Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su “grave preocupación” por los importantes impactos sobre los derechos humanos causados por la contaminación por mercurio y otros metales pesados en la cuenca del río Atrato, por la minería ilegal de oro.
En un comunicado que se liberó público hace poco, pero que fue emitido a mediados de agosto de este año, los relatores sobre Sustancias y Desechos Peligrosos, del grupo de Expertos sobre Afrodescendientes y de derecho humano a un medio ambiente sano, señalaron que es “profundamente preocupante” que, años después de la Sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, “el cumplimiento de esta sentencia siga siendo gravemente deficiente”.
El pronunciamiento de Marcos Orellana, Bina D’Costa y Astrid Puentes Riaño, surgió como respuesta a una solicitud presentada por el Centro Sociojurídico SIEMBRA y el Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato (CCGA). Ambas organizaciones, explicó SIEMBRA en un comunicado, habían alertado sobre la falta de control estatal y expansión acelerada de la minería ilegal en la cuenca del Atrato.
En noviembre de 2016, la Corte Constitución reconoció los efectos perjudiciales y nocivos que ha tenido el uso intensivo y a gran escala de los diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegal, así como el uso de sustancias altamente tóxicas, como el mercurio.
Esto, agrega el alto tribunal en su fallo, “está teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el ambiente, afectando con ello, los derechos bioculturales de las comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan”.
Un ejemplo de esto, retoman los tres relatores, son las concentraciones de mercurio en la sangre. Mientras el límite admisible establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) oscila entre los 5 y 10 µg/L, el 34,6 % de las personas mayores de 15 años en la cuenca del río Atrato presentaban concentraciones superiores. En Quibdó, la capital del Chocó, el 52,8 % de los voluntarios presentaron concentraciones de mercurio en el cabello por encima de los límites recomendados.
A su vez, la sentencia de la Corte ordenaba, entre otras, la descontaminación y recuperación del río Atrato, la expedición de un plan para erradicar la minería ilegal y otro para la subsistencia y la recuperación alimentaria, así como la realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos para evaluar el impacto en la salud humana de las poblaciones de la cuenca.
Sin embargo, apuntan los relatores, “la información recibida sugiere que el cumplimiento de la Sentencia T-622 ha sido insuficiente”. Para esta declaración tienen varias pruebas. Una de ellas, apuntan, es la intensificación de la minería ilegal. En 2021 había 33.052 hectáreas afectadas, 5.037 hectáreas más que en 2016.
Frente a los estudios toxicológicos y epidemiológicos, los relatores aseguran que se han producido “importantes retrasos”. “Por ejemplo, el informe final de toda la cuenca que contiene los datos de contaminación global aparentemente sigue pendiente. Este retraso, junto con la falta de explicaciones adecuadas o de apoyo médico de seguimiento a las comunidades afectadas, ha dejado a las comunidades, a los individuos y al Gobierno sin una comprensión global de la situación de contaminación en la cuenca”, anotan al respecto.
Teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los relatores, estos le solicitaron al Gobierno Nacional clarificar las alegaciones presentadas por las organizaciones. Por eso, presentaron seis puntos sobre los cuales pidieron más información.
A grandes rasgos, los relatores pidieron proporcionar cualquier información en relación con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional “particularmente relacionada con la implementación de las órdenes relativas a la erradicación de la minería ilegal y los impactos en la salud de las comunidades de la cuenca del río Atrato”.
Por su parte, desde SIEMBRA señalaron que luego de una audiencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevada a cabo en septiembre de este año, esperan que “la magistratura refuerce las órdenes para el cumplimiento de la sentencia T-622, en sintonía con los llamados hechos desde Naciones Unidas, y así que se puedan recobrar los derechos del río y de sus comunidades”.
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