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La división por la palabras del embajador ante la ONU, Mauricio Gaona, acerca del Acuerdo de Paz de 2016 siguen generando una amplia conversación y de forma reciente obtuvo respaldo pleno del oficialismo. Aunque los sectores opositores cuestionaron lo dicho por el abogado en el Consejo de Seguridad del pasado 30 de octubre, quien celebró la eliminación del mandato sobre la reforma rural integral de la Misión de Verificación, ahora el bloque ligado al gobierno de Abelardo de la Espriella blindó al emisario colombiano.
Con respaldo pleno de la sala el Consejo de Seguridad amplió las labores de la Misión hasta octubre de 2027. No obstante, por solicitud del gobierno colombiano y que expuso el canciller, Omar Bula, el Consejo de Seguridad determinó eliminar un seguimiento a la reforma rural integral que comprende el punto 1 del Acuerdo firmado en La Habana (Cuba). Aunque las posturas fueron mixtas, pues países como China y Rusia reprocharon esa medida, la decisión fue unánime. De hecho, la delegación de Estados Unidos celebró en esa misma sesión la determinación con la que la administración De la Espriella asume los retos en ese apartado.
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Y fue bajo ese contexto que el embajador Gaona aseguró que "no somos un país que goce de los beneficios de un proceso de paz (…) el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo". En efecto, el embajador dijo ante el Consejo de Seguridad que, contrario a la premisa de lo suscrito con las Farc, "el proceso de paz no ha sido final, estable ni duradero". "No estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad", dijo Gaona, quien suscribió la apuesta del presidente De la Espriella en la imposibilidad de tener paz sin seguridad.
Esas palabras fueron seriamente cuestionadas dentro de sectores opositores, partiendo desde congresistas hasta exministros de la administración de Gustavo Petro. No obstante, paralelamente esas premisas también fueron respaldas por los sectores que acompañan la administración De la Espriella. Así lo dejaron ver, entre otros, los senadores Enrique Gómez (Salvación Nacional), María Clara Posada (Centro Democrático).
De un lado, Posada aseguró que "la verdad, que tanto escasea en la JEP, da la cara al mundo en el Consejo de Seguridad de la ONU". La senadora ha sido una fuerte crítica de los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz. En efecto, la senadora uribista ha sido una de las figuras que ha dado respaldo a ajustar los procedimientos que ese tribunal adelanta y que, de hecho, ya perdió la coordinación con la Misión de Verificación luego de la renovación de su mandato para 2026.
Gómez en tanto respaldó a Gaona y la postura elevada ante la ONU. Paralelamente dio eco a su propuesta con la que ajustando la Constitución, pretende recortar el funcionamiento de ese tribunal que inicialmente estaba proyectado para 2033, pero que en el tercio final de la implementación del Acuerdo de Paz se pide, culmine en el año 2028. A esas voces se han sumado sectores más radicales que han advertido, el proceso de paz no ha tenido un pleno funcionamiento en materia de penas, a pesar de que el propio Consejo de Seguridad reconoció que más de 11.000 firmantes se mantienen en la vida civil.
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Este ajuste a la Misión de Verificación se presenta en el marco del décimo aniversario de su firma durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde su entrada en el año 2015, la Misión de Verificación se encargó de monitorear el avance de la implementación de ese Acuerdo e incluso tuvo responsabilidades sobre puntos sobre el Capítulo étnico, las sentencias propias de la JEP, la ahora eliminara reforma rural integral. Estos puntos le fueron removidos de su mandato y ahora solo se centrará en los procesos de desmovilización y acogimiento a la vida civil.
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