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JEP cita a seis exjefes de las Farc a reconocer reclutamientos de más de 18.000 menores

Los seis exintegrantes del último secretariado de las Farc citados a audiencia pública, por primera vez, reconocerán frente a las víctimas su participación en los reclutamientos forzados de 18.677 niñas y niños que fueron víctimas de la antigua guerrilla. Los exjefes del grupo armado están imputados desde noviembre de 2024 y ya habían aceptado responsabilidad de forma escrita y en un video.

Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla Farc, admitiendo su responsabilidad por los miles de secuestros durante la primer jornada de audiencias de reconocimiento ante víctimas y Magistrados de la JEP.
Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape, Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo y Jaime Alberto Parra, miembros del antiguo secretariado de las antiguas Farc, están imputados dentro del caso 07 desde noviembre de 2024.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la mañana de este miércoles 4 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a audiencia de reconocimiento de responsabilidad a seis de los exintegrantes del último secretariado de las Farc imputados por su presunta responsabilidad en el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad y los abusos sexuales en contra de algunas víctimas.

La decisión fue expuesta por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, relatora del caso 07 de la JEP, que investiga los reclutamientos de niñas y niños en el marco del conflicto. La audiencia en la que, por primera vez, el último secretariado de las Farc reconocerá responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad frente a las víctimas se realizará el 7, 8 y 9 de abril de 2027.

Los comparecientes citados a la audiencia son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. La JEP detalló que, por petición de las víctimas, primero se abordarán los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y de malos tratos, torturas y homicidios intrafilas cometidos por la antigua guerrilla de las Farc.

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Las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán abordadas en sesiones diferenciadas, que harán parte de esa audiencia. "La JEP valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos de las dimensiones fáctica, jurídica y restaurativa que permiten convocarlos a la audiencia", dijo la magistrada Rueda.

En noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a los seis exintegrantes de las Farc por los más de 18.000 casos de reclutamientos forzados de menores atribuidos a esa guerrilla y cometidos entre 1971 y 2016. El mayor pico de los crímenes, según la justicia transicional, fue entre 1996 y 2016.

En su momento, la JEP documentó que estos reclutamientos fueron sistemáticos y ocurrieron en casi todo el país, salvo en San Andrés y Providencia. El 24 % de las víctimas reclutadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia de género durante su permanencia en la guerrilla. De este grupo, 91 % eran mujeres, 9 % hombres y 7 % tenía una identidad de género diversa.

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En cuanto a las violencias sexuales de niñas y niños al interior de la guerrilla, al menos el 35 % de las mujeres reclutadas reportaron haber sufrido abuso sexual dentro de las filas de la organización. A eso se suman los otros crímenes relacionados con malos tratos, torturas, castigos, juicios sin garantías judiciales y la política de anticoncepción forzada y abortos a los que sometieron a las víctimas.

En marzo de este año, los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc (incluido Rodrigo Granda, quien no está imputado por este caso) entregaron una carta y un video en el que hicieron un primer reconocimiento de responsabilidad en los hechos investigados por el despacho de la magistrada Lily Rueda. Un hecho histórico, pues nunca habían aceptado esos crímenes.

"Este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudiera interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicados por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores", se lee en la carta previa enviada por los comparecientes.

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Agrega que reconocen "sin ambigüedades" los patrones criminales que encontró la JEP sobre esta práctica criminal. Pero, en forma contradictoria, de nuevo plantearon sus reparos en cuanto a lo relacionado con violencia sexual y violencia de género contra personas diversas. “Lo anterior en absoluto significa no reconocimiento de los hechos o conductas que se nos atribuyen y a los que se refieren esos dos citados patrones”, dice la carta de marzo pasado.

La JEP señaló que, al tiempo que se prepara la audiencia de reconocimiento, avanza la consolidación del componente restaurativo para víctimas de reclutamiento forzado de menores de edad. La justicia transicional ya recibió y sistematizó las propuestas remitidas por organizaciones de víctimas y convocará a los representantes de los interesados en el caso para alistar los encuentros preparatorios.

"El despacho relator ordenará la conformación de una mesa de trabajo con las organizaciones de víctimas para socializar los resultados de la evaluación con quienes presentaron iniciativas y brindar acompañamiento técnico a las demás organizaciones en la formulación de sus propuestas. Asimismo, los comparecientes podrán presentar proyectos restaurativos, frente a los cuales las víctimas acreditadas tendrán la posibilidad de formular observaciones", se lee en la decisión de la JEP.

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Antes de que se desarrolle la audiencia de reconocimiento en abril del próximo año, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP hará una pronunciamiento sobre las observaciones presentadas hasta el momento y planificará la diligencia con los enfoques de género, niñez, mujer, familia y generación, étnico-territorial, de discapacidad e interseccional.

Esto, con el objetivo de que la audiencia se realice bajo condiciones de dignidad, seguridad y acción sin daño. Lo que suceda en esa audiencia en la que, por primera vez, el último secretariado de las Farc mirará de frente a las víctimas para reconocer su responsabilidad en delitos relacionados con reclutamientos forzados de menores, será clave para el resto del proceso en la JEP.

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Si el reconocimiento cumple los requisitos para continuar por la vía dialógica, la Sala de Reconocimiento de Verdad presentará una única resolución de conclusiones que comprenderá la totalidad de los patrones criminales imputados ante el Tribunal para la Paz, al que corresponde adoptar la sentencia e imponer las sanciones propias, según la decisión que analicen.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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