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La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, por medio de las redes sociales de la cartera, informó que le había solicitado al Ministerio de Hacienda una reducción de COP 386.173 millones de su presupuesto de inversión para 2026. Esta decisión, dijo, hace parte de las medidas de austeridad y ajuste del gasto público.
"En el Ministerio de Educación estamos tomando decisiones para que los recursos de los colombianos se administren con responsabilidad, transparencia y cumplan su verdadero propósito, estar al servicio de la educación (…) estamos haciendo todo para que el esfuerzo de austeridad empiece por nuestra casa", aseguró la ministra.
Con estas medidas, explicó la cartera, buscan optimizar los recursos disponibles y garantizar que el dinero destinado al sector educativo se utilice de manera eficiente. De hecho, aclaró que, por medio del Decreto 1585, se aplicó una primera reducción de COP 13.341 millones y quedaron pendientes otros COP 372.832 millones para un ajuste posterior.
Además de estas sumas, la cartera identificó otros COP 11.726 millones que también busca incorporar a este recorte. "Las medidas también se demuestran en las decisiones sobre los gastos de funcionamiento. Por eso expedimos una circular que estableció lineamientos de austeridad", dijo la ministra.
El documento del que habla Hoyos es la Circular 054 de 2026, en la que el Ministerio de Educación estableció lineamientos para controlar y autorizar las comisiones de servicio y los desplazamientos de sus funcionarios.
Uno de los resultados, de acuerdo con los datos presentados por la cartera, apuntó a que el número de comisiones mensuales pasó de 422, entre enero y julio de 2026, a 119 entre agosto y octubre. "Representó una reducción del gasto mensual, que pasó de COP 440 millones a COP 131 millones", se lee en el comunicado.
Otra de las decisiones que tomaron giró en torno a la contratación por prestación de servicios. De acuerdo con la ministra, "mientras entre enero y julio de 2026 se celebraron 795 contratos por COP 88.000 millones, entre agosto y noviembre se han celebrado únicamente siete contratos".
Hoyos aclaró que con estos ajustes de austeridad no buscan reducir la calidad ni la cobertura de la educación, sino "revisar los gastos, optimizar los recursos y priorizar las inversiones que permitan garantizar el derecho a la educación en el país".
Esta decisión, sin embargo, no cayó muy bien dentro del sector educativo. Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, señaló que estas medidas realmente son un golpe directo a las aulas. "Pretenden quitar más de COP 7.100 millones a la dignificación docente, más de COP 3.000 millones a la jornada escolar y COP 2.590 millones al aseguramiento de la calidad de la educación superior", aseguró.
El exministro de Educación del Gobierno Petro, Daniel Rojas Medellín, también se pronunció y dijo que este recorte es un "atentado sin precedentes contra la niñez y la juventud. Marchitan los programas que previenen el reclutamiento, elevan la calidad, garantizan el bachillerato completo, que aumentan cobertura y gratuidad".
Martha Alfonso, ejecutiva de Fecode, señaló que ya había advertido de este recorte desde octubre y que implicaría que se cancelen nueve proyectos. "En proceso estaban por cancelar siete más, como el ascenso y reubicación salarial para los maestros regidos por el 1278″, advirtió.
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