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La Contraloría General de la República le envió una solicitud de información a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) sobre el proyecto de Fibra Óptica para la Amazonía que, como contamos la semana pasada, fue cancelado por la ministra Falla.
De acuerdo con el contralor delegado para el sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Héctor Hernán González, el ente de control le había manifestado al gobierno entrante “la especial relevancia del proyecto (...) en consideración a su importancia estratégica y al impacto que su ejecución representa para la población de la región amazónica, especialmente en términos de conectividad, acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y reducción de la brecha digital”.
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Como contamos en este artículo a mediados de abril de este año, el objetivo del proyecto, que contemplaba una inversión de cerca de COP 1 billón, era llevar internet a zonas dispersas de la Amazonia a través de grandes cables de fibra óptica en el fondo de los ríos. De acuerdo con Carina Murcia, minTIC de ese momento, alrededor de 100.000 hogares se verían beneficiados.
La semana pasada, sin embargo, la nueva ministra señaló que el proyecto sería cancelado “después de un análisis administrativo, jurídico, financiero, técnico, ambiental y de cobertura”.
Ante esta decisión, la Contraloría elevó una serie de solicitudes a la cartera. Para el ente de control, se lee en el documento, “resulta necesario conocer, con suficiencia y precisión, el alcance jurídico, técnico, contractual, presupuestal y financiero de la decisión anunciada, así como sus efectos sobre la gestión y los recursos públicos vinculados al proyecto”.
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En ese sentido, la Contraloría pidió precisar qué debe entenderse, en términos jurídicos y administrativos, por la expresión “cancelado”, que fue utilizada por el MinTIC en el comunicado de prensa de la semana pasada. En concreto, la cartera deberá explicar si corresponde a terminación definitiva del proyecto, suspensión, desistimiento, reformulación, modificación de su alcance, terminación de los instrumentos contractuales asociados o sustitución por una nueva iniciativa.
Además, el MinTIC debe remitir el acto administrativo, decisión contractual o instrumento jurídico que fue utilizado por la cartera para materializar o formalizar dicha determinación.
“De igual manera, se solicita informar de manera detallada cuáles son los efectos derivados de la decisión respecto de las actuaciones y avances previamente ejecutados, especificando el estado de los componentes técnicos, jurídicos, administrativos y contractuales desarrollados hasta la fecha, así como su grado de avance”, agregó el ente de control.
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Otro de los puntos claves del requerimiento apunta que la cartera deberá exponer de manera clara y debidamente soportada “las razones técnicas, jurídicas, contractuales, financieras, presupuestales y administrativas que fundamentaron la decisión de cancelar el proyecto, identificando y remitiendo copia de los estudios, conceptos, informes, análisis de riesgos, evaluaciones, actos administrativos y demás documentos que sirvieron de sustento para su adopción”.
Como último punto, el MinTIC debe informar cuáles son las acciones o alternativas para garantizar la continuidad de los objetivos de política pública asociados al cierre de la brecha digital y al acceso efectivo. a los servicios de la conectividad en la región amazónica. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento público por parte del ministerio ni de la ministra Falla.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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