El próximo gobierno de Colombia llega con un doble desafío: cumplir sus promesas ambientales sin aumentar la presión sobre unas finanzas públicas que siguen siendo estrechas. La buena noticia es que esos dos objetivos no son incompatibles. El país ya tiene ejemplos de cómo los recursos públicos, bien utilizados, pueden movilizar inversión privada para proyectos de energías renovables, bioeconomía y agricultura sostenible. Lo que falta no es dinero, sino una estrategia para lograrlo.
La transición hacia una economía que promueve el desarrollo y la sostenibilidad dependerá, en gran medida, de la capacidad del sector privado y de las comunidades para desarrollar proyectos que generen beneficios económicos y ