas comunidades no había culminado.

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“Dicha consulta, conforme al artículo 46 de la Ley 1437 de 2011, constituye un presupuesto legal de validez de la decisión administrativa cuando resulta constitucional y legalmente exigible, que no se cumplió al 04 de agosto, fecha de expedición de la resolución bajo examen. Y cuyo incumplimiento conlleva además la vulneración de los derechos de participación de esta comunidad, así como su derecho a la igualdad de trato y al debido proceso en la expedición del acto administrativo”, explicó el Minambiente en la reciente decisión.

Como explicamos cuando la resolución fue expedida, la medida implicaba que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrían otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarían nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirían nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.

“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, decía la resolución publicada en agosto.

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Desde que se conoció la intención del gobierno de Gustavo Petro, varias voces del sector ambiental advirtieron las debilidades jurídicas de la medida. Un abogado en asuntos indígenas y ambientales que conoció de cerca el proceso y prefirió no ser citado, aseguró que “el riesgo es que las empresas del sector minero energético la demanden y las cortes, en algún momento, decidan a su favor diciendo, por ejemplo, que el ministerio no tenía competencia para hacer esa declaratoria”.

La llegada de Abelardo de la Espriella también generó incertidumbre alrededor de la medida. Al ser una resolución, advirtieron expertos consultados por este diario, era fácil modificarla o derogarla. De hecho, como contamos en este artículo, un reciente informe elaborado por distintas organizaciones internacionales y que destacó la medida adoptada por el gobierno Petro, advertía que “con un nuevo gobierno favorable a la extracción en el poder, la durabilidad de esta resolución está en duda”.

“La minería ilegal, la deforestación, el acaparamiento de tierras y las economías criminales, que encontraron espacio para expandirse durante el gobierno anterior, no se combaten únicamente con resoluciones. Se requiere una verdadera presencia institucional, control territorial, recursos, seguridad y alternativas productivas sostenibles para las comunidades”, señaló Arjona tras firmar la revocatoria.

Hasta el momento, ni Irene Vélez, ministra de Ambiente que firmó la declaratoria de agosto, ni el expresidente Gustavo Petro se han pronunciado sobre la reciente revocatoria.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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