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La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció una inversión inicial de $3 mil millones de pesos para restaurar el río Atrato. Así lo afirmó durante su visita al municipio de Quibdó, en el Chocó, este miércoles 19 de julio (Lea también: Científicos se sorprendieron al encontrar un volcán que se creía extinto).
El motivo de esa inversión es la restauración de 15 mil hectáreas en 20 municipios de la cuenca, en el marco del cumplimiento de la sentencia T-622, que declara a ese afluente como sujeto de derechos (No se pierda: Inundaciones controladas, el nuevo plan para evitar tragedias iguales a Quetame).
“La inversión de estos primeros 3 mil millones de pesos para el río Atrato nos permitirá generar herramientas, acciones de restauración y rehabilitación en ecosistemas estratégicos (...) para beneficiar a 62.000 personas”, dijo Muhamad.
El dinero invertido espera, según Minambiente, ampliar iniciativas de biorremediación de áreas degradadas por extracción de minerales e incrementar la gobernanza ambiental.
Minambiente aseguró que esa suma de dinero hace parte de los más de 90 mil millones de pesos que serán invertidos en la cuenca. Además, la ministra aseguró que se está pensando trabajar en seis subzonas del río, cada uno con ecosistemas que van desde el páramo al mar, para así articular una acción de protección integral. Muhamad resaltó que el papel de los guardianes del río, cuyos integrantes hacen parte de la sociedad civil, serán veedores y amplificadores de ese mismo trabajo.
Cabe recordar que el río Atrato cuenta con un área total de 37.723,4 km2. Cerca a su cuenca se encuentran 26 municipios que pertenecen al Chocó y Antioquia.
En 2016, con la sentencia T-622, la Corte Constitucional de Colombia reconoció a ese afluente como sujeto de derechos para garantizar su protección y conservación. Así, se ordenó la construcción de diferentes planes de acción en colaboración con las comunidades para abordar la crisis humanitaria, social y ambiental que enfrentan el río Atrato, sus afluentes y sus comunidades.
El representante legal del río es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, designado por el Presidente de Colombia mediante el decreto 1148 de 2017.
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