
Hay un hecho que el lector deberá interiorizar durante la lectura de este artículo: El alcalde de Bogotá en octubre de 2066, sin importar su corriente o trayectoria política, tendrá que asumir las riendas de una ciudad con una deuda que se acordó hace cuarenta años. Ese mes el capital de uno de los cinco grupos de bonos emitidos por Bogotá el 20 de octubre de este año vencerá. Esta parte es la más larga de la operación y seguirá a través de muchas administraciones, pero, dado el cambio que tiene el dinero en el tiempo, el valor final en pesos de esa deuda todavía no se sabe.
Antes de avanzar, la noticia que origina todo: Bogotá obtuvo recientemente para sus arcas COP 1.498.988 millones, casi COP 1,5 billones, a través de su segunda emisión de bonos de deuda pública interna. Esta operación, a grosso modo, consiste en que los inversionistas compran estos títulos para prestar dinero a la ciudad. A cambio, el Distrito, es decir, todos los contribuyentes, pagarán intereses regulares y devolverán el capital cuando cada subserie venza, sin pagos parciales.
¿A dónde irá todo el dinero? La información presentada a la Superintendencia Financiera durante la operación indica que todos los recursos se usarán en proyectos de inversión de los planes de desarrollo de Bogotá, aunque el informe no asigna fondos a obras concretas. De ahí, que la polémica se centre en las condiciones elegidas para obtener el dinero y en sus efectos futuros en las cuentas de la capital del país.
Cinco grupos de bonos, cuatro fechas de vencimiento
La emisión se separó en cinco subseries, cada una con condiciones distintas. Dos tienen tasa fija en pesos: una de COP 241.480 millones vence en 2031 y paga 13,85 % efectivo anual, y la otra de COP 52.750 millones vence en 2036 con tasa de 13,82 %.
Dos grupos más están ligados al índice de precios al consumidor (IPC), que mide la inflación. Uno de COP 445.130 millones vence en 2036 y paga IPC más 7,98 % efectivo anual; el otro de COP 183.500 millones vence en 2045 y paga IPC más 7,64 %.
La quinta subserie, quizá la más llamativa, vence en 2066. La misma tiene una tasa real del 7,98 % y está en unidades de valor real (UVR), cuyo valor en pesos varía con la inflación. No obstante, sus 1.372 millones de UVR equivalían a COP 576.128 millones el día de la emisión. Vale resaltar que esta es solo una cifra de referencia actual y no muestra el valor en pesos que tendrá el capital al momento de la devolución.
En este sentido, para medir la proporción de la deuda, El Espectador realizó una revisión sobre los montos adjudicados, lo cual arrojó que el 80,37 % de la colocación, unos COP 1,205 billones, está ligado al IPC o a la UVR. El resto, 19,63 %, tiene tasa fija en pesos.
El calendario de esa deuda se aprecia en la siguiente gráfica: cada barra muestra el capital adjudicado en una subserie y el año en que deberá devolverse, mientras los colores distinguen los títulos a tasa fija en pesos de aquellos vinculados al IPC y a la UVR. La barra más larga corresponde a la obligación que vence en 2066, aunque eso no significa que sea la más costosa. Los valores representan el capital recibido por Bogotá en octubre de 2026, sin incluir intereses. Además, en el caso de los bonos denominados en UVR, el valor que finalmente se pague en pesos dependerá de la evolución de la inflación.

Bonos de Bogotá: cuánto se adjudicó y cuándo vence
El calendario de esa deuda se aprecia en la siguiente gráfica: cada barra muestra el capital adjudicado en una subserie y el año en que deberá devolverse, mientras los colores distinguen los títulos a tasa fija en pesos de aquellos vinculados al IPC y a la UVR. La barra más larga corresponde a la obligación que vence en 2066, aunque eso no significa que sea la más costosa. Los valores representan el capital recibido por Bogotá en octubre de 2026, sin incluir intereses. Además, en el caso de los bonos denominados en UVR, el valor que finalmente se pague en pesos dependerá de la evolución de la inflación.
La apuesta que defiende Hacienda
Para la Secretaría de Hacienda, extender los vencimientos no empeora necesariamente el endeudamiento. En su respuesta a El Espectador, explicó que repartir los pagos en varias fechas reduce la necesidad de obtener grandes sumas para cancelar obligaciones al mismo tiempo, lo que se conoce en el mundo financiero como riesgo de refinanciación.
Hacienda también defiende la decisión de emitir parte de la deuda con un plazo de 40 años. Generalmente, cuando un inversionista presta dinero durante más tiempo, exige una mayor rentabilidad para compensar los riesgos de esperar tantos años antes de recuperar su capital. Sin embargo, la Secretaría sostiene que, cuando Bogotá realizó la emisión, las condiciones del mercado permitían extender el plazo sin pagar una tasa adicional por hacerlo. En otras palabras, según su explicación, el Distrito pudo conseguir financiación a más largo plazo sin asumir el incremento en la tasa de interés que normalmente acompañaría esa decisión.
El segundo argumento tiene que ver con la inflación. Como parte de los bonos está vinculada al IPC y a la UVR, un aumento de los precios puede incrementar las obligaciones que Bogotá deberá pagar en pesos. Hacienda considera que ese riesgo se compensa parcialmente porque algunos ingresos del Distrito también tienden a crecer con la inflación. Así, si los precios suben, la ciudad podría recaudar más dinero para atender una deuda que también se encarece. A esa relación la Secretaría la denomina “cobertura natural”. Sin embargo, la compensación no es automática, pues depende de que los ingresos aumenten lo suficiente y en los momentos necesarios para cubrir los mayores pagos.
Por lo tanto, la defensa depende, en parte, de que la inflación se modere. Sobre este punto, el Banco de la República proyectó el 4 de noviembre, después de la emisión, que la inflación cerraría en 2026 en 7,1 % y en 2027 en 4,8 %. Aun así, las estimaciones no escapan de la incertidumbre; si la inflación sigue alta, los títulos indexados podrían costar más pesos de lo previsto.
Los reparos sobre el momento de endeudarse
Tras la emisión de la deuda, la Contraloría de Bogotá anunció una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda para revisar las alternativas de financiación, los supuestos para elegir tasas y plazos, y las proyecciones de pago. Al ente de control le preocupa, esencialmente, que cerca del 80 % del monto esté en títulos ligados a la inflación y señaló que la información pública era insuficiente para validar el costo de cuatro de las cinco subseries.
Sobre este mismo aspecto, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto en la Universidad del Rosario, expresa su preocupación sobre el momento de la emisión. El experto dijo a El Espectador que no cree que sea el momento adecuado para endeudarse de esa manera, ya que, en su opinión, asumir obligaciones durante cuatro décadas puede limitar el margen de decisión de las administraciones futuras.
Lo que revelan las proyecciones fiscales
El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2037 permite precisar el estado de las cuentas. En septiembre de 2026, antes de la colocación de estos bonos, el saldo total de la deuda distrital ascendía a $17,76 billones. El documento proyecta que el gasto por servicio de la deuda pública aumentará de $1,948 billones en 2026 a $3,081 billones en 2027, un incremento del 58,1 %.
En ese cuadro, Hacienda registra intereses, comisiones y transferencias para bonos pensionales. Hacienda atribuye el incremento a desembolsos de financiación interna y externa previstos para 2026, no solo a la emisión de octubre. Hacienda también proyecta que el gasto de inversión crecerá 3,6 % en 2027, por lo que estos datos no demuestran una reducción inmediata de la inversión a causa de los bonos.
Hay, sin embargo, un indicador que merece atención. La sostenibilidad de la deuda —la relación entre el saldo de las obligaciones y los ingresos corrientes ajustados que tiene el Distrito— pasará del 97,1 % en 2026 al 99,4 % en 2027. El límite legal para celebrar nuevas operaciones de crédito es del 100 %. Por ende, según esa proyección, Bogotá estaría a 0,6 puntos porcentuales del umbral.
Eso no significa que el 99,4 % del presupuesto se destinará a pagar deuda. Es de resaltar que el indicador relaciona obligaciones acumuladas e ingresos ajustados, no la proporción del gasto anual comprometida. Además, abarca toda la deuda y depende de proyecciones fiscales, no solo de esta emisión. De hecho, el Marco Fiscal prevé que la relación descenderá al 90 % en 2028, por lo cual la cercanía con el límite, en teoría, solo debería durar un año.
Por otro lado, el otro indicador, la capacidad de pago —que compara los recursos disponibles después de cubrir ciertos gastos—, aumentaría del 13 % en 2026 al 17,8 % en 2027, lejos del límite legal para estos casos, que es del 60 %. Los documentos, por tanto, no muestran que Bogotá esté a punto de superar todos sus límites de endeudamiento.Los bonos dejaron recursos para inversiones y compromisos con vencimientos hasta 2066. Queda por establecer si sus plazos, tasas y exposición a la inflación fueron preferibles a otras opciones comparables. Hacienda defiende la estrategia y la Contraloría revisa sus fundamentos. Esa evaluación determinará si las ventajas de financiarse hoy compensan los riesgos asumidos para las siguientes décadas.
El balance, por ahora, tiene dos caras que no deberían confundirse. El Distrito obtuvo cerca de COP 1,5 billones para financiar inversiones, pero dejó pactadas obligaciones que se extenderán hasta 2066 y vinculó cuatro de cada cinco pesos recibidos a la evolución de la inflación. Hacienda sostiene que escogió estas condiciones para distribuir los riesgos financieros; la Contraloría todavía examina sus fundamentos, mientras las proyecciones oficiales sitúan el indicador de sostenibilidad de la deuda a solo 0,6 puntos del límite legal para 2027, sin superarlo.
En medio de los datos, hay una pregunta que permanece abierta: ¿los beneficios de conseguir estos recursos compensarán los costos y compromisos asumidos durante las próximas décadas? La decisión no estará únicamente en las obras que logre financiar, sino también en el margen de inversión que deje a quienes tendrán que pagarla.
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