Bogotá sigue lidiando con la acumulación de basuras. Los datos más recientes de la UAESP documentan 478 puntos críticos de acumulación de residuos. El lío es tal que, incluso, ya empezó a reportar captura por delitos ambientales, relacionados con mala disposición. De ahí la urgencia de que la ciudad defina con claridad las nuevas reglas de un modelo de recolección que responda a esta necesidad. El asunto es que le está cogiendo la tarde.
Desde febrero se vencieron los contratos del esquema de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) y, a pesar de que le permitieron prorrogarlos mientras ajustaba la solicitud que debe presentar a la CRA con el fin de tener la autorización para abrir una nueva licitación y mantener el esquema, el plazo se le venció en octubre y terminó pidiendo tiempo extra.
¿La razón? Lo requiere para hacer ajustes a las condiciones de los contratos, para preservar las acciones afirmativas para la población recicladora; mantener la seguridad jurídica y continuar con las mesas técnicas interinstitucionales. Así lo manifestó la UAESP en un oficio que radicó ante la CRA y que conoció este diario.
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La incertidumbre actual tiene relación con un asunto puntual: la actualización del marco tarifario de aseo, que expidió la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el pasado 30 de julio. Este regirá por los próximos cinco años en ciudades que atienden a más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, como Bogotá, que produce más de 6.000 toneladas diarias de residuos ordinarios. La Resolución 1040 de 2026 definió que el país debía pasar de un modelo de recolección, transporte y enterramiento de basura a uno donde se priorice la separación en la fuente y se aproveche el trabajo de los recicladores.
Vale recordar que este nuevo marco tarifario era lo que esperaba el Distrito, en cabeza del director de la UAESP, Armando Ojeda, para radicar de nuevo ante la CRA la solicitud de autorización para mantener las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), modelo que la UAESP ha defendido como el que necesita Bogotá. Así lo manifestó en su momento Ojeda, director de la entidad, en entrevista con El Espectador, en la que incluso dio luces sobre qué acciones iban a corregir en la nueva solicitud.
“Allí incorporaremos todos esos avances regulatorios, las medidas afirmativas a favor de la población recicladora y ajustes en el mobiliario público de cestas y contenedores donde ya tenemos las conclusiones de un estudio. Los carros de basura no tienen reversión”.
Este trámite se hace necesario y urgente, pues Bogotá actualmente está recogiendo sus residuos bajo un esquema transitorio y excepcional, vigente hasta el 30 de noviembre de 2027. Esta autorización le permitió extender los contratos con los actuales cinco operadores de aseo: Promoambiental, Lime, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia, y evitar que desde febrero volviera a la ciudad el esquema de libre competencia, para el cual, según expertos, la ciudad no estaría preparada y podría generar una crisis de saneamiento, especialmente en zonas poco atractivas para los operadores de aseo. El tema es que, si bien la UAESP dijo en su momento que solo esperaba el nuevo marco tarifario para ajustar su petición y lograr la aprobación, tal parece que el asunto es más complejo.
¿Qué ocurrió?
El 22 de octubre, una semana antes de cumplirse el término definido por la CRA para presentar la solicitud de ASE —o, por el contrario, volver a un esquema de libre competencia—, la UAESP solicitó la modificación del cronograma. En la misiva, conocida por El Espectador, señalan que la estructuración de los motivos ya está finalizada, pero pidieron presentarla una vez entre en vigencia el nuevo marco tarifario (1 de enero de 2027), para evitar que “los debates en sede judicial y administrativa de la Resolución se trasladen a la prestación del servicio público de aseo y población recicladora en Bogotá”.
La CRA, el 29 de octubre, respondió que este argumento no era válido y justificaron que el nuevo marco tarifario goza de presunción de legalidad. En la demás exposición de argumentos, la entidad distrital expuso dos inquietudes más: para ellos, el nuevo marco tarifario tiene “dificultades para garantizar las acciones afirmativas a la población recicladora” y la nueva metodología tarifaria “representa una reducción en la estructura de ingresos con la que históricamente se ha financiado la prestación del servicio público de aseo en Bogotá (…) Hemos recibido cuestionamiento de recicladores y los concesionarios”. En ambos casos, la UAESP pidió reunirse en mesas técnicas con la Comisión con el fin de discutir antes “de que se materialicen actuaciones que resulten de difícil reversión”.
En su refutación, la Comisión puntualizó que solo hasta el 19 de octubre se dieron a conocer las inquietudes planteadas por el Distrito; aun así, afirmaron que es de su interés continuar con mesas de articulación para discutir cada uno de los aspectos técnicos y financieros planteados por la UAESP. Con todo lo anterior, la Comisión accedió a la solicitud y modificó el cronograma así: hasta el 1 de enero de 2027, la UAESP podrá presentar la solicitud de ASE y luego la CRA tendrá 5 meses para analizarla. De salir favorable, apenas hasta julio, la entidad distrital podrá abrir licitación pública y cuatro meses después podría adjudicar y dar inicio a la operación de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) por los próximos 8 años.
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Bogotá ya tuvo una primera negativa de solicitud de ASE que le costó el cargo a Consuelo Ordóñez. Se espera entonces que lo que resta del año, tanto el Distrito como la CRA, continúen con mesas técnicas para una adecuada estructuración de solicitud de verificación de motivos y evitar que Bogotá vuelva a un escenario de libre competencia.
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