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Entre las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que fueron radicadas hace unos días en el Congreso de la República, uno de los puntos que ha generado debate es cuál será el modelo de desarrollo de Caquetá y Putumayo durante los próximos cuatro años. Estos departamentos, que ecológicamente hacen parte de la Amazonia, se debaten entre un futuro que priorizaría la conservación y otro que impulsaría las actividades agropecuarias.
La propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella es que Caquetá y Putumayo hagan parte, junto con Huila y Tolima, de la denominada región Centro Sur. La apuesta, en realidad, no es nueva, y mantiene la lógica territorial de un decreto expedido durante el gobierno de Gustavo Petro, el 1229 de 2025, para la elaboración de planes de trabajo regionales.
Aunque eso no modificaría los límites departamentales ni crearía nuevas entidades territoriales, sí orientaría los modelos de desarrollo de cada una de las regiones. En otras palabras, tendría efectos sobre la formulación de políticas públicas, así como en la destinación de recursos de los territorios.
Por ejemplo, en las bases del PND, la región amazónica (que conformarían Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas), se plantea como una reserva de biodiversidad, con vocación en la bioeconomía, el turismo de naturaleza y los servicios ecosistémicos que ofrece el bosque. En cambio, el Centro Sur se concibe como la “despensa agropecuaria” del centro del país, enfocada en cafés especiales, arroz, frutas y la piscicultura. La prioridad del gobierno en esta última es mejorar la conectividad entre sus zonas productivas y los mercados, así como agregar valor a sus cadenas agroindustriales.
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) fue una de las primeras en pronunciarse en contra de dicha propuesta de regionalización. A sus ojos, no incluir a Caquetá y Putumayo en la región amazónica sería desconocer la integridad de esta selva tropical, la más grande del mundo. “La Amazonia no es una suma de departamentos ni un espacio disponible para ser reorganizado según las prioridades económicas de cada gobierno. Es un sistema de vida sustentado en relaciones territoriales, culturales y espirituales, cuya conectividad ecológica trasciende las divisiones político-administrativas”, señaló, a través de un comunicado.
Entre sus argumentos, la organización recordó que la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sentencia STC-4360 de 2018, reconoció a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos, comprendiendo a los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. En ese momento, el alto tribunal ordenó al Estado y a las entidades territoriales adoptar acciones para protegerla, conservarla y restaurarla. Cabe apuntar que la Amazonia ha sido, históricamente, la región más afectada por la deforestación. De hecho, en 2025, Caquetá fue el departamento más golpeado por este fenómeno, con una pérdida de 30.414 hectáreas de bosque.
La inclusión de Caquetá y Putumayo en la región amazónica también ha sido respaldada por la evidencia que ha producido el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), a partir de criterios hidrográficos, biogeográficos y político-administrativos. Para WWF Colombia, entonces, una visión fragmentada de estos territorios desconocería la evidencia científica y el conocimiento tradicional sobre la conectividad del bioma amazónico, así como su cercanía a un punto de no retorno.
Para la OPIAC, además, resulta contradictorio que se reconozca la integridad de la Amazonia para su conservación (como la lucha contra la deforestación), pero no para definir sus prioridades de desarrollo e inversión pública.
Margarita Flórez, abogada y directora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), una reconocida organización ambiental en Colombia, subraya que en esas zonas de piedemonte es, precisamente, donde nacen grandes ríos como el Putumayo, que desembocan en el más caudaloso del mundo: el Amazonas.
“El llamado es a mirar con muchísimo cuidado el impacto que esto puede tener sobre los grandes ríos amazónicos”, advierte Flórez. De manera similar opina Miguel Ángel Rubio, representante a la Cámara por Putumayo y uno de los coordinadores de la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonia, quien desde ya anticipa una oposición a esta propuesta del PND. “En Caquetá y Putumayo, que hacen parte de la andino-amazonia, nacen nuestros ríos. Que por una decisión política se modifique algo que la misma naturaleza nos ha brindado, genera una situación preocupante. El bioma amazónico es uno solo”, afirma el congresista.
WWF Colombia subraya la importancia del piedemonte de Caquetá y Putumayo, pues alberga varios corredores de especies y es donde la Amazonia se conecta con los Andes. La organización añade que las bases del PND implican el riesgo de fragmentar la planificación y gestión de un sistema de conservación de esta selva tropical, separando áreas protegidas y territorios colectivos que cumplen funciones ecológicas complementarias. Por tanto, requieren inversiones, instrumentos de manejo y metas articuladas.
"El propio PND deja preguntas: afirma que la vocación de la Amazonia depende del bosque en pie y de su integración fluvial, y que conservarlo es más eficiente que restaurarlo; señala su vulnerabilidad ante la sequía y la variabilidad climática, y pide mayor integración con los países vecinos. En Centro Sur, en cambio, los efectos del sistema aparecen solo como problemas locales: incendios forestales y cambio climático", dijo WWF Colombia a este diario.
Una propuesta que no es nueva
Flórez cuenta que no es la primera vez que una idea de este tipo se pone sobre la mesa. El PND del segundo mandato de Juan Manuel Santos (2014 – 2018), creó la región Centro-Sur-Amazonia, que, a su vez, se dividió en dos grandes subregiones. Por un lado, la franja andina fue conformada por Tolima, Huila, y parte de Caquetá y de Putumayo; por otro lado, la franja amazónica la integraban los departamentos de Amazonas, Putumayo y el sur de Caquetá.
En esa región, los lineamientos de política pública se enfocaron en el desarrollo del campo, la conservación del patrimonio ambiental y cultural y en fortalecer el capital humano. Para Ambiente y Sociedad, no obstante, la política extractiva también se empezó a percibir como un importante eje de desarrollo, sobre todo para la franja andina. “Es una zona predominantemente montañosa con importantes desarrollos agropecuarios y recursos mineroenergéticos”, definió el PND 2014-2018.
Flórez recuerda que, en aquel entonces, desde su organización cuestionaron la medida. Hoy, ante la nueva propuesta de regionalización, la directora de la AAS sigue teniendo dudas, especialmente sobre la despensa agropecuaria de la que ha hablado el gobierno de De la Espriella y los usos que se le darían a los territorios del piedemonte amazónico. Se refiere a la posibilidad de que se abra la puerta para la intensificación de la actividad ganadera, particularmente en Caquetá, y para que se flexibilicen las condiciones para la minería en Putumayo.
Algunos de los modelos extractivistas han generado descontento en las comunidades locales. Tanto Karla Díaz, politóloga e investigadora en asuntos amazónicos, como Flórez mencionan el caso de las actividades mineras de la empresa canadiense Libero Cobre en Mocoa que, como hemos contado en El Espectador, han provocado tensiones sociales en el territorio.
El representante Rubio plantea una inquietud similar: “Las actividades extractivistas tienen una mayor importancia para este gobierno que para el de Gustavo Petro. A las multinacionales y al gran capital, les interesa extraer los recursos naturales de nuestras montañas. Putumayo ha estado en pie de lucha defendiendo que eso no se haga porque nuestros ríos van a quedar sin el caudal necesario”.
Lo que se entiende por desarrollo
Díaz explica que la definición de las regiones en el PND busca orientar los modelos de desarrollo de cada una de ellas. Mientras que en la administración de Santos, dice, fue evidente la apuesta por la “locomotora mineroenergética”, el gobierno actual le apunta a lo que denomina como megaproyectos, es decir, iniciativas de gran magnitud económica, capaces de atraer inversiones y de transformar las condiciones de desarrollo de las regiones. En específico, en la Amazonia, investigadores como Díaz prevén un avance de los sectores extractivos y de las presiones de la frontera agropecuaria.
“Creo que esta es una vieja estrategia que se reencaucha para buscar los mismos objetivos”, menciona la politóloga. “Estamos viendo una vuelta al pasado, a modelos que privilegian el monocultivo o la expansión ganadera. Esta última no orientada a la pequeña finca campesina, sino a grandes hatosganaderos que serían el motor económico de la región, pero a un altísimo costo ambiental y social”.
Para Angie Durán, investigadora del Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), todavía hace falta abrir y profundizar la conversación sobre los distintos modelos de desarrollo en la región: “Sería mentira decir que solo existe uno”. Para ello, agrega, es clave establecer diálogos con las comunidades locales. De modo similar, Díaz asegura que estas nuevas regionalizaciones se han adelantado desconociendo la historia, las culturas y los procesos organizativos de la Amazonia, así como los intereses propios de las comunidades que la habitan.
Ese es, precisamente, el llamado que hace la OPIAC, pues resaltó que el Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos de los pueblos indígenas a definir sus prioridades de desarrollo, así como a participar en las decisiones que les afecten. “No nos oponemos a la articulación económica, social e institucional de la Amazonía con otras regiones del país”, aseguraron. “Nos oponemos a que esa articulación se construya a costa de nuestra integridad territorial, nuestra autonomía y los derechos conquistados. Caquetá y Putumayo pueden fortalecer sus relaciones con Huila y Tolima sin dejar de pertenecer a la Amazonia”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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