El presidente Abelardo de la Espriella se ha mantenido firme, hasta ahora, en una de sus promesas: la ofensiva total contra los grupos armados ilegales. Sin embargo, aunque la seguridad es protagonista a diario en su agenda de gobierno, esto no se ha traducido en ganar cada vez más el control territorial en las zonas más golpeadas del país. A pesar de los ocho bombardeos con los que llegó a sus 100 días en el poder, los grandes operativos en las ciudades y las capturas de cabecillas, el gobierno aún no logra disminuir el poder que las estructuras criminales han consolidado en los últimos años. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que aborda la gestión del mandatario en los últimos tres meses en materia de orden público.
El documento elaborado por los investigadores de conflicto y seguridad de la FIP examina los intentos del gobierno por recuperar, a través de planes de choque, los territorios que los grupos armados han arrebatado a lo largo y ancho del país. El mandatario lo ha hecho, además, mediante una alta exposición mediática, lo que para los investigadores es la primera bandera roja en la estrategia de seguridad. Más allá de los discursos y publicaciones en redes sociales, señalan la necesidad de cambios estructurales en una política de seguridad que tendrá que adaptarse cada vez más a un conflicto que ha mutado. “Los grupos armados ya no son ejércitos que se derrotan descabezándolos, sino redes que viven de un ecosistema diversificado de economías criminales, más allá del narcotráfico”, señala la investigación.
A manera de balance, el informe analiza los primeros 100 días de gobierno, pero pone en perspectiva los hallazgos de cara a los próximos años de mandato, pues reconoce que en estos más de tres meses es imposible ganar realmente el poder en el territorio. Sin embargo, la FIP destaca que el Estado sí ha recuperado la sensación de interés y liderazgo en esta materia. “El gobierno llegó con una narrativa clara e impulso para afrontar al crimen, una voluntad política indiscutible y un respaldo internacional renovado, pero enfrenta un problema de seguridad que cambió de naturaleza, con un Estado que tiene menos capacidades de las que necesita”, se lee en el informe.
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En ese sentido, para los investigadores, lo que está en juego no es la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos ilegales, sino la capacidad de ajustar su apuesta para tener el impacto necesario en los territorios, más allá de quedarse en operativos mediáticos. En medio de este análisis, la FIP identificó varios retos que el gobierno tendrá que tener en cuenta en el resto de mandato. Uno de ellos es la transformación de los grupos armados, pues ya no funcionan como ejércitos jerárquicos, sino como redes fragmentadas con más de 29.000 integrantes y una creciente influencia territorial. A eso se le suma una desventaja tecnológica frente a esas estructuras criminales, principalmente por el frecuente uso de drones cargados con explosivos. Solo en lo que va de 2026 se han registrado 353 ataques, un incremento del 132,5%. Para los investigadores, esto se traduce en que los grupos armados le arrebataron al Estado el dominio exclusivo del espacio aéreo.
Otro de los retos que identifica el informe es la limitación de capacidades estatales a raíz de la restricción presupuestal. Además, el Estado opera con una Fuerza Pública que tiene el 46 % de sus capacidades operativas. Frente a este panorama, la FIP reconoce que aunque algunos indicadores de violencia se redujeron, otros aumentaron significativamente. “Mientras algunas violencias más visibles tienden a ceder, la capacidad de los grupos para controlar territorios y poblaciones sigue intacta o en expansión”, indica. En esa misma línea, el informe explica los efectos de los golpes que hasta ahora ha dado el gobierno. “La caída de cabecillas ha demostrado tener efectos limitados cuando las organizaciones tienen la capacidad de reemplazar sus mandos en semanas. El riesgo es seguir golpeando sin desarticular”.
Mayor visibilidad no es mayor control
Otro de los temas a los que el informe le pone especial atención tiene que ver con la exposición de los operativos que adelanta el gobierno. En las últimas semanas, el país vio a su primer mandatario vestido de camuflado y con una boina del Ejército Nacional. El mismo día, Abelardo de la Espriella, firmó con un marcador blanco una bomba de 460 kilos que las Fuerzas Militares iban a descargar días después contra un grupo armado ilegal. También los colombianos han visto, a través de videos cinematográficos, al presidente encarando a los criminales que captura, dándoles la bienvenida a la “Patria Milagro” y prometiéndoles un lugar en las cárceles del país. Frente a estos escenarios, la FIP señala que la estrategia de seguridad debe alcanzar objetivos mucho más altos para dar un verdadero golpe.
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Más allá de los despliegues que envían mensajes de autoridad, los operativos deben centrarse en el verdadero desmantelamiento de una estructura criminal y de sus rentas ilegales. "La autoridad que se exhibe no es la misma que la autoridad que se ejerce. La omnipresencia del presidente De la Espriella en la comunicación de resultados, la exhibición de cuerpos abatidos y la confrontación directa con detenidos pueden producir réditos en el corto plazo”, señala el documento. Además, resalta una desventaja en la estrategia: “Convierten cada operación en un evento mediático cuyo éxito se mide en audiencias y no en efectos, y abren flancos jurídicos y de legitimidad que los propios grupos armados saben explotar. La seguridad convertida en espectáculo tiende a premiar lo que se puede mostrar y a descuidar lo que realmente transforma, que casi nunca es fotografiable”.
En este panorama, la legitimidad es la clave de la receta. Para los investigadores, la credibilidad que logre acumular el gobierno es el camino para romper con las gobernanzas criminales que se arraigan cada vez más en los territorios. Por eso, resaltan, es importante que el Estado se comporte de manera distinta a los grupos armados ilegales. “El país necesita que la seguridad sea un valor compartido y no una trinchera. Cada abuso, cada exceso y cada descalificación al opositor es un costo que termina pagando la propia estrategia”, apunta el informe. En esta estrategia de ganar legitimidad, el gobierno también tendrá que medir sus capacidades reales. Al inicio de su mandato, el presidente prometió el control total del territorio en 90 días, la captura o baja de diez cabecillas de alto valor, alrededor de 12 o 15 bombardeos y la fumigación de 330.000 hectáreas de coca.
Pero ninguna de esas cosas ha sucedido. La FIP lo explica: “Las Fuerzas Militares cuentan con capacidades limitadas ante un escenario de alta complejidad. Prometer lo que el Estado no puede pagar no es un problema de comunicación, es un problema de credibilidad que, con el tiempo, erosiona la confianza ciudadana en la propia política de seguridad”. En ese sentido, una salida viable sería priorizar los recursos en materia de seguridad. A la receta se le suma un ingrediente más: la política criminal. Si bien la fuerza pública puede contener, no puede por sí sola desmantelar por completo una organización criminal. Para ello es necesaria la investigación, judicialización, inteligencia financiera, la extinción de dominio y el sistema penitenciario.
En ese campo, los investigadores resaltan que existe la nueva ley de sometimiento, una herramienta que el país necesitaba, pero ponen sobre la mesa la necesidad de que el Estado tenga la capacidad de que funcione. Otro de los temas que aborda el informe es la política de drogas. Si bien el narcotráfico fue el centro de la campaña de De la Espriella, en materia, el piloto de aspersión con glufosinato de amonio en Putumayo ha sido suspendido por varias movidas judiciales, los programas de sustitución aún no están claros, y según datos de la FIP, las incautaciones se redujeron un 6% frente a 2025. El informe advierte que el riesgo de todo esto es la parálisis. “Sin aspersión, sin sustitución y sin una estrategia territorial, la coca seguirá expandiéndose y, con ella, las rentas de los grupos armados”.
Además de identificar los retos en los primeros 100 días de gobierno, de cara a los próximos años, la FIP propone reorientar la estrategia de seguridad teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la legitimidad institucional, reemplazar la medición en bajas o capturas por recuperación de gobernanza, fortalecer las estrategias contra los drones, así como priorizar la acciones para definir los programas de sustitución de cultivos.
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Gilberto(54899)•14 de noviembre de 2026 – 09:19PUBLÍMETRO, Col 14 Nov 2026 . . . "He aquí una genial muestra de lo que en realidad significa la vergonzante y hasta delincuencial actividad -encabezada por la Mujer de Abelardo- cuando han pasado más de TRES MESES y los multimillonarios aportes NO APARECEN por ningún lado y – a pesar de una tutela que le ordena informar, ella y su "Fundación Milagro" sigue negándose a mostrar en dónde están" Mientras tanto, el PAYASO de TEMU, con ínfulas de dictador, se pasea entre los muertos de jóve
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RICARDO(81050)•14 de noviembre de 2026 – 08:59Frescos, no le boten corriente que el payaso milagroso lo va a solucionar todo a punta de videos en YouTube.
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Felipe(94028)•14 de noviembre de 2026 – 08:17La FIP pone buena intención en este informe, dirigido más a la opinión pública que al gobierno porque, obviamente, los servicios de inteligencia, el ejército y la policía tendrán igual o mejor información. Decir a los militares que ahora hay drones bombarderos es ofender su capacidad cognitiva, igual que decir que, eliminado un jefe bandido, se reemplaza por otro. El agua moja y lo sabe hasta Abelardo, que se disfraza de pistolero para ofrecer a sus votantes lo que quieren ver y oir.
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Felipe(94028)•14 de noviembre de 2026 – 08:05En este país, directa o indirectamente, son varios millones las personas que viven de la cocaína, un negocio aun mayor que, por ejemplo, la construcción o el petróleo. Hay medio millón de familias cocaleras, que no sustituyen cultivos por 2 razones principales: A) Los bandidos que dominan los territorios no se lo permiten y B) Ganan mucho más elaborando ladrillos de pasta base que cultivando yuca. Son colaboradores necesarios del narcotráfico, lo saben y no renunciarán a ello.
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Amaranto De Jesús(v8lb8)•14 de noviembre de 2026 – 04:50Buen analisis. Es innegable una visión mediática y una ausencia de política pública ee seguridad integral y protección de los derechos humanos. Debe incluirse el lavado de activos y el contrabando como soporte del circuito de economía criminales y la cooptacion y reconfiguración del Estado Territorial.
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jomavasu(adh7f)•13 de noviembre de 2026 – 23:50Mientras exista consumo, existira producciòn.
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Felipe(94028)•14 de noviembre de 2026 – 07:53Esa es la gran mentira traqueta que se creen los incautos. El mercado de consumo fue creado, mantenido y se expande por los propios traquetos y sus socios internacionales, por ejemplo, enviciando a adolescentes a los que convierten en jíbaros de otros, una pirámide tan macabra como eficaz. Cada país combatirà el narcotráfico como quiera o pueda, nuestra obligación es no producir ni exportar cocaína.
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Álamo(88990)•13 de noviembre de 2026 – 20:46Está muy claro: "Cada abuso, cada exceso y cada descalificación al opositor es un costo que termina pagando la propia estrategia". Lo difícil es que por falta de cacúmen el lechuguino y su combo no entiendan esta obviedad. Y ahí vamos… pa’l estanco. ¡No más violencia MÁS IVA!!