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Luego de que se conocieran revelaciones sobre un presunto mal uso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), durante el gobierno de Gustavo Petro, que tendría eventuales fines electorales, se abrió la polémica en el Congreso de la República. Desde allí piden que se realicen indagaciones sobre las acciones del exdirector del DNI, Rene Guarín.
Esta semana se reveló que Guarín, último director bajo el gobierno Petro, habría intentado tener acceso al censo electoral antes de la primera vuelta presidencial de 2026. El requerimiento habría sido enviado a la Registraduría, por Guarín, dos meses antes de la primera vuelta. En el asunto del documento, revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se lee: “Envío de información de contrainteligencia”. Desde el Congreso, los sectores oficialistas hacen un llamado a los entes de control y a la Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo para que avancen con las investigaciones pertinentes sobre lo que han calificado como un "ataque a la democracia".
Los sectores que desde las elecciones llamaron la atención sobre las críticas del entonces presidente Petro sobre el sistema electoral, ahora relacionan estos mensajes con la petición del que era la cabeza de la entidad de inteligencia civil del Estado, adscrito directamente a Presidencia. "Mientras agitaba públicamente las dudas sobre la transparencia electoral, desde la DNI se habría ordenado intervenir el censo electoral (algo sin precedentes) y se intentaba vulnerar el sistema para alterar los resultados", advierte Juan Caicedo (Centro Democrático) sobre la solicitud revelada en las últimas horas y los señalamientos del entonces jefe de Estado hacia la Registraduría.
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El requerimiento, del que aún no se conoce si derivó en algún tipo de influencia sobre las elecciones, pone en discusión el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 que fortaleció el marco jurídico de "organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir adecuadamente con su misión constitucional y legal". Este artículo prohíbe usar la inteligencia "para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición".
Particularmente, se solicitaban datos personales de los votantes como su número de cédula, género, edad y puesto de votación. Según señaló la unidad de investigación del canal de televisión, la Dirección habría justificado el requerimiento en la supuesta protección de la seguridad nacional, sin, aparentemente, aportar un soporte legal válido.
En esa misma línea, el documento conocido en las últimas horas advierte que la solicitud se realizó: “Para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar”.
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"Es una solicitud expresa y documentada para obtener el censo electoral (…) es un precedente gravísimo del cuál nos defendió la Registraduría. Esta gente (el gobierno Petro) abusó del poder para favorecer a su candidato presidencial, Iván Cepeda", afirmó el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, mientras que hizo un llamado para que la Fiscalía avance en las investigaciones sobre la DNI, pues aseguró que es "la única que tiene competencia para resolver cuestiones de fondo".
El editorial de El Espectador de este miércoles 18 de noviembre llamó la atención sobre la importancia de tener un debate serio sobre los contrapesos a este tipo de entidades en una democracia, tomando en cuenta el contexto de "las constantes mentiras y manipulaciones que el expresidente Petro lanzó sobre el proceso electoral". Hernán Penagos, registrador nacional, habló con El Espectador sobre los señalamientos del expresidente Petro sobre el sistema electoral y advirtió que "no pueden seguir degradando a una entidad que debe hacer elecciones en el año entrante para que la ciudadanía pierda confianza".
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De hecho, Penagos presentó una tutela en contra del exjefe de Estado, quien lo señaló de estar detrás de un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales. El Consejo de Estado señaló que Petro vulneró el derecho al buen nombre de la Registraduría como institución y que ninguno de sus señalamientos fueron debidamente sustentados.
Sin embargo, el Pacto Histórico y el exmandatario han negado los señalamientos sobre una supuesta injerencia en el sistema electoral bajo el que el presidente De la Espriella llegó a la Casa de Nariño. De hecho, es el mismo sistema bajo el que el expresidente Petro ganó las presidenciales en 2022. Pese a los señalamientos de exjefe de Estado, ni entes de control nacionales ni la comunidad internacional que observó las elecciones ha señalado ningún tipo de irregularidad o fraude.
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Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), excongresista coautor de la ley de inteligencia, afirmó que este articulado da salidas para hacer control político sobre esta solicitud y la información potencialmente recolectada. El líder del Nuevo Liberalismo advierte que se debería depurar todo dato recogido ilegalmente, además de requerir a los exdirectores del DNI cada orden de operaciones y al inspector de la inteligencia civil solicitarle precisión sobre quién autorizó la solicitud y con qué soportes. También afirmó que los entes de control como Procuraduría y Contraloría deben investigar de fondo la cadena de mando sobre la polémica solicitud.
Este no es el único ruido que rodea la gestión de la Dirección Nacional de Inteligencia en la administración Petro, pues la Contraloría ordenó revisar cinco contratos de esta entidad que superarían los COP 20.783 millones. Entre ellos se incluye la compra de un helicóptero no tripulado por cerca de COP 9.000 millones, la adquisición de tres sistemas antidrones por COP 8.340 millones y la contratación de equipos tecnológicos y plataformas para las labores de inteligencia y contrainteligencia.
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