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Por cada peso que el Estado destina al agua y al saneamiento en 2025, el próximo año invertirá apenas la mitad.
La Contraloría General de la República advirtió que el Presupuesto General de la Nación 2026 recorta en 53 % los recursos del Ministerio de Vivienda destinados a agua potable, saneamiento y manejo de residuos.
En líneas generales, el presupuesto de este rubro pasará de COP 1,5 billones a 0,7 billones, una reducción cercana a 800.000 millones.
En un país donde más de 5 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable, el golpe es doble: menos dinero y más desigualdad.
“De mantenerse esta tendencia, se verá comprometida la capacidad institucional para garantizar cobertura, continuidad y calidad en los servicios públicos de este sector, afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales”, señala el informe.
El país que todavía hierve el agua para poder beberla
Treinta años después de la Ley 142 de 1994, la norma que prometió servicios públicos dignos para todos, el país sigue dividido entre quienes abren una llave y quienes deben caminar kilómetros con baldes.
La Contraloría reveló que:
- 12,5 millones de personas no tienen alcantarillado.
- 8,6 millones viven sin servicio de recolección de basuras.
- 190 municipios solo cuentan con agua unas 12 horas al día.
En términos de avance, el país apenas se ha movido: desde 1993, la cobertura de acueducto urbano subió 3,2 %, la de alcantarillado 11,8 % y la de recolección de basuras 16,1 %. Tres décadas de política pública y el progreso cabe en una hoja de cálculo.
Las cifras más crudas aparecen al comparar regiones. Mientras la Región Andina tiene 93,6 % de cobertura en acueducto, la Amazonía apenas alcanza 46,8 %.
La brecha urbano-rural sigue abierta como una grieta estructural:
- En acueducto, la diferencia es del 36 %.
- En alcantarillado, del 78,4 %.
- En aseo, del 67,5 %.
No se puede hablar de derecho a la salud ni a la vivienda digna sin agua potable, subraya la Contraloría. Lo contrario, dijo, es institucionalizar la discriminación territorial.
Menos plata, menos ejecución
A la caída presupuestal se suma otro problema: el dinero que existe no se está usando. Con corte al septiembre, el Ministerio de Vivienda solo había ejecutado el 23 % de su inversión total, y para el componente de agua, saneamiento y “basura cero”, apenas el 22 %.
El órgano de control advierte que, si se mantiene este ritmo, se compromete la capacidad institucional para mantener la cobertura y la calidad de los servicios básicos.
Plantas que no tratan, agua que contamina
El diagnóstico es también ambiental. De 684 plantas de tratamiento de aguas residuales evaluadas por la Contraloría, solo el 39 % funciona correctamente. El resto está en ruinas o simplemente abandonado.
Entre 2020 y el primer semestre de 2025, el ente de control realizó:
- 40 auditorías al Sistema General de Participaciones, con 137 hallazgos fiscales por $75.515 millones.
- 71 auditorías a los Planes Departamentales de Agua, con 231 hallazgos por $197.053 millones.
- 174 proyectos de regalías vigilados, por $1,1 billones, donde se hallaron irregularidades por $170.664 millones.
En total, los hallazgos fiscales en estos tres frentes suman más de $443.000 millones.
En resumen, además de escasa, la inversión en agua es ineficiente.
El riesgo de retroceder
El recorte de 2026 no solo compromete obras futuras; amenaza los avances logrados en las últimas décadas.
La Contraloría advierte que reducir el gasto justo cuando el país intenta cerrar sus brechas más críticas terminará “afectando los avances logrados y profundizando las brechas regionales”.
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