Este jueves 16 de abril, decenas de campesinos de La Paz (Santander) cumplen 208 días apostados en lo que han denominado como ‘Punto de Resistencia por la Defensa del Agua’. En la vía que conecta a ese municipio con Vélez, habitantes de la región mantienen presencia permanente desde el 20 de septiembre, cuando aproximadamente 40 soldados del Ejército Nacional acompañaban a un grupo de trabajadores de la empresa Zurich International Trading S.A.S que intentó ingresar a los predios en los que la compañía tiene un título minero sin explotar desde 2004.
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Si bien la sociedad, de capital nacional, tiene el título desde hace más de dos décadas y cuenta con licencia ambiental desde hace más de 10 años para explotar asfaltitas y otros materiales de construcción en un área de 660 hectáreas, la autoridad ambiental de la región, la Corporación Autónoma de Santander (CAS), reconoce en informes técnicos que Zurich International Trading S.A.S no ha desarrollado actividad minera en ningún momento.
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Tras décadas de inactividad, la empresa intentó ingresar al territorio, advirtiendo que iniciarían la explotación de carbón y caliza. Esto, creen personas como Víctor Alfonso Grandas, representante de la Red de Acueductos Comunitarios de La Paz, podría poner en riesgo las fuentes hídricas de las que se abastecen siete acueductos que llevan agua a más de 3.000 familias del municipio.
Incluso desde antes de conocer los recientes planes de la compañía, habitantes de La Paz y organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) le han pedido en varias oportunidades a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la CAS que caduquen el título minero y revoquen la licencia ambiental ante múltiples inconsistencias e ilegalidades.
Al hecho de que la explotación de carbón y caliza no estaría aprobada por parte de la ANM, se suma que entre 2019 y 2020 la empresa reportó haber extraído 100 toneladas de carbón y 200 de roca o piedra caliza a pesar de que, como reconoce la CAS, no ha habido tal explotación. Además, a finales del año pasado, la ANM identificó una “incongruencia sustancial” entre las condiciones técnicas de explotación autorizadas en la licencia ambiental y las aprobadas en el PTO, un documento clave que debe aprobar la ANM antes de empezar la etapa de explotación.
Con la evidencia de estas inconsistencias, la comunidad y el CAJAR esperaban que la CAS revocara o declarara la pérdida de vigencia de la licencia ambiental a la sociedad. Sin embargo, en una resolución de mediados de marzo, la autoridad ambiental “se inventó una figura” porque señaló que la empresa debe “armonizar” para que se resuelva la incongruencia detectada por la ANM, según denuncia Rosa María Mateus, coordinadora del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática del CAJAR.
Además de interponer un recurso de reposición contra la reciente resolución y de radicar una queja disciplinaria contra los funcionarios de la CAS que participaron en esta, los habitantes de La Paz están a la espera de la revisión del expediente que adelanta la ANM y de varias decisiones en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Mientras llegan, temen que la minería se termine materializando en sus montañas.
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A lo largo de varios días intentamos contactarnos con el representante legal de la empresa y con la CAS. De los primeros no obtuvimos respuesta, a pesar de enviar mensajes a los números telefónicos y correos reportados en la Cámara de Comercio de Bogotá. Aunque la CAS aseguró que era posible tener una entrevista con el funcionario que lleva el proceso, esta no se realizó ante la falta de respuesta de la autoridad ambiental.
Un pasado con múltiples inconsistencias
Tuvieron que pasar 19 años desde que se otorgó el título minero y otros 9 más desde que la Corporación Autónoma de Santander aprobó la licencia, para que los habitantes de La Paz supieran que en la montaña que conocen como “La Cuchilla” existía un proyecto de minería, recuerda ahora Caterine Ariza, ingeniera de petróleos de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quien adelanta un doctorado en Administración en la Universidad de los Andes.
Ariza, oriunda de La Paz, señala que el movimiento de personas en la montaña en abril de 2023 alertó a la comunidad. Con ayuda del CAJAR y de la Clínica Jurídica de la UIS empezaron a buscar información sobre ese proyecto del que, dice Ariza, nunca fueron informados ni han visto actividad alguna. Desde que ambas organizaciones empezaron a investigar los expedientes del título minero, comenta Mateus, del CAJAR, comenzaron a identificar múltiples irregularidades e ilegalidades.
Lo primero que destaca Mateus tiene que ver con que la CAS, a través de la licencia ambiental que le otorgó a la empresa, habría permitido la explotación de carbón sin que la Agencia Nacional de Minería hubiese autorizado la extracción de ese mineral. Según la abogada del CAJAR, para poder extraer carbón, la empresa debe tramitar una adición formal al contrato, lo que hasta el momento no ha ocurrido, según le respondió la agencia minera al colectivo de abogados en un derecho de petición.
Pero las inconsistencias con la licencia ambiental no se detienen allí. De acuerdo con un concepto técnico enviado a la Corporación Autónoma de Santander a inicio de este año por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de abogados, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó la empresa para obtener la licencia ambiental contiene “graves deficiencias técnicas, metodológicas y sustantivas”.
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En el concepto, la ONG asegura que, tras analizar el EIA, se evidenció “la insuficiencia de información cartográfica, la incertidumbre sobre las reservas de carbón y caliza y las falencias en la descripción del proyecto y de sus áreas de influencia directa e indirecta”. “La fragmentación, omisión y falta de consistencia de la línea base ambiental y social comprometen gravemente la identificación y evaluación de impactos del proyecto propuesto”, concluyó ELAW, que calificó el documento de la empresa como “incompleto y carente de rigor”.
A mediados de octubre del año pasado, la Agencia Nacional de Minería identificó un tercer problema con la licencia ambiental otorgada por la CAS. En el documento, la agencia reconoce que existe una “incongruencia sustancial entre las condiciones técnicas de explotación autorizadas en la licencia ambiental y aquellas aprobadas en el PTO”, un documento que expide la ANM antes de que se inicie la fase de explotación y que contempla el programa de trabajos y obras aprobados para los proyectos.
La incongruencia, continuó la autoridad en su análisis, consiste en que la licencia ambiental aprobó la explotación subterránea del carbón, mientras que el PTO contempló la explotación a cielo abierto, “lo cual no se encuentra ambientalmente autorizado”. Esta discrepancia entre los instrumentos “impide a los titulares mineros adelantar legalmente actividades de explotación del mineral carbón, ya que únicamente podría ejecutarse mediante minería subterránea, modalidad no prevista en el actual PTO”, concluyó la agencia minera.
De la larga lista de inconsistencias, Mateus y los habitantes de La Paz destacan una última que, hasta el momento, sigue sin ser resuelta por la empresa, pese a múltiples solicitudes de la Corporación Autónoma de Santander y la Agencia Nacional de Minería. En formatos mineros radicados por la compañía en junio de 2022, Zurich Trading International reportó la venta de 100 toneladas de carbón térmico y 200 de piedra caliza entre 2019 y 2020, pese a reconocer, en los mismos documentos, cero avance en frentes de exploración y explotación.
Mientras en la reciente resolución de mediados de marzo, la autoridad ambiental regional le pidió a la empresa “indicar y sustentar el origen de dicha producción reportada”, a la fecha no ha entregado la información correspondiente. Mateus, del CAJAR, considera que este hecho debe ser investigado y se pregunta si este título estaría sirviendo para legalizar la extracción de carbón de alguna mina ilegal, lo cual le correspondería a las entidades competentes investigar.
Con esta lista de inconsistencias e irregularidades, a las que se suman otras que serían imposibles de abordar por espacio, el CAJAR, la Clínica Jurídica de la UIS y la comunidad de La Paz han enviado varias solicitudes a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación Autónoma de Santander solicitando que se caduque el título minero y que se revoque la licencia ambiental.
