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En la tarde de este miércoles 11 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a ocho exmilitares a reconocer responsabilidad en crímenes cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica (UP) y violaciones de derechos humanos como torturas y desapariciones de integrantes de grupos guerrilleros en Bogotá, entre 1985 y 1993.
Los llamados a reconocer responsabilidad son los sargentos mayores (r) Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita; y los sargentos viceprimeros (r) Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, los coroneles (r) Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez, el teniente coronel (r) Camilo Pulecio Tovar, el coronel y el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado.
Lo que sostiene la JEP es que integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y la Brigada 20 del Ejército, con conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), participaron en la ejecución de dos patrones macrocriminales. El primero, relacionado con la estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamiento, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP.
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El segundo patrón criminal identificado por el despacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez, que lideró la investigación, está relacionado con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos contra miembros de las guerrillas del M-19, del Ejército Popular de Liberación (Epl) y de las Farc. Los hechos ocurrieron entre 1985 y 1993 y el objetivo era, según la JEP, impedir un levantamiento insurreccional en Bogotá.
La imputación recoge hallazgos relacionados con dos de los macrocasos de la JEP: el caso 06, que investiga el genocidio contra el partido político Unión Patriótica, y el caso 08, que aborda los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Son, en total, 27 hechos criminales, que dejaron 33 víctimas: 18 de la UP y 15 de grupos guerrilleros. Ocho personas siguen desaparecidas.
"La investigación de la Sala de Reconocimiento expone un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional que recogía información por blancos previamente definidos, hacía seguimientos, producía señalamientos y coordinaba operaciones clandestinas", señala la decisión.
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Según la justicia transicional, hubo un "correlato institucional", en el que se asociaron movimientos sociales y políticos con la antigua guerrilla de las Farc y otros grupos ilegales, bajo la teoría de que habría un "levantamiento insurreccional" o una revolución en el marco de la cual, según la decisión, el comunismo se tomaría el poder político del país en un "proyecto de insurrección general".
"La investigación muestra una cadena funcional: los informes y las bases de datos ayudaban a construir perfiles; los seguimientos verificaban rutinas, domicilios y contactos, y con frecuencia incluían hostigamientos y amenazas en contra de las víctimas; las operaciones concretaban la captura o el ataque", se lee en la imputación contra los exintegrantes del Ejército.
Sobre el primer patrol criminal, relacionado con el genocidio de la UP, la decisión detalla: "La estigmatización se incorporó en las apreciaciones y resúmenes semanales de inteligencia, radiogramas, misiones de trabajo, archivos operacionales y discursos públicos. El partido fue descrito como cobertura o instrumento de las Farc y su actividad electoral, sindical, comunitaria y proselitista fue interpretada como parte de un proyecto de insurrección general".
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Detalla que la violencia contra integrantes de la UP dejó, solo en Bogotá, 353 víctimas entre 1984 y 2016 y no tuvo un solo año sin hechos violentos contra integrantes del partido entre 1984 y 2006. El 53,8 % de la victimización en la capital se concentró entre 1985 y 1993. "Su ocurrencia en el centro del poder político, su continuidad y la visibilidad de las víctimas permitían advertir que no se trataba de hechos aislados", detalla el documento.
Entre los hechos representativos que documentó la JEP está la detención, tortura, asesinato y desaparición forzada de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila, el 26 de junio de 1987. También los seguimientos, señalamientos y asesinato de José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la UP, el 25 de noviembre de 1993. Y las vigilancias y amenazas contra Aída Avella, presidenta de la UP, intensificadas en 1993 y relacionadas con posteriores ataques y con su exilio.
"Estos hechos muestran el tránsito de la estigmatización genérica al señalamiento individual y de este a la violencia. También revelan que el ataque perseguía efectos que excedían a cada víctima: eliminar liderazgos, debilitar las estructuras organizativas, restringir la participación electoral, sembrar terror entre militantes y simpatizantes, y reducir la capacidad del partido para actuar en la vida pública", señaló la JEP.
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El segundo patrón está relacionado con las detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos perpetrados por parte de miembros de la Inteligencia Militar contra miembros de las guerrillas del M-19, del Epl y de las Farc. "Esas conductas buscaban obtener información sobre estructuras, contactos, planes y ubicaciones, y debilitar a las organizaciones insurgentes en Bogotá, al margen de cualquier control judicial, todo con el fin de contener una insurrección general en el país", dice la JEP.
"Las víctimas que pertenecían a grupos guerrilleros fueron detenidas fuera de combate, sin orden judicial, desarmadas y luego fueron internadas en instalaciones militares oficiales o clandestinas, interrogadas con torturas, desaparecidas forzadamente y finalmente ejecutadas en estado de indefensión. Algunas permanecen desaparecidas. La Sala advierte que la pertenencia real o atribuida a una guerrilla no eliminaba su protección: muchas víctimas no participaban directamente en hostilidades o se encontraban detenidas y, por lo tanto, fuera de combate cuando fueron torturadas, asesinadas y/o desaparecidas", señala la decisión.
Entre los hechos por los cuales los exmilitares fueron llamados a reconocer responsabilidad está la retención, tortura, asesinato y desaparición de Nydia Erika Bautista, que es uno de los casos más representativos de la desaparición forzada en Colombia, ocurrido el 30 de agosto de 1987 en Bogotá. La joven era integrante del M-19, fue retenida y llevada a un sitio clandestino en Soacha (Cundinamarca), donde estuvo durante tres días y fue sometida a torturas y abuso sexual. Luego fue asesinada y su cuerpo abandonado en inmediaciones del municipio de Guayabetal (Cundinamarca).
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"El encubrimiento de los crímenes hizo parte del patrón. Incluyó ausencia o alteración de registros, montajes para desviar las investigaciones, amenazas contra sobrevivientes y familiares, hostigamientos a funcionarios de la Procuraduría y defensores de derechos humanos, interferencia en investigaciones penales y traslados o protección institucional de personal comprometido. Estas acciones favorecieron la impunidad, prolongaron la desaparición forzada y trasladaron a las familias la carga de buscar información", señala la decisión.
Y agrega: "Los ocho comparecientes integraron una empresa criminal ejecutada por el aparato de inteligencia militar estratégica. Su funcionamiento dependió de un plan común y de una división funcional del trabajo: las secciones de análisis identificaban y clasificaban a las personas; los jefes de grupo y los comandantes dirigían las operaciones; los agentes de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) realizaban vigilancias, detenciones, traslados e interrogatorios; y los mandos disponían recursos, impartían o transmitían órdenes y mantenían la capacidad operativa de la estructura".
Además del llamado a reconocer responsabilidad, la JEP dio órdenes relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos. En los 15 días hábiles siguientes, los comparecientes deberán entregar información y un plan detallado para contribuir a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas. Los exmilitares deben ser exactos en los datos sobre lugares, rutas, unidades, personas que pueden conocer los hechos y cualquier elemento que permita orientar intervenciones forenses y dar con el paradero de los desaparecidos, a quienes sus familias buscan desde hace al menos 40 años.
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Maria Eugenia(56068)•12 de noviembre de 2026 – 08:13Cuando la sal se corrompe.