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A mediados de junio, el Ministerio de Ambiente dio a conocer la captura de 17 personas que estarían presuntamente vinculadas a una red criminal responsable de la deforestación de más de 52.000 hectáreas de bosque en el Meta, y que además, habría participado en el acaparamiento ilegal de 165.678 hectáreas de tierras de la Nación, como informó la cartera.
Según el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), del Minambiente, la organización habría promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales, generando afectaciones sobre ecosistemas estratégicos asociados a los parques nacionales naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, Reserva Nacional Natural Nukak y Serranía de Chiribiquete.
(Lea: Amenazan de muerte a funcionarios que detectaron banda que deforestó más de 52.000 hectáreas)
Dentro de los implicados estaba uno de los empresarios más importantes del sector palmicultor en Colombia: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional italoespañola Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta. También estaba el exalcalde de ese municipio, Jorge Iván Duque Lenis.
Recientemente, la Fiscalía solicitó, en una audiencia, medida de aseguramiento para Vigna, al señalarlo como “el líder de una organización criminal dedicada al acaparamiento de tierras de uso baldío, ejerciendo diferentes actividades como ganadería extensiva y la explotación ilícita de recursos naturales”.
Según la delegada del ente acusador, “la presente indagación en contra de Poligrow y su director se centra en la presunta acumulación de tierras baldías de la Nación, superando precisamente ese límite de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) mediante complejas maniobras de compraventa y fraccionamiento de predios”.
(Lea: Las 69 preguntas que envió el minambiente designado por De la Espriella a Irene Vélez)
La decisión sobre su libertad se tomará el 22 de julio. Mientras tanto, los demás capturados quedaron en libertad. Blu Radio dio a conocer que Vadid Aljure Peña, Tufik Aljure Peña, Loris Aljure Peña, Dumar Gontran Aljure Martínez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz y Liliana Edith Bustos Méndez comparecieron en el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Villavicencio, el cual concluyó que no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación necesaria para imponer una medida de aseguramiento,
Por otro lado, Eiby Lucía Rodríguez Lara, John Humberto Rodríguez Gómez, Jorge Avendaño Rodríguez, Andrés Enrique Fonseca Romero, Jaime Romero Romero, Sandra Milena Ladino Ramírez, Eduardo Santos Leguizamo Barreto y Jorge Iván Duque también fueron dejados en libertad después de que el juez no legalizara sus capturas.
Este caso ha provocado amenazas de muerte a algunos de los funcionarios que estuvieron al frente de la investigación. Otros han sido víctimas de “actos de intimidación” por el operativo, según afirmó el Ministerio de Ambiente.
De acuerdo con esa cartera, el 12 de junio de 2026 llegó al correo institucional del Conaldef “un mensaje con contenido intimidatorio y amenazas contra la vida de funcionarios vinculados a este proceso. El texto advierte represalias por adelantar este operativo y exige cesar cualquier acción institucional”.
Ese mismo día, la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, “recibió una llamada relacionada con este caso que generó preocupación por su carácter intimidatorio”.
Un día más tarde, señala el Ministerio, “se identificaron hechos que podrían constituir una intervención irregular de comunicaciones y de contrainteligencia en el domicilio de la ministra Vélez Torres, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación”.
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