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En el barrio Bicentenario (Rafael Uribe Uribe) la promesa de un Centro Zonal del ICBF se ennegrece como las paredes del edificio de cinco pisos y ventanas verdes, que cumple 12 años sin terminar. Todos estos años la entidad ha tenido que pagar arriendo para poder prestar sus servicios en esta zona del sur de Bogotá, mientras se resuelve un lío contractual. Hoy las autoridades contabilizan dos infructuosos intentos por terminar el edificio. Del primer contrato están perdidos casi COP 500 millones. Del segundo se reporta un nuevo hallazgo fiscal por casi COP 1.550 millones. ¿Cuál es la historia detrás de esta obra?
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Primer contrato: deficiencias de diseño y pagos
Todo comenzó en julio de 2014, cuando el ICBF Regional Bogotá suscribió el contrato de Obra Pública No. 1131 con el Consorcio Universal (integrado por Universal de Construcciones S.A. y Julio César Ospina Cuevas) para construir el Centro Zonal en el barrio Bicentenario, en Rafael Uribe Uribe. La idea era levantar un edificio en el que la institución pudiera albergar a sus equipos de defensores de familia y gestionar sus programas de primera infancia, niñez, adolescencia, nutrición y comunidad, en sede propia.
Pero el plan se fue diluyendo con los primeros retrasos, que se reportaron dos años después de firmado el contrato, cuando una auditoría de la Oficina de Control Interno del ICBF reveló graves fallas en los estudios de suelos y el diseño estructural, lo que obligó a tramitar modificaciones a la licencia de construcción. Pese a que la entidad había desembolsado el 81 % del presupuesto (casi COP 2.682 millones), en 2017 se terminó el plazo y la obra quedó inconclusa y abandonada. El constructor entregó equipos inservibles como la planta eléctrica, el ascensor y el transformador.
Para 2019, ante la imposibilidad de usar la sede, el ICBF suscribió un contrato de arrendamiento para una sede provisional en el barrio Olaya, y otro de vigilancia 24 horas para el edificio que quedó abandonado. Pero lo temporal hoy parece permanente. Si bien el ICBF inició procesos sancionatorios contra el contratista, el caso terminó en manos del Tribunal Administrativo, el cual sigue a la fecha sin pronunciarse de fondo sobre el contrato y el responsable del fracaso.
De forma paralela, los reclamos de la ciudadanía despertaron el interés de la Contraloría, que abrió investigación y en 2022 estableció un presunto detrimento patrimonial por COP 493 millones, en el que vinculó al Consorcio Universal, exfuncionarios del ICBF y las aseguradoras. Este monto correspondía al desembolso del “pago undécimo” en el proyecto (de COP 154 millones) suma girada al contratista “sin presentar factura” y COP 339 millones por equipos que fueron recibidos y cobrados, pero que no servían.
Segundo contrato: más líos
El ICBF intentó salvar la construcción que quedó en pie, con un avance del 85 %. La Dirección Regional Bogotá transfirió recursos y suscribió otro contrato en 2024 para las “actividades de obra necesarias, para la adecuación y finalización del proyecto” y otro para la interventoría. El problema es que ambos también se incumplieron. Tras una visita a la edificación que realizó la Contraloría en abril de 2026, se concluyó que “debido a una deficiente planeación”, la obra no cumplía “con los criterios operativos ni de funcionalidad técnica”.
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Sobre la inversión, indicó: “el ICBF Regional Bogotá invirtió un total de COP 1.555 millones para la adecuación y mantenimiento del Centro Zonal Rafael Uribe. No obstante, esta inversión no se ha materializado en mejoras reales y funcionales en el Centro de Formación”.
En respuesta al ente de control, el ICBF se mostró en desacuerdo y afirmó que la inversión salvó la estructura, aunque los recursos asignados eran insuficientes para culminar las obras: “los presuntos hallazgos no resultan procedentes, en la medida en que se desvirtúan al analizar el contexto particular de la estructuración y ejecución del contrato, evidenciando la diligencia con la que actuó la Dirección de la Regional Bogotá”.
¿Qué sigue?
El proceso que abrió la Contraloría por el primer contrato tuvo un revés este año: un auto de julio indica que el ente tuvo que declarar nula la imputación de 2022 (por COP 493 millones) debido a que no recopiló el material probatorio requerido, por lo cual el proceso volvió a una etapa anterior antes de resolverse. En cuanto al litigio en tribunales entre el primer contratista y el ICBF, este sigue en trámite a la espera de una sentencia definitiva que liquide el contrato de 2014.
Los dos procesos que abrió la Contraloría siguen firmes, y suman más de COP 2.049 millones en presuntos detrimentos, producto de las inversiones y retrasos de esta obra. El Espectador consultó al ICBF por el futuro de la misma, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.
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Por Juan Camilo Parra
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