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La séptima reunión de Ministros de Ambiente UNEA 7 en Nairobi, que se desarrolló entre el 8 y el 12 de diciembre, fue un espacio donde se percibieron las dificultades para lograr consensos frente a los complejos retos ambientales mundiales; la necesidad urgente de tomar medidas –resaltada por los científicos y demás grupos principales de consulta– y la desconfianza que prima en el entorno frente a las visiones divergentes sobre el futuro del planeta y de las esferas de influencia de cada país.
La urgencia para tomar medidas quedó reflejada en el informe GEO 7 del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), que evidenció la acelerada degradación ambiental, la interrelación entre el cambio climático, con un calentamiento registrado de 1,3 °C; la pérdida de biodiversidad, con 1 millón de especies en peligro de extinción; y la degradación de suelos, con 100 millones de hectáreas anuales por contaminación y residuos.
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Este panorama muestra la peligrosa cercanía, cada día mayor, a los límites planetarios. Sin embargo, el informe también señala el camino para tomar acciones inmediatas que conduzcan a objetivos concretos, al diseño de políticas ambientales que comprometan a la sociedad y a los gobiernos integralmente –no solo los Ministerios de Ambiente–; al aprovechamiento de la tecnología para lograr transformaciones necesarias; y a un cambio radical e interconectado de los sistemas financieros, económicos, energéticos, alimentarios y de materiales y residuos.
Para lograr todo esto se deben tener aproximaciones nacionales y regionales, que lleven a una mayor cooperación internacional y al fortalecimiento de las instancias de toma multilateral de decisiones que, paradójicamente, está en crisis.
El espinoso camino de los minerales críticos
Entre las posiciones exhibidas en UNEA, al inicio irreconciliables y que pasaron a algunos (pocos) acuerdos, vale la pena destacar dos: la resolución para fortalecer la respuesta a las floraciones masivas de sargazos que, presentada por República Dominicana, logró avances aunque sin llegar al alcance planteado inicialmente. La otra es la de minerales y metales que presentó Colombia, que logró un acuerdo para continuar un diálogo mundial con reglas de juego determinadas y cuyos resultados –tendientes a buscar acuerdos– deberán presentarse en la próxima UNEA 8, en 2028.
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Sobre este último caso vale la pena hacer un énfasis: el proceso había comenzado con una propuesta, presentada en la COP16 de Cali, que pretendía un acuerdo vinculante para la trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro de minerales. Esta iniciativa fue vista como necesaria para identificar con claridad los flujos de minerales en el mundo, tanto en los países productores como en los compradores. Haciendo hincapié en el oro, el espíritu de la propuesta buscaba disminuir los impactos sociales y ambientales que se han venido potenciando por los altos precios y la demanda en ascenso de los minerales y metales.
También, indirectamente, puso en discusión la necesidad de una mejor redistribución de ingresos para los países productores y el involucramiento de toda la cadena de suministros para que los compradores asuman una mejor gestión ambiental y social.
Al final, la resolución aprobada plantea que se compilen propuestas de los gobiernos, que haya puntos focales designados y que se garantice la participación equitativa de las diferentes regiones para fortalecer la participación de los países en desarrollo. También incluyó la voluntad de mejorar la cooperación internacional para la gestión sostenible de la explotación minera, así como la recuperación de recursos minerales de los residuos mineros, lo que a su vez planteó la necesidad de fortalecer la circularidad, la unión de capacidades y la transferencia tecnológica.
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Cada palabra fue discutida, peleada, hasta conseguir consensos en los que, del acuerdo vinculante, pasamos a un grupo de trabajo formal y de diálogo.
En la última etapa del proceso hubo un ‘mico’ propuesto por Rusia que finalmente quedó y que resta peso en la declaración. La modificación determinó que los resultados no establecen una nueva vía de negociación, una idea que recoge los miedos permanentes por entrar en diálogos complejos y estructurales sobre los sectores productivos, y que, por ejemplo, se vienen dando en el Comité Intergubernamental de Negociación (INC) para la contaminación por plásticos. Esta fue una nube permanente que desde el primer momento acompañó los diálogos de Nairobi y que, llamativamente, resultó contrario a las recomendaciones que el GEO 7 ya había señalado.
Acuerdos que no logren ni tiendan a un compromiso vinculante, ni establezcan estándares para saldar los impactos de más 20 años, y que tampoco incluyan cambios sustanciales en la estructura del negocio minero, sencillamente no sirven. Eso ya está probado.
Los desafíos que llevaron a presentar la propuesta inicial de Colombia para un acuerdo vinculante en la cadena de suministro de minerales, están plenamente vigentes y prolongar medidas estructurales sobre el tema cuando cada día incrementan los conflictos en la extracción en todo el planeta, le hace un flaco favor. Seguir dilatando las medidas solo es un llamado a aumentar los conflictos que van desde el control de actores criminales hasta daños irreversibles a ecosistemas y comunidades.
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Insisto: acuerdos no vinculantes, con estándares que comprometen solamente a algunos pocos explotadores mineros –que no representan la mayor parte de la producción minera mundial– que no comprometen a los comercializadores, refinadores ni consumidores finales, no van a funcionar. Tener esta certeza es lo que enmarcará el trabajo que tenemos hacia adelante, en estos dos años siguientes.
No obstante, los países productores, en general ubicados en el Sur Global, aún no logramos una articulación sólida, al tiempo que las inequidades estructurales del negocio minero no solo se mantienen sino que se profundizan.
La buena noticia es que se consolida un grupo de organizaciones ya más nítido, con representación de América Latina, África, Asia y Europa para buscar soluciones y consolidar acuerdos. En este punto ya pasamos de ser caras conocidas, de amigos y colegas que nos encontrábamos en diversas reuniones internacionales, a ser una fuerza conjunta que plantea objetivos más claros en el escenario actual, estrategias, momentos de incidencia y mecanismos que resaltan la capacidades y fortalezas de cada organización o experto que la integra.
También han resaltado gobiernos que entienden que, de no tomarse medidas, se avecinan problemas futuros y anticipan una disminución en su poder de incidencia. En este marco se están organizando reuniones internacionales para analizar posibles mecanismos y una de ellas es la próxima Cumbre sobre Finanzas Ilícitas en las que el gobierno del Reino Unido está planteando la necesidad de revisar las economías ilegales y criminales de la explotación minera de oro.
En general, lo aprobado en la reunión es débil: de no haber cedido como se cedió en muchas de las pretensiones, su balance habría sido dramático. Es lo que hay y abdicar no es posible.
También queda la claridad de dónde vienen las presiones para no lograr avances. El bloque liderado por Arabia Saudita ha sido muy resistente en todas las negociaciones y su argumento se basa en la necesidad de llegar a cambios en el orden mundial en los que ellos no se vean como ‘invitados de piedra’ mientras se mantienen las viejas estructuras de poder occidental, cada día más desuetas.
*Ex viceministro de Ambiente de Colombia
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Por Mauricio Cabrera Leal*
