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Este domingo, los colombianos se darán cita en las urnas para definir, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quien asumirá las riendas del país. Aunque el resultado todavía es incierto, una cosa es segura: el presidente electo se deberá enfrentar a las múltiples disputas que vive la Amazonia. No se trata de un desafío menor, pues como ha señalado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), la Amazonia noroccidental, que comprende zonas de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, ya es la región con más conflictos socioambientales del mundo.
De acuerdo con un informe publicado por dicha organización a mediados de 2025, al menos 17 grupos armados ilegales operan y tienen presencia en el 69 % de los municipios de la Amazonia noroccidental. Algunos de ellos son el Comando Vermelho, el Primer Comando Capital (PCC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), entre otros. El crimen organizado, según la FCDS, se ha convertido en el principal acelerador del punto de no retorno en el bioma.
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La minería ilegal, que suele estar vinculada con otras economías ilícitas, es una de las formas a través de las cuales se financian estos actores. La Procuraduría General de la Nación, en su Informe nacional: minería ilegal y contaminación por mercurio en Colombia, presentado a finales de 2024, estimaba que el 85 % del oro que exporta el país tiene un origen ilegal, y el 70 % de ese mineral proviene de actividades por parte de grupos al margen de la ley.
Lo que plantean los candidatos
Aunque los candidatos no profundizan en enfoques para la Amazonia, sí plantean acciones concretas en materia ambiental. Por un lado, Iván Cepeda parte de la premisa de que el modelo minero actual es extractivista, en el que se exportan materias primas sin valor agregado, dependiendo de los precios internacionales, sin haber construido industria pública ni privada. Además, desde la visión del candidato, la minería no se ha ordenado alrededor de parámetros ambientales ni sociales, afectando áreas protegidas y vulnerando la consulta previa.
Su plan de gobierno plantea una inteligencia ambiental para detectar en tiempo real, entre otras cosas, la minería ilegal, con lo que aspira proteger el agua y la selva. También ha hablado de reorientar las capacidades de la Fuerza Pública, en especial del cuerpo de infantería de marina para que los ríos “dejen de ser carreteras del crimen”.
Además, de ser presidente, Cepeda buscará que se apruebe una nueva ley minera para modificar la manera en que se regulan la exploración, la explotación y el aprovechamiento de estos recursos. Su objetivo, por medio de instrumentos legislativos y de política pública, es impulsar la industrialización del sector, fortalecer la participación ciudadana en las decisiones, diversificar las opciones productivas e implementar mecanismos eficaces de reversión o terminación de “aquellos contratos mineros que lo ameriten”. Su enfoque, en pocas palabras, es transformar y superar progresivamente el modelo de minería extractiva y continuar con el objetivo del gobierno Petro en términos de transición energética justa.
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Por otro lado, para Abelardo de la Espriella, de la minería y la exploración y explotación de hidrocarburos “dependen la seguridad energética, la competitividad, el empleo, la estabilidad fiscal y una parte decisiva de la inversión regional y social”. Su plan de gobierno dice, además, que el sector minero-energético no se puede “seguir tratando con prejuicios ideológicos ni improvisación”.
De llegar a la Casa de Nariño, De la Espriella dice que promoverá una ley contra la extracción ilícita de minerales y creará un área especial de control territorial, “donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”. Dentro de sus primeros 100 días de gobierno, apunta, buscará implementar un plan de choque contra la minería ilegal en ríos críticos.
En su plan ambiental ABC asegura que realizará una ofensiva contra la minería ilegal en los cauces, controlando maquinaria e inteligencia financiera contra las cadenas del oro ilícito, haciendo trazabilidad obligatoria de este mineral, con cooperación internacional contra el lavado de activos y restaurando riberas degradadas, vinculando a comunidades afectadas. De manera similar a Cepeda, De la Espriella plantea monitorear los territorios a través de una plataforma que genere alertas de minería ilegal.
A ojos de Pablo Palacios-Rodríguez, PhD en Biología y profesor de la Universidad Javeriana, Colombia cuenta con capacidades tecnológicas importantes para monitorear cambios en la cobertura forestal y actividades ilegales mediante imágenes satelitales e inteligencia artificial. Sin embargo, subraya que deben fortalecerse y, sobre todo, que el monitoreo en sí mismo no resuelve el problema. “El verdadero desafío es cerrar la brecha entre detectar y actuar. Una alerta temprana solo es útil si tenemos una arquitectura institucional clara que define quién responde, en cuánto tiempo, con qué capacidades y bajo qué criterios. Además, debe apoyarse de información territorial, de la mano de las comunidades”.
¿Conservación o extractivismo?
Palacios-Rodríguez resalta que la discusión alrededor de estos temas es compleja. “El próximo gobierno no debe escoger entre extractivismo y conservación porque eso es una práctica muy simplificada en este debate”, afirma Palacios-Rodríguez. “Se debe construir una hoja de ruta técnicamente solida para administrar la transición y definir las actividades compatibles con los límites ecológicos que tenemos como país megadiverso”.
Por un lado, dice, no se puede ignorar que los hidrocarburos y la minería siguen siendo una fuente relevante de ingresos y de empleos para Colombia, y que ya se han visto las tensiones económicas y sociales que su rechazo puede generar, por ejemplo en los paros mineros.
