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Tras realizar una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General determinó hallazgos fiscales por COP 4.642 millones en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), para la vigencia 2023-2024, según informó el ente de control este martes 17 de marzo.
Además de esos ocho hallazgos con connotación fiscal, la Contraloría también estableció otros 15 hallazgos con posible incidencia disciplinaria y dos con posible incidencia penal.
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Frente a los hallazgos con connotación fiscal, el máximo órgano de control fiscal del Estado explicó que se evidenciaron inconsistencias en el contrato interadministrativo para evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos del archipiélago por la enfermedad de pérdida de tejido de coral y la recolección de muestras en el proyecto para la recuperación de esos ecosistemas.
Como contamos en esta nota de octubre de 2022, la enfermedad, conocida como “enfermedad de pérdida de tejido coralino”, es considerada la principal amenaza para los arrecifes de coral del Gran Caribe y fue identificada en el tercer trimestre de 2022.
En concreto, la Contraloría prendió las alarmas alrededor de un contrato firmado en noviembre de 2023 entre Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa (Asomucosta).
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Algunas de las falencias evidenciadas por el ente de control apuntan a deficiencias en los estudios previos que “generaron incertidumbre sobre las necesidades reales, así como en los materiales y equipos requeridos, lo que afectó la trazabilidad del valor estimado del contrato”.
Uno de los ejemplos entregados por la Contraloría señala que en el contrato se pedía cubrir costos de lancha y operación logística para el desarrollo de actividades, pero no se indicó número de lanchas ni operación logística relacionada.
Además de estas falencias, también se evidenciaron ítems no ejecutados. Aunque el contrato contemplaba la contratación de biólogos por parte del contratista Asomucosta, los profesionales fueron vinculados por la autoridad ambiental y aun así se efectuó el pago.
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“También se identificó una propuesta presentada por el contratista que incluye un vuelo y acomodación PIMS (Bahamas – Archipiélago – Bahamas), a pesar de que no se encuentra contemplado en el estudio previo", agregó la Contraloría.
En resumen, el ente de control aseguró que “estos hechos evidencian graves debilidades en la planeación, supervisión y ejecución contractual, así como deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento que comprometen la adecuada administración de los recursos públicos y generan afectaciones directas al patrimonio del Estado”.
Hasta el momento, no se conoce pronunciamiento público de la autoridad ambiental regional sobre los hallazgos dados a conocer por la Contraloría.
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