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Congreso archivó proyecto que impedía que alcaldes de Bogotá buscaran la Presidencia

La plenaria de la Cámara de Representantes hundió en segundo debate la iniciativa para modificar la Constitución que le cerraría la puerta a mandatarios de la capital para que aspiren a la Casa de Nariño después de su periodo en el Palacio de Liévano.

Este es el panorama en la Cámara de Representantes para la posesión del nuevo Congreso este 20 de julio.
El Congreso archivó el proyecto radicado por el representante David Cote (Centro Democrático).
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El proyecto para reformar la Constitución con el que se le cerraría la puerta a los alcaldes de Bogotá que quieran llegar a la Presidencia terminó hundido en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. La iniciativa de acto legislativo buscaba que fuera inhabilitado "quien haya sido elegido y ejercido en propiedad el cargo de alcalde mayor de Bogotá durante el período constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial".

Previamente, el articulado había sido aprobado en Comisión Primera el pasado 27 de octubre, con la ponencia positiva de la representante Carol Borda (Salvación Nacional). Sin embargo, en esta ocasión, el pleno de la corporación no le dio el aval para que continuara su proceso.

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"Los últimos siete alcaldes, todos, sin excepción, se han lanzado a la Presidencia de la República, generando perjuicios enormes. Esto genera una pelea entre los que están en la Presidencia, de no dejar subir al alcalde mayor, y el alcalde mayor llegar a la Presidencia", indicó David Cote (Centro Democrático), autor del proyecto.

El articulado planteaba un régimen de transición y habría aplicado desde la elección presidencial de 2034. Eso, entre otras cosas, habría permitido que el actual mandatario distrital, Carlos Fernando Galán, pudiera aspirar a la Casa de Nariño en 2030. Incluso, entre los argumentos que esgrimían las firmas que respaldaban el proyecto, estaba que "la Constitución ya admitía un diseño electoral diferenciado para Bogotá" y eso se veía, entre otras cosas, en la posibilidad de que se vote una segunda vuelta en las territoriales para el Palacio de Liévano.

Actualmente, esa inhabilidad para lanzarse a las elecciones presidenciales aplica para quienes, un año antes de la elección, hayan ejercido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral (CNE) o del Consejo Superior de la Judicatura; ministro; procurador general de la Nación; defensor del Pueblo; contralor general de la República; fiscal general de la Nación; registrador nacional del Estado Civil; director de departamento administrativo; gobernador de departamento o alcalde mayor de Bogotá.

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En todo caso, el proyecto tenía tiempos apretados. Al ser una iniciativa para reformar la Constitución, tenía que pasar los primeros cuatro debates en el periodo legislativo en el que fue radicado, es decir, antes del 16 de diciembre. Aunque el representante Cote fue enfático en que se trata de una iniciativa necesaria para evitar el uso del Palacio de Liévano como un "trampolín político", este no recibió apoyo necesario.

En un proceso similar está la iniciativa para limitar el periodo de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2028. El articulado fue presentado por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y necesita ser aprobado este martes para pasar a las discusiones en Cámara de Representantes y cumplir con los tiempos requeridos por la ley.

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