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Por otro lado, el docente apunta que no hay que desconocer que la competitividad de nuestro país “dependerá cada vez más de su capacidad para conservar ecosistemas estratégicos, como el Chocó biogeográfico, los valles internandinos, los bosques secos del caribe y la Amazonia colombiana”. Es una diversidad ecosistémica que brinda servicios no solo a Colombia, sino a todo el mundo, además de que el contexto global está exigiendo cada vez más estándares ambientales.
María Isabel Sierra es geóloga especializada en sedimentología y estratigrafía, con maestría y doctorado en Ciencias de la Tierra y profesora de la Universidad de los Andes. Habla de matices en ecosistemas estratégicos, donde se debe “partir, si vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de tener un ambiente sano y el derecho de las comunidades a todos estos recursos naturales. Ahí hay un bemol diferente”. Sin embargo, no es partidaria de negar 100 % el extractivismo, como lo ha buscado hacer el Ministerio de Ambiente en la Amazonia. “Si hablamos de una prohibición total en un territorio tan amplio, eso va a generar lo que ha sucedido en este gobierno, que aumentó la minería ilegal”.
La profesora, además, se refiere a un temor particular: que se incentive el extractivismo a la vez que disminuyan las capacidades y el personal de las entidades ambientales. Cabe recordar que De la Espriella ha propuesto una reducción del 40 % del Estado, lo cual podría tocar a las autoridades del sector. En entrevista con Noticias Caracol también ha dicho que la mayoría de las corporaciones autónomas regionales son corruptas y que las licencias ambientales y las consultas previas se han “instrumentalizado para bloquear proyectos”.
Sin embargo, a ojos de Sierra, es clave que si va a aumentar la exploración y la explotación de recursos, se blinden “completamente” nuestras entidades ambientales; “la ANLA, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales tienen que crecer”, afirma. “Me preocupa que se recorte la cantidad de personas que hacen veeduría, que se ocupan de todos los procesos de estudios de impacto ambiental y del trabajo con comunidades”.
En contraste, la docente ve una oportunidad en la propuesta de hacer trazabilidad del oro, que es algo en lo que ya han trabajado algunos académicos y entidades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por ejemplo, ha buscado establecer una huella digital de este mineral, identificando su composición y de dónde provienen sus elementos, así como detectando si tiene trazas de mercurio. Se trata de una apuesta que, según Sierra, se debe fortalecer mucho más.
El desafío en común
Las propuestas de Cepeda no son diametralmente opuestas a las de De la Espriella. Un punto en el que coinciden, por ejemplo, es apostarle a distinguir la minería tradicional de la ilegal, y a formalizarla. Para Palacios-Rodríguez, ese sería uno de los grandes logros que podría tener el próximo gobierno y, en general, el país. Es un asunto, dice, necesario y urgente.
“No toda minería es igual. Yo soy una persona que nació en un territorio rural del Pacífico, con una familia que toda su vida se dedicó a la extracción minera artesanal. Crecí viendo a mi mamá con una batea en la playa, ayudando a mis tías con la matraca, viendo cómo ese tipo de minería era gran parte de nuestro sustento, entendiendo que la naturaleza nos podía proveer pero también debíamos cuidarla”, recuerda. “Existen comunidades que han generado practicas mineras tradicionales durante generaciones. La mía es una de ellas. Equipararlas con estructuras criminales es un error”.
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Por eso, el profesor afirma que la diferenciación entre minería ilegal e informal debe hacerse con criterios técnicos claros, teniendo en cuenta la escala de producción, el uso de maquinaría, las formas de organización comunitaria, la historia de permanencia en el territorio, entre otros factores que, apunta, van a ser fundamentales. “No debemos simplificar la discusión. El reto es construir rutas de formalización realistas para quienes quieran hacer las cosas bien, y al mismo tiempo aumentar significativamente capacidad del Estado para desmantelar estructuras criminales que se benefician de la ilegalidad y se están disfrazando de informales”.
Entre los dos candidatos, De la Espriella es el que más detalla, al menos los tiempos, de su propuesta de formalización. Su plan ambiental plantea plazos “claros y exigibles” de este modo:
- Primeros 6 meses: Ventana de formalización acelerada con incentivos y asistencia integral del Estado.
- Meses 7 a 18: Periodo de amnistía con cánones más altos.
- Después de los 18 meses: Quien no haya iniciado el trámite será considerado operador de extracción ilícita y sobre él recaerá todo el peso de la ley.
“Eso me parece problemático”, expresa Sierra. “Hablamos de contextos sociales complejos, de comunidades muy arraigadas a esta minería, en el caso de Chocó son pueblos indígenas. Y se establecen los plazos, pero no se especifica cómo va a ser ese proceso de formalización”. La profesora agrega que, eventualmente, llegar a los territorios únicamente con la fuerza pública no da buen resultado. “Creo que tiene que ser un acompañamiento más juicioso”.
Palacios concuerda en que las respuestas exclusivamente coercitivas tienen efectos limitados si no hay transformaciones de fondo. El profesor asegura que se requiere una estrategia integral, que incluya cuatro pilares: impulsar la presencia efectiva del Estado en territorios históricamente abandonados; atacar las finanzas criminales y cadenas de comercialización del oro ilegal; ofrecer alternativas económicas viables a comunidades locales y fortalecer sistemas de justicia y cooperación internacional, pues los grupos ilegales operan a través de redes transfronterizas.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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Por Catalina Sanabria Devia
