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La Policía, el Ejército Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) llevaron a cabo dos operativos y de gran escala con el fin de frenar actividades de minería ilegal que han impactado gravemente los recursos naturales en el sur del departamento de Tolima.
Por un lado, en el municipio de Ataco, tras un operativo que se extendió por varias horas y que también incluyó unidades de la Fuerza Aeroespacial y de la Fiscalía General Nacional, se destruyeron 10 motores industriales, cuatro retroexcavadoras y una planta eléctrica. Durante el procedimiento, comunicó Cortolima, habitantes intentaron impedir la intervención mediante una asonada, pero la situación fue controlada por las autoridades y no hubo personas lesionadas.
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Por otro lado y de manera simultánea, en la vereda Buena Vista, en zona rural del municipio de Coyaima, la corporación y las autoridades policivas y militares capturaron a 12 personas e inhabilitaron ocho motores industriales, que eran utilizados para la extracción de oro. Según una evaluación técnica de Cortolima, las actividades generaron impactos ambientales como captación ilegal de agua, alteración del paisaje, modificación de la estructura del suelo y vertimientos contaminantes al río Chenche, asociados al uso de combustibles y lubricantes.
Otro informe de la entidad advirtió, en febrero pasado, que el ingreso y operación de maquinaria pesada en los ríos Atá y Saldaña han modificado los cauces, incrementando la turbidez y remoción del lecho, y la amenaza de inundaciones y avenidas torrenciales ha aumentado.
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Tras los dos operativos, Cortolima iniciará los respectivos procesos sancionatorios. Durante la intervención se incautaron 44 gramos de oro avaluados en COP 20.680.000. De acuerdo con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional (Dicar), los puntos de extracción ilícita tenían una capacidad de producción mensual de 6.600 gramos de oro, avaluados en COP 3.100 millones. Por su parte, la destrucción de la maquinaria empleada en estas actividades ilegales representó un impacto de COP 2.900 millones a esta cadena logística.
“La extracción ilícita de oro en el municipio de Ataco ya dejó como saldo 232 hectáreas de bosque afectadas”, aseguró la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres. “Esta intervención, sin duda, contribuye a frenar este fenómeno e ir tras los determinadores de la deforestación en el departamento. Ha sido un trabajo articulado que nos permite hoy recuperar el control de la zona y asegurar el bienestar de sus comunidades”, agregó.
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Cabe apuntar que la intervención fue liderada por la Dicar, en coordinación con el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef) y Cortolima. Además, contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación y se adelantó en cumplimiento de las acciones establecidas en la segunda mesa convocada en febrero por el Conaldef, bajo la directriz de Vélez Torres.
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