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El Ministerio de Ambiente publicó este jueves, 6 de agosto, en el último día de gobierno, el decreto para reglamentar el mercado de bonos de carbono en Colombia. Esta normativa la había pedido la Corte Constitucional desde mediados de 2024, cuando se emitió la primera sentencia sobre este tema en Colombia.
La normativa, firmada el 4 de agosto, establece varios criterios claves para el funcionamiento de este mercado, como la duración máxima de un proyecto, que puede ser de 15 o 30 años, dependiendo del tipo de iniciativa, o las obligaciones de las empresas a reportar cada fase del proyecto ante el Minambiente. Cuando este decreto se publicó para comentarios, generó diversas reacciones entre empresas y ONG del sector.
En contexto: En su recta final, el Gobierno acelera para regular, por fin, los créditos de carbono.
Además, Fabio Arjona, ministro designado de Ambiente por Abelardo de la Espriella, que llegará mañana a dirigir la cartera, dijo que echaría para atrás los intentos de regulación de este mercado que estaba planteando el actual Ministerio.
Pero, antes de entrar en los detalles sobre la normatividad que acaba de publicar Minambiente, primero es necesario entender: ¿qué son los bonos de carbono?
Así funciona el mercado de bonos de carbono
Para entender cómo funcionan los bonos de carbono, sirve pensar en las aplicaciones de transporte. Cuando usted pide un servicio, la plataforma le ofrece la opción de pagar por uno “carbono neutral”. Esto quiere decir que las emisiones contaminantes que se generan durante el viaje van a ser compensadas por la empresa.
En Colombia, los proyectos que ofrecen esas compensaciones suelen estar ubicados en bosques muy bien conservados, habitados por comunidades indígenas o afrodescendientes. Pero, no son las mismas comunidades quienes ofrecen directamente los bonos de carbono. Como intermediarias actúan una empresa que desarrolla técnicamente el proyecto, calculando la cantidad de emisiones que puede capturar o reducir un bosque, y una verificadora, que certifica que esos cálculos sean correctos y que el bosque exista.
Luego de ese proceso, los bonos pueden salir al mercado, en donde cada uno equivale a una tonelada de emisiones contaminantes (CO2e) reducida y puede venderse entre COP 8.000 y COP 30.000, como han reportado algunos proyectos. Ese mercado puede funcionar a nivel nacional o, desde 2015, a nivel internacional, cuando se creó el mecanismo a partir del Acuerdo de París.
En nuestro país, esas transacciones, hasta ahora, han funcionado sin regulación del Estado y han generado varias controversias.
Una de esas fue por la que falló la Corte Constitucional en 2024. El alto tribunal reconoció que un proyecto ubicado en la Amazonia colombiana vulneró los derechos de las comunidades del territorio indígena Pirá Paraná, en Vaupés. Además, aseguró que la mayoría de este tipo de proyectos en el país presenta quejas de las comunidades por falta de acceso a la información, vulneración de sus mecanismos de participación y la consulta previa, un paso clave para desarrollar proyectos en territorios étnicos.
Hace unas semanas, Juan Sebastián Castellanos, abogado especialista en cambio climático y vocero de Asocarbono, indicó que esta es “una regulación que se requiere, pues hay que tener claro cuáles son los mecanismos y los derechos que tienen las comunidades y el ambiente, y qué hay que hacer desde distintos actores para protegerlos”.
Por su parte, Linda González, investigadora de Censat, nos comentaba hace unas semanas que ve un problema en la propuesta del Minambiente. La consulta previa y el consentimiento “se sitúan solo en la fase de factibilidad (la primera), y deberían estar presentes en todas las fases, incluyendo la formulación, la implementación y el cierre”.
Los detalles de la normativa que publicó Minambiente
El Ministerio de Ambiente publicó con pocos cambios el borrador que se conoció en junio y que analizamos en este artículo.
Uno de los puntos que plantea es que los proyectos de mitigación o reducción de emisiones, como los que se dedican a la conservación de bosques en territorios indígenas, podrán vender sus bonos de carbono durante cinco años, renovables por dos períodos similares, o tener un único período no renovable de 10 años. Es decir, este tipo de iniciativas podría durar máximo 15 años.
Los proyectos de remoción de emisiones, como los que capturan CO2 para producir combustibles como el biogás, podrán tener una duración de 10 años, renovables por tres períodos similares, para un total de 40 años.
Esta medida pone un freno a proyectos como el que se desarrollaba en Pirá Paraná, que era de reducción de emisiones, y tenía una duración de 30 años. Ahora, un proyecto similar solo podría vender bonos de carbono durante 15 años.
Pero, esos no son los únicos cambios que plantea la regulación del mercado publicada hoy. El Ministerio de Ambiente también establece fuertes controles para los proyectos, que deben contar con la aprobación de esa entidad para pasar de una etapa a otra.
Por ejemplo, para que un proyecto pase de la fase de formulación, cuando se plantea el proyecto y los acuerdos con la comunidad indígena, a la de implementación, que es cuando pueden empezar a vender los bonos de carbono, deberá contar con la autorización del Minambiente, que será emitida mediante un acto administrativo.
Por otra parte, el decreto también plantea que se le dará prioridad a la reducción de emisiones a las que Colombia se ha comprometido a nivel internacional y que están planteadas en su estrategia hacia 2030. Esto no quiere decir que no puedan venderse bonos de carbono a nivel internacional, pero los proyectos que quieran hacerlo estarán sujetos a la aprobación del Minambiente.
Acá puede leer el documento completo:
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
Por Fernán Fortich
