
La política de seguridad de mano dura que prometió el gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado hasta ahora seis bombardeos contra grupos armados y la militarización de las ciudades de Santa Marta y Cúcuta. Sin embargo, expertos en seguridad cuestionan la efectividad de estas medidas a la hora de evitar que la población civil quede en medio del conflicto. Un escenario que persiste con la serie de atentados por parte de estructuras criminales ocurridos durante este puente festivo, que dejaron un total de cinco muertos y 29 heridos. Entre estos hechos se registraron ataques con motos cargadas de explosivos en Algeciras (Huila) y en Balboa (Cauca), el 1 de noviembre, que también dejaron daños estructurales.
Ese mismo día, un tercer ataque se registró en Planadas (Tolima), donde una volqueta equipada con explosivos destruyó el hospital y dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses. Ante este panorama, De la Espriella anunció que las autoridades “desplegaron sus capacidades para restablecer el orden público, proteger y acompañar a las comunidades afectadas y asegurar las zonas atacadas”. Al tiempo que el presidente anunció que seguiran los bombardeos contra objetivos militares, ha hecho presencia en las regiones que han sido golpeadas por los ataques de grupos armados. Este 3 de noviembre, por ejemplo, llegó a Cúcuta y ha estado presente en los sobrevuelos militares para vigilar el territorio.
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Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a que las medidas no pueden limitarse al enfoque militar, sino en un plan que permita afectar a los grupos armados. En ese sentido, el primer problema que plantea Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, es la falta de una política de seguridad clara. “Aunque se van a cumplir los primeros tres meses de esta administración, todavía no se ha hecho pública la política que contiene la estrategia de seguridad y defensa nacional. Vemos al gobierno realizando distintos tipos de acciones, pero no sabemos cuáles son los objetivos que persiguen en el corto, mediano y largo plazo”, sostuvo el investigador del conflicto a El Espectador.
En esa línea, Trejos puso como ejemplo la orden del Ejecutivo de militarizar Santa Marta, el pasado 22 de septiembre, luego de que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada decretaron un paro armado esa semana. Esta medida se replicó en Cúcuta tras el asesinato del exsecretario de gobierno de la ciudad, Miguel Castellanos, el pasado 26 de octubre y un ataque con explosivos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en menos de 24 horas, que dejó cuatro policías heridos. El experto advirtió que “el vacío está en que no sabemos cuáles son los planes que se van a tener para intervenir estas ciudades donde el crimen organizado ha logrado poner en jaque a la institucionalidad, como lo que pasó también en Cúcuta”.
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Frente a los logros que han tenido hasta ahora las medidas de seguridad de De la Espriella, el investigador de conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla sostuvo que el presidente ha sido efectivo en dos objetivos principales: “Por un lado, recuperar la iniciativa militar del Estado en diferentes territorios, algo evidente en el marco de esta nueva ofensiva. Lo segundo es que, de alguna manera, ha logrado crear un nuevo escenario político y comunicacional de la política de seguridad. Es decir, el gobierno ha sido muy efectivo en crear esa puesta en escena de un presidente que lidera directamente la política de seguridad”. No obstante, Mantilla aclaró que los efectos de “ese éxito inicial son muy limitados en el tiempo”.
De acuerdo con el experto en seguridad, “al final, lo que estamos viendo es que la lógica de la confrontación no ha cambiado”. Pese a los constantes anuncios de resultados de operaciones militares por parte del gobierno, que han incluido capturas y muertes de presuntos integrantes de grupos criminales en bombardeos y combates, Mantilla afirmó que “los grupos armados están en un proceso de adaptación que afecta directamente a la población civil. Si miramos los últimos ataques cerca de hospitales y plazas públicas, ahí sí se queda bastante corta esa estrategia basada en la fuerza, porque, en últimas, no logra proteger a la población civil ni hay hasta el momento un indicio claro de recuperación del control territorial”.
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Ante la falta de un plan claro e integral de seguridad, señalado por estos expertos, el investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, agrega otra dificultad: las capacidades de la Fuerza Pública. De acuerdo con la FIP, en capacidades aéreas de las Fuerzas Militares, el 55 % se encuentra fuera de servicio. “No hemos solucionado el problema de capacidades y, por tanto, vamos a seguir estrellándonos”, advirtió Arias. A esto sumó las dificultades para recuperar el control territorial, como ya había mencionado Mantilla. “En la FIP documentamos 13 territorios donde hay una confrontación entre grupos armados y la presencia del Ejército es limitada”.
Esta dificultad para garantizar una presencia integral en el territorio, principal reto de una política de seguridad, tiene, en palabras de Arias, dos aristas. “Por un lado, los ataques con drones, que siguen en aumento, y eso implica que no hay capacidad de recoger información de inteligencia básica para prevenir estos ataques”, sostuvo el invetigador de la FIP. Finalmente, el otro lunar apunta a una crisis de seguridad que ha sido desatendida desde 2024: “Departamentos como Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Arauca siguen siendo las áreas críticas, y no ha cambiado en este gobierno”, agregó Arias. Ante esto, el experto concluye que el reto es traducir esas capacidades militares en una recuperación integral del territorio que beneficie a la población.
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Mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella termina de construir una política de seguridad clara y precisa, que ataque a los grupos criminales y proteja a las comunidades, la población civil sigue quedando en medio de la ola de violencia que azota cada vez con más fuerza, incluso en las ciudades principales. El llamado de entidades como la Defensoría del Pueblo es atender las tantas alertas tempranas que diagnosticaron con anterioridad los fenómenos de violencia que hoy estallan en los territorios. Los expertos, por su parte, ponen la advertencia en la necesidad de una estrategia con control territorial y en defensa de la población civil.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•05 de noviembre de 2026 – 07:37Fomentar la guerra es la mayor tontería que hace este gobierno. Tendrá que negociar con los bandidos y con mucha debilidad. Este tonto debería pedirle ayuda a Petro que ya estaba controlando a algunas regiones. La muerte de soldados ha subido al 400%, la población civil asustada. Esta semana vimos militares en Unicentro Pereira. El turismo se destruye en muchas regiones. Y de los recursos del teremoto nada.
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Jon Lindsay(ua6yh)•04 de noviembre de 2026 – 06:17El diálogo se ha mostrado la única solución para acabar con movimientos con fondo político, como hemos visto por todo el mundo – y como reconoció Uribe, quien busco diálogo con las Farc durante años (antes de despreciar a Santos por hacerlo con éxito). Luego los criminales puros son menos, que facilitan su persecución con las fuerzas disponibles
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Felipe(dw15k)•04 de noviembre de 2026 – 05:42No ha sido suficiente 70 años de guerra de guerrillas para darse cuenta que es inútil luchar contra grupos pequeños, móviles, escondidos en la intrincada geografía colombiana. La militarización no beneficia a la población civil que no solo queda en mitad del conflicto sino que se le atribuye cercanía a cualquier grupo armado convirtiéndola en objetivo. Muertos, heridos, pobreza y más violencia lo único que nos ha dejado la guerra.
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Álamo(88990)•03 de noviembre de 2026 – 22:31¡Milagrios!, los que la población civil tiene que soportar, por la indolencia del animálculo que tantas promesas les hizo.