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Colombia enfrenta una encrucijada que trasciende la discusión sobre impuestos, recortes presupuestales y reorganización del Estado. La denominada Ley de Rescate Económico plantea decisiones que pueden comprometer no solamente las finanzas públicas de los próximos años, sino también las capacidades que necesita el país para construir una economía más productiva, diversificada y socialmente equitativa. Entre las posibilidades de reorganización institucional figura la eventual integración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el Ministerio de Educación Nacional. Aunque el proyecto no dispone expresamente esta fusión, las facultades extraordinarias propuestas permitirían realizarla. Se trata de una posibilidad que merece un examen profundo, porque el conocimiento científico no constituye un lujo administrativo, sino una herramienta esencial para el desarrollo nacional.
Desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) reconocemos la necesidad de recuperar la sostenibilidad fiscal, racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, consideramos indispensable distinguir entre reducir costos administrativos y debilitar capacidades estratégicas. Una reforma puede producir ahorros inmediatos y, simultáneamente, generar consecuencias desfavorables para la productividad, la innovación y la autonomía tecnológica. La verdadera eficiencia no consiste simplemente en tener menos instituciones, sino en disponer de un Estado capaz de ofrecer mejores resultados a la sociedad con los recursos disponibles.
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La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fue resultado de décadas de esfuerzos de la comunidad científica colombiana por consolidar una institucionalidad capaz de trascender las prioridades de cada gobierno. Su misión no se limita a las universidades ni a la formación de investigadores. La ciencia atraviesa prácticamente todos los sectores de la economía: transforma la agricultura, fortalece la salud pública, permite aprovechar responsablemente la biodiversidad, mejora la infraestructura, impulsa nuevas industrias y contribuye a prevenir pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales. Subordinar su orientación estratégica a las prioridades de otro sector podría reducir su capacidad de articulación transversal, precisamente cuando más se requiere integrar conocimiento y decisiones públicas.
Colombia dispone de recursos naturales extraordinarios, pero buena parte de su economía continúa dependiendo de actividades de limitado valor agregado. Transformar esta realidad exige desarrollar conocimientos, tecnologías y capacidades productivas propias. No basta con disponer de minerales, energía, biodiversidad o tierras agrícolas si otros países concentran las tecnologías, las patentes y los procesos industriales que permiten capturar la mayor parte de su valor económico. La ciencia ofrece una posibilidad para modificar esa relación, fortalecer empresas nacionales, generar oportunidades regionales y ampliar la participación de la sociedad en los beneficios del crecimiento.
Esta transformación también requiere reconocer el valor de la investigación básica. Numerosos desarrollos tecnológicos que hoy sostienen industrias enteras surgieron de preguntas científicas cuyos beneficios económicos no eran evidentes cuando comenzaron a investigarse. Exigir resultados financieros inmediatos a toda inversión científica desconoce la naturaleza acumulativa del conocimiento. Colombia, cuya inversión en investigación y desarrollo permanece considerablemente por debajo de los referentes internacionales, necesita fortalecer sus capacidades para investigar, innovar y transferir conocimientos a la sociedad, no solamente administrar las limitaciones existentes.
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La ciencia también contribuye a reducir vulnerabilidades que representan enormes costos económicos y humanos. La vigilancia epidemiológica, la investigación agropecuaria, el monitoreo sísmico y volcánico, los sistemas de alerta temprana y la adaptación al cambio climático constituyen ejemplos de conocimientos que pueden prevenir pérdidas, proteger vidas y sostener actividades productivas. Sus beneficios no siempre aparecen inmediatamente en los presupuestos institucionales, pero pueden resultar decisivos para las finanzas públicas y el bienestar colectivo. El desafío consiste en medirlos rigurosamente y utilizarlos para orientar mejores decisiones de inversión.
Por supuesto, la institucionalidad científica no está exenta de problemas. La fragmentación de esfuerzos, los procedimientos administrativos complejos, la limitada articulación con el sector productivo y las dificultades para financiar proyectos de largo plazo requieren transformaciones. La Academia considera que existe espacio para racionalizar procesos, compartir servicios administrativos, fortalecer mecanismos de evaluación y mejorar la transparencia. Sin embargo, antes de adoptar una fusión ministerial, sería indispensable demostrar que sus beneficios fiscales netos superan los costos de transición y que se preservarán las competencias, los recursos y la continuidad de los programas científicos.
Ante este escenario, la ACCEFYN propone al Gobierno nacional establecer un diálogo constructivo y conformar una Comisión Académica Nacional de Alto Nivel, coordinada por nuestra Academia e integrada por representantes de universidades, academias científicas, centros e institutos de investigación y especialistas en economía, administración pública, derecho, innovación y desarrollo tecnológico. Esta comisión podría trabajar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, Minciencias, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades competentes para evaluar alternativas institucionales y formular recomendaciones técnicamente sustentadas.
Su propósito sería contribuir a un examen independiente y riguroso de los ahorros esperados, los riesgos institucionales y las oportunidades para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Asimismo, permitiría elaborar propuestas para mejorar la financiación plurianual de la investigación, estimular la inversión privada, desarrollar capacidades regionales, fortalecer la cooperación internacional y conectar más eficazmente el conocimiento con las necesidades productivas y sociales. Se trataría de ofrecer soluciones concretas, compatibles con la responsabilidad fiscal y orientadas al interés nacional.
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Las decisiones sobre ciencia y tecnología no deberían depender exclusivamente de las urgencias presupuestales de una coyuntura. Su horizonte debe ser el de las próximas generaciones. Los países que desarrollan capacidades científicas propias están en mejores condiciones para diversificar sus economías, responder a crisis y participar en sectores de creciente complejidad tecnológica. Colombia debe examinar cuidadosamente qué capacidades necesita preservar y cuáles debe construir para enfrentar los desafíos del futuro.
La Academia extiende esta invitación con espíritu de colaboración y respeto institucional. El país necesita una discusión que trascienda la defensa de estructuras administrativas y permita construir una visión compartida sobre el conocimiento como fundamento del desarrollo. La sostenibilidad fiscal y el fortalecimiento científico no son objetivos incompatibles; por el contrario, pueden complementarse mediante políticas públicas inteligentes y de largo plazo.
Colombia necesita unas finanzas públicas sólidas, pero también una ciencia fuerte. Ahorrar recursos es importante; preservar y desarrollar las capacidades que permitirán generar prosperidad, bienestar y soberanía tecnológica es igualmente indispensable. El futuro del país no puede construirse solamente reduciendo lo que cuesta el Estado, sino fortaleciendo aquello que le permite transformar la sociedad.
*Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN)
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