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En la localidad de San Cristóbal, el proyecto de vivienda Santa Teresita, de interés prioritario, no solo acumuló años de retrasos y pleitos jurídicos que se pueden rastrear a más de diez años atrás. También acumuló una serie de hallazgos fiscales por supuestos pagos a obras que nunca se hicieron. Así lo informó la Contraloría de Bogotá, entidad que imputó al proyecto una responsabilidad fiscal por un elevado monto.
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Historial de problemas
Este proyecto VIP tiene un largo historial de problemas desde que fue planteado por la Caja de Vivivienda Popular en la administración de 2014. El proyecto contemplaba la construcción de 1.032 Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Al año siguiente, en 2025, comenzó la ejecución, pero esta duraría diez años en concretarse, pues atravesó varios reveses: en 2019, un deslizamiento afectó la obra y en 2021 la CVP tuvo que tomar el control por incumplimientos del contratista.

Más adelante, en 2024, la actual administración distrital retomó los trabajos alcanzados y se comprometió a entregar las obras. Sin embargo, la Contraloría encontró irregularidades en todo este largo proceso.
Según el ente de control, la investigación estableció que se realizaron pagos por obras que no fueron ejecutadas, lo que habría ocasionado un posible detrimento a los recursos públicos de la capital.
La Contraloría revisó los contratos de obra y de interventoría, así como las actividades pagadas y su ejecución. El análisis permitió identificar pagos por trabajos relacionados con el urbanismo, las torres de vivienda, el salón comunal y el parque lineal que no habrían sido materializados o terminados a satisfacción.
“Los recursos públicos destinados a proyectos de vivienda deben traducirse en obras reales y en beneficios para la ciudadanía. En este caso, encontramos pagos por actividades que no fueron ejecutadas, por eso avanzamos en las actuaciones necesarias para establecer quiénes deben responder por este presunto daño al patrimonio público”, señaló María Teresa Zuluaga, gerente de la Subdirección de Responsabilidad Fiscal.
Como resultado de la indagación, la Contraloría decidió imputar "responsabilidad fiscal solidaria" a los contratistas vinculados en la ejecución y supervisión de las obras. Esta figura jurídica obliga a personas o entidades a responder por el daño patrimonial causado al Estado (en este caso el Distrito) . De igual manera, el ente llamó a responder a dos compañías aseguradoras.
Alcaldía inició entrega de apartamentos
La inversión para recuperar el proyecto y terminarlo requirió de una inyección de 3.865 millones de pesos, pues la infraestructura estaba abandonada y desfinanciada.
En abril de este año, la CVP arrancó con las entregas de 500 unidades por fases, a familias que vivían en sectores en riesgo. No obstante, la Alcaldía informó que, actualmente, están pendientes obras como la adecuación de salones comunales, construcción y mejoramiento de parques y espacios públicos. "Para ello, se requieren cerca de 20 mil millones, recursos que la Caja de la Vivienda Popular (CVP) continúa gestionando", informó la administración.
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