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Este viernes inició la discusión en el Senado sobre la ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. El último debate de este texto se desarrolla en la plenaria de esta corporación, que recibió el documento con mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo y sigue en una carrera contrarreloj. El trámite legislativo tiene como límite el 4 de noviembre, pues en esta fecha se vence la vigencia de la Ley de Orden Público que pretende modificar este texto.
La plenaria votó contra la proposición de archivo del documento que presentó la bancada de oposición del Pacto Histórico, para posteriormente iniciar la votación sobre el articulado. En esta línea, siguió con el debate y aprobó la ponencia positiva bajo la coordinación de los ponentes Hernán Cadavid (Centro Democrático) y Fabio Raúl Amín (Partido Liberal).
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La plenaria apenas avanzó en la votación positiva de un primer bloque de artículos que no tenía modificaciones presentadas por los congresistas. Los artículos 14,22,23,24 pasaron favorablemente. Esta parte del articulado hace referencia a la creación del tratamiento penal diferenciado para los beneficios a quienes se sometan; protección a víctimas de violencia sexual; la aclaración que los beneficios no eliminan las inhabilidades para ser elegido y contratar con el Estado y la reglamentación de los procesos de judicialización.
La discusión se retomará el próximo martes en el Senado, mientras que la Cámara de Representantes fue citada para este lunes festivo. La premura con la que se está moviendo el Congreso, anunciada por el propio presidente del Senado Honorio Henríquez, se debe a la fecha límite para el trámite el próximo 4 de noviembre.
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El texto también ha recibido comentarios por parte de la Defensoría del Pueblo, que respaldó el enfoque general del proyecto del gobierno De la Espriella, aunque planteó varias observaciones sobre su articulado. “Creemos que por la gravedad de los hechos y estas criminalidades es importante mantener un mínimo objetivo y que sea razonable”, advirtió la defensora del Pueblo Iris Marín.
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