Mientras las agujas del reloj marcaban cada vez más cerca el cierre del gobierno de Gustavo Petro, que terminó su mandato este jueves, 6 de agosto, el Ministerio de Ambiente, en cabeza de Irene Vélez, sacó una serie de normas que había prometido, pero que podrían ser frenadas o transformadas por la nueva administración.
Uno tiene que ver con una promesa que había hecho la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, durante la COP30, realizada en la Amazonia brasileña a finales del año pasado. En la cumbre climática de las Naciones Unidas, la funcionaria anunció la intención de declarar toda la Amazonia colombiana como zona de reserva libre de actividades de gran minería e hidrocarburos.
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En contexto: Declaran la Amazonia como reserva, no se otorgarán nuevos contratos mineros ni de petróleo.
Aunque el anuncio se replicó rápidamente en varios medios de comunicación, y muchos lo aplaudieron, para ese momento, la iniciativa todavía no había quedado en firme, pues el ministerio debía adelantar el proceso de consulta previa con los pueblos de la Amazonia. Solo fue hasta hace poco que inició ese proceso: entre el pasado 25 y 26 de junio, durante una sesión de la Mesa Regional Amazónica (MRA), un espacio de concertación entre los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana y el Gobierno Nacional.
Aunque quedaron algunos cabos por atar —como un proceso inconcluso de consulta previa con los Consejos Comunitarios de comunidades negras, en cuyos territorios se adoptó una medida transitoria— el Minambiente decretó, oficialmente, el bioma amazónico colombiano como una “reserva de los recursos naturales renovables definitiva”. La medida implica que en los 483.283 kilómetros cuadrados de la región, que representan cerca del 42 % del territorio nacional, ya no se podrán otorgar autorizaciones ni concesiones mineras, no se celebrarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, ni se expedirán nuevas licencias o permisos para este tipo de actividades.
“La reserva tiene por objetivo esencial proteger el bioma amazónico frente a la ampliación de actividades extractivas, en consideración a la altísima importancia a nivel nacional y global que reviste este complejo ecosistémico, que es reconocido como la red fluvial más extensa del planeta, uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del mundo, sumidero de carbono, proveedor esencial de la oferta hídrica del país, entre otros”, se lee en la resolución, publicada en la edición de este 5 de agosto del Diario Oficial. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, subrayó que Colombia es el primero de los ocho países amazónicos en tomar esta determinación.
El Minambiente aclara, en todo caso, que los proyectos que cuenten de manera concurrente con título minero, el instrumento técnico y el instrumento ambiental vigente podrán seguir ejecutándose hasta que termine su contrato, sin lugar a prórroga. De manera similar, los proyectos de hidrocarburos vigentes que se desarrollen a través de contratos y/o convenios, que cuenten con los requerimientos (por ejemplo, plan de manejo ambiental), podrán seguir ejecutándose hasta la terminación de su plazo contractual, también sin lugar a prórroga.
Esta decisión, sin embargo, contará casi de inmediato con resistencia por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Al nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona, no le suena mucho la idea de declarar la Amazonía libre de explotación de petróleo, de gas y explotación de minerales.
Así lo expresó en una entrevista con este diario a principios de julio, en la que aseguró que “reglamentar no es gobernar. Cuando haces ese tipo de exclusiones, lo que estás fomentando es una enorme ilegalidad. Es difícil que haya hidrocarburos ilegales por todo lo que conlleva su extracción. Pero en el caso de los minerales metálicos, oro y demás, pues es la tierra de nadie. Si hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos fomentando es que la ilegalidad llegue masivamente. Entonces, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Eso es un tema más que todo de origen populista”.
Sobre si está abierto a que haya esas actividades de manera legal, Arjona aseguró, en ese momento, que “eso no depende del Ministerio de Ambiente, depende de la propuesta que haga el sector de minas y energía”.
Nuevas reglas para los mercados de carbono
A la normativa en torno a la Amazonia, se suma otra gran deuda que se esperaba en el sector ambiental: la reglamentación sobre los mercados de bonos de carbono en Colombia, algo que había pedido la Corte Constitucional desde mediados de 2024, cuando se emitió la primera sentencia sobre este tema en Colombia.
La normativa, firmada el 4 de agosto, establece varios criterios claves para el funcionamiento de este mercado, como la duración máxima de un proyecto, que puede ser de 15 o 30 años, dependiendo del tipo de iniciativa, o las obligaciones de las empresas a reportar cada fase del proyecto ante el Minambiente. Cuando este decreto se publicó para comentarios, generó diversas reacciones entre empresas y ONG del sector.
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En resumidas cuentas, estos mercados consisten en la compra de ciertos bonos que representan la reducción o la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos pueden ser comprados por empresas y Estados, y son generados a través de actividades como la protección de bosques, la restauración de ecosistemas o, entre otras, la captura de gases de efecto invernadero.
Uno de los puntos que plantea el nuevo decreto es que los proyectos de mitigación o reducción de emisiones, como los que se dedican a la conservación de bosques en territorios indígenas, podrán vender sus bonos de carbono durante cinco años, renovables por dos períodos similares, o tener un único período no renovable de 10 años. Es decir, este tipo de iniciativas podría durar máximo 15 años.
Pero, esos no son los únicos cambios que plantea la regulación del mercado publicada hoy. El Ministerio de Ambiente también establece fuertes controles para los proyectos, que deben contar con la aprobación de esa entidad para pasar de una etapa a otra. El decreto también plantea que se le dará prioridad a la reducción de emisiones a las que Colombia se ha comprometido a nivel internacional y que están planteadas en su estrategia hacia 2030. Esto no quiere decir que no puedan venderse bonos de carbono a nivel internacional, pero los proyectos que quieran hacerlo estarán sujetos a la aprobación del Minambiente.
Arjona, nuevo ministro de Ambiente, también se refirió a este tema cuando conversó con este diario hace unas semanas. Dijo que echaría para atrás los intentos de regulación de este mercado que estaba planteando Irene Vélez.
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