En la tarde de este martes 2 de diciembre, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dio a conocer una noticia muy esperada por estos días en el suroeste antioqueño: el futuro del título minero que la empresa Minera de Cobre Quebradona S.A.S. tiene sobre los municipios de Jericó y Támesis, ambos en Antioquia, y en los que pretendía explotar cinco millones de toneladas de cobre.
La minera, presente en el territorio desde 2007, se encontraba en fase de exploración, luego de que en 2021 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivara la solicitud de licencia ambiental necesaria para iniciar la fase de explotación. Diciembre de 2025 era una fecha clave pues, en manos de la ANM, se encontraba una decisión clave para el futuro del proyecto, que ha generado un gran rechazo en buena parte de la población. La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera debía decidir si otorgaba la cuarta y última prórroga a la fase de exploración.
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En un comunicado, publicado en horas de la tarde de este martes, la ANM dio a conocer que negó la solicitud de prórroga presentada por la empresa, filial de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti. “La decisión se adoptó tras un análisis técnico y jurídico en el que se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”, apuntó la entidad, que agregó “en esta última solicitud, la cuarta, la ANM encontró que el titular está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.
La ANM también agregó que el análisis determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal establecida por el Ministerio de Ambiente en junio de este año. Sin embargo, la resolución que creó esa zona de reserva (la 0855 de 2025) aclaraba que “en la etapa de exploración, las solicitudes de modificación de los permisos, autorizaciones o concesiones, o su prórroga, serán procedentes en vigencia de la reserva”.
El Espectador consultó a Minera Quebradona para conocer su reacción a la noticia y las posibles acciones que emprendería. Sin embargo, al cierre de esta edición, la oficina de prensa señaló que no habían sido notificados formalmente, por lo que no se pronunciarían.
La pregunta que queda es, ¿qué va a pasar con la minera y cuál será el futuro de los planes de Quebradona? Lo primero que dice José Esteban Bello Pedraza, abogado, consultor en desarrollo minero-energético sostenible, es que se trata “de un golpe mediático, pero en efectos prácticos es un acto administrativo susceptible de recursos”. (Vea: La Perla Amazónica, una reserva campesina que sobrevive tras 25 años)
A lo que se refiere Bello, es a que, si bien se le cerró la posibilidad de extender la etapa de exploración, “ahora entran a tener que presentar el Estudio de Impacto Ambiental (el EIA, necesario para el licenciamiento ambiental) y tener licencia para construcción y montaje”. De no lograrlo, advierte el abogado, iniciaría un trámite de caducidad del título. Pero esta es una alternativa que todavía no se contempla, según le respondió la ANM a este diario. La cuestión es que no existe un plazo claro para que la empresa presente el documento y solicite la licencia de construcción y montaje.
Lo que sí es claro, tanto para Bello, como para Christian Torres, coordinador del área de Conflictos Mineros, de la organización Censat Agua Viva, es que hay un amplio arsenal de recursos jurídicos que hacen imposible, por el momento, contestar con precisión a la pregunta sobre el futuro de la minería en el suroeste antioqueño.
Entre las alternativas que menciona Torres, se encuentra un recurso de reposición que la empresa podría presentar ante la reciente decisión de la ANM. También cree que la empresa podría volver a solicitar la licencia ambiental con la línea base que logró levantar a lo largo de estas décadas. Para Bello, lo que viene son “un montón de recursos judiciales”, entre las que se encuentran demandas de nulidad, medidas cautelares, debido a que las Zonas de Reserva Temporal todavía no están en firme por varias demandas, así como varios recursos ante el “contencioso-administrativo”. Estas últimas, aclara el abogado, no estarían dirigidas contra la ANM, sino sobre el control judicial a sus decisiones, es decir, buscarían que se revise si el Estado ha garantizado las condiciones para la ejecución del contrato de concesión que, en este caso, tenía con Quebradona.
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Una última vía, que dependerá de las decisiones de los próximos meses, contempla una demanda de la empresa al Estado, si consideran que las recientes decisiones le están causando un daño antijurídico, apunta Bello. Lo que sí es claro para el abogado, así como para varios habitantes de la región, es que Quebradona y AngloGold todavía tienen el dinero y el tiempo para seguir intentando explotar el cobre que está en las montañas de Támesis y Jericó.
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