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Durante décadas, Colombia se ha preguntado cómo reconocer y garantizar la diversidad que la constituye. Hoy el desafío es ir un paso más allá: traducir ese reconocimiento en formas concretas de ejercer el poder público y gobernar el territorio.
La Constitución Política de 1991 abrió para el país una posibilidad histórica: construir un Estado capaz de reconocer la diversidad que lo constituye y garantizar derechos desde el pluralismo. El reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, de los territorios indígenas como entidades territoriales y de la autonomía de los pueblos indígenas expresó una transformación profunda en la manera de comprender el Estado, el poder público, la democracia, y la ciudadanía.
Más de treinta años después, Colombia tiene ante sí la oportunidad de llevar ese mandato constitucional a una nueva etapa.
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Las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) son el resultado de más de cinco décadas de construcción política y jurídica en las que los pueblos indígenas, los gobiernos nacionales, el Congreso, las altas cortes y la sociedad civil han contribuido, desde distintos lugares, a hacer realidad este pacto constitucional. Es un proceso que ha atravesado diferentes gobiernos y que ha sido sostenido por los tres poderes públicos. En diciembre de 2025, Colombia alcanzó un momento histórico con la formalización de las primeras ocho ETI. El desafío ahora es asumir una política de Estado para garantizar la efectiva consolidación y funcionamiento pleno de las Entidades Territoriales Indígenas como parte estructural del ordenamiento político administrativo del país.
Las ETI representan una de las expresiones más concretas y avanzadas de profundizar nuestra democracia y hacer efectivo el pluralismo constitucional colombiano. Su consolidación permite materializar la descentralización política, administrativa y fiscal, creando mejores condiciones para cerrar brechas históricas de inequidad y garantizar derechos desde las particularidades de cada territorio.
Colombia puede demostrar que construir Estado no significa que todos debamos gobernar de la misma manera. Significa crear las condiciones para que distintas formas de entender la vida, el territorio, la autoridad y el bienestar puedan ejercer poder público y coordinarse dentro de un mismo Estado, con responsabilidades claramente definidas, compartidas y respeto por la autonomía.
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Esta es una experiencia pionera. Las ETI abren la posibilidad de desarrollar una arquitectura de coordinación intergubernamental entre instituciones estatales no indígenas y gobiernos indígenas, reconociendo que existen distintas formas de ejercer autoridad pública y diferentes maneras de organizar la vida colectiva. Colombia tiene la oportunidad de mostrar al mundo cómo un Estado puede construirse entre diferentes, sin negar la diversidad que lo constituye.
En la Amazonia, esta posibilidad adquiere una dimensión aún mayor.
Los gobiernos indígenas son actores fundamentales para sostener la integridad territorial y ecosistémica de la región. Los territorios bajo gobierno indígena presentan más del 99 % de sus coberturas naturales altamente preservadas, de acuerdo con información de MapBiomas Colombia. Esta cifra expresa una relación histórica entre las formas de gobierno territorial, los sistemas de conocimiento y los modos de vida de los pueblos indígenas, una relación cuya importancia trasciende estos territorios y tiene consecuencias directas para Colombia y para el planeta
La Amazonía es una fuente vital para el equilibrio climático, la biodiversidad, el agua y la estabilidad ecológica regional y global. También es un territorio estratégico para la seguridad multidimensional de Colombia. Su protección está relacionada con la seguridad hídrica, climática, alimentaria, económica y territorial, prevención de conflictos y economías ilícitas y con la capacidad del Estado para mantener presencia, gobernanza y cohesión en una región fundamental para el país.
Desde esta perspectiva, fortalecer los gobiernos indígenas y consolidar las ETI no es únicamente una política de reconocimiento de derechos: es una estrategia de gobierno del territorio y de protección de la vida.
Las ETI articulan la autonomía indígena con las obligaciones que tienen en tanto Estado y permiten construir políticas públicas desde las particularidades de cada territorio. En esa relación, los Planes de Vida, los sistemas propios de conocimiento, las autoridades indígenas y sus formas de organización entran en coordinación con las instituciones nacionales y territoriales. Es también una oportunidad de ampliar nuestra manera de entender el desarrollo, los horizontes de futuro, y el bienestar, reconociendo los límites ecológicos y la interdependencia entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza.
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Por eso, consolidar las ETI debe ser una política de Estado de enorme trascendencia para Colombia. No se trata de profundizar una división entre el Estado y los pueblos indígenas. Se trata precisamente de lo contrario: de construir un Estado más capaz de gobernar un país diverso, reconociendo diferentes formas de autoridad y generando mecanismos efectivos de coordinación entre ellas.
En un momento en que las democracias enfrentan profundas tensiones y en que el mundo busca respuestas frente a la crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad, Colombia tiene la posibilidad de mostrar que el reconocimiento de la diversidad puede ser una fuente de fortaleza institucional; que la autonomía puede coexistir con la unidad del Estado; y que la protección de la naturaleza puede ser parte central de una estrategia de gobierno y de seguridad.
Las ETI son, en este sentido, una oportunidad para Colombia: para profundizar la democracia inaugurada por la Constitución de 1991, construir Estado entre diferentes y para demostrar que gobernar reconociendo la diversidad puede ser también una de las formas más efectivas de proteger la Amazonía y sostener la vida.
Consolidar este proceso permitiría que Colombia convierta una construcción de más de cinco décadas en una experiencia pionera de alcance mundial: un Estado que reconoce distintas formas de ser humanidad, distintas formas de ejercer el poder y distintas maneras de construir bienestar, y que encuentra en su coordinación una fuerza para proteger uno de los territorios esenciales para el futuro del planeta. En este momento histórico, las ETI pueden ser leídas como una herencia de la Constitución de 1991, pero también como una oportunidad para el futuro: una oportunidad para que Colombia profundice su democracia, fortalezca su Estado y ejerza liderazgo internacional desde una experiencia propia de gobierno, pluralismo y protección de la Amazonía.
*Julieth Rojas Guzmán, Subdirectora Técnica y Política -Fundación Gaia Amazonas
**Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y la Fundación Gaia Amazonas
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Por *Julieth Rojas Guzmán