Incluso, en varios documentos, como este de octubre de 2025, la misma ANM ha señalado que existen condiciones para declarar la caducidad del título minero. Una de ellas, explica la autoridad, se deriva de la no realización de los trabajos y obras dentro de los términos establecidos por el Código de Minas o su suspensión no autorizada por más de seis meses continuos.
Nuevos intentos por detener la minería
El 5 de marzo, decenas de campesinos de La Paz se ausentaron temporalmente del Punto de Resistencia para viajar hasta Bogotá. Su destino eran las oficinas principales de la Agencia Nacional de Minería, donde buscaban reunirse con funcionarios de la autoridad minera para, una vez más, exponer las irregularidades del título minero y pedir su caducidad.
Tras la reunión, le dijo la agencia minera a este diario, “la entidad adquirió el compromiso de realizar un examen exhaustivo al contrato de concesión en cuestión y a los actos administrativos proferidos por el punto de atención regional, con el fin de establecer si en los mismos se han adoptado decisiones y/o pronunciamientos conforme a la ley y los procedimientos establecidos en la entidad”. Sin embargo, no se estableció una fecha para conocer el resultado de ese examen.
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Pero la expectativa que resultó de esa reunión duró poco. El 13 de marzo, la Corporación Autónoma de Santander expidió una resolución en la que, pese a que se reconocen múltiples inconsistencias, supedita el inicio de cualquier actividad minera “hasta tanto se realice la armonización entre el método de explotación contemplado en el PTO y el método autorizado en la licencia ambiental”. Es decir, hasta que se resuelva la “incongruencia sustancial” identificada por la ANM.
“En mis más de 15 años acompañando este tipo de litigios, es la cosa más absurda e insólita que he podido ver en un expediente de este tipo”, asegura Mateus, del CAJAR, sobre la decisión adoptada por la CAS. A lo que se refiere la abogada es a que la autoridad ambiental se habría inventado la figura de armonización.
Así se lo hizo saber el colectivo de abogados a la Corporación Autónoma de Santander en un recurso de reposición contra la reciente resolución que presentó a finales de la semana pasada. “De una revisión acuciosa de los decretos 1073 y 1076 de 2015, así como de la normativa aplicable del sector minas y/o ambiente, se evidencia que no existe mención alguna de dicha figura que permita entender sus condiciones y alcance, mucho menos de otorgarle la capacidad de enmendar una situación de tal gravedad como la que nos convoca”, expuso el CAJAR en el documento.
Dicha armonización, establece la CAS, se deberá realizar a través de un documento técnico. Aunque no precisa qué deberá incluir, la autoridad ambiental aclara que debe ser aprobado antes de que se permita el inicio de la explotación.
Mientras la empresa presenta dicho documento, la Agencia Nacional de Minería le confirmó a El Espectador que convocó a la empresa titular a una mesa de trabajo “en la que no solo se analizarán los aspectos técnicos, sino, principalmente, el componente social: el impacto que este título puede tener sobre el recurso hídrico y sobre las comunidades que dependen de él. Ese es el criterio central que guiará la posición de la Agencia en esa mesa”.
Por su parte, la comunidad y las organizaciones que acompañan el proceso esperan el desenlace de dos procesos que cursan en altos tribunales. El primero tiene que ver con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que hace poco seleccionó para revisión una tutela interpuesta por los habitantes de La Paz el año pasado. El segundo está relacionado con dos procesos que se adelantan ante el Consejo de Estado, donde se solicitó la nulidad de la licencia ambiental.
El problema, a los ojos de habitantes como Grandas y abogadas como Mateus, es que estos procesos pueden tardar meses e incluso años en tener decisiones de fondo. Entre tanto, temen que el camino de la empresa con la Corporación Autónoma de Santander se resuelva en menor tiempo y la minería se termine materializando.
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