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Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí (Chocó), se desplazaron de manera forzada durante la tarde del domingo 1 de noviembre. La Defensoría del Pueblo atribuyó su salida al temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados del Eln y el Clan del Golfo.
Entre las personas desplazadas hay niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información de la entidad, la comunidad permaneció los primeros días en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente. El pasado 2 de noviembre, sus integrantes lograron llegar a la cabecera municipal de Nuquí, donde permanecen en el coliseo.
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La emergencia ocurre dos días después de que la Defensoría advirtiera sobre el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, mediante un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 9 de 2024. Ese pronunciamiento se produjo tras el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva.
Una de las víctimas fue Ramiro Forastero, líder indígena que se desempeñó como gobernador del territorio de Villa Nueva Jurubidá. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), él y su hijo, Elmer Forastero, fueron secuestrados el 24 de octubre y sus cuerpos fueron encontrados el 28 del mismo mes.
Indepaz registró su muerte como el asesinato número 132 de un líder social en lo que va del año. Estos hechos también habrían provocado el desplazamiento de las 500 personas del pueblo indígena Emberá Dobidá.
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La Defensoría advierte que la situación ha generado afectaciones a comunidades indígenas y afrodescendientes, entre ellas confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas y riesgos de reclutamiento de menores. Según la entidad, la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el Eln pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los habitantes.
A la entidad le preocupa, además, que el desplazamiento se extienda. De acuerdo con la información conocida, la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando salir ante la inseguridad. La Defensoría considera indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias abandonen sus territorios.
Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen de manera articulada. Les solicitó garantizar la atención humanitaria inmediata a las familias desplazadas, con alimentación, agua potable, atención en salud y alojamiento temporal digno, con enfoque étnico y diferencial.
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También pidió coordinar el transporte fluvial y las medidas de protección para garantizar un traslado seguro, cuando las condiciones de seguridad y navegación lo permitan, y activar las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado, en coordinación con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras. Finalmente, exigió medidas urgentes de prevención y protección para las comunidades que permanecen en sus territorios, en especial Puerto Indio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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conrado(xybxp)•06 de noviembre de 2026 – 04:59Y el filipichín,ya jugó a ser Ramno,intérnese en la selva,aplique lo que aprendió.
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fredys(9j2g1)•04 de noviembre de 2026 – 19:35El tigrillo dijo que en un mes le daba a las bandas para entregarse o ser asesinados o capturados, pero por lo visto, parece que quien está en jaque es el presidente. Más de 20 líderes sociales asesinados y más de 10 policías caídos en esta guerra, es al presidente con más asesinatos y cero comandantes agarrados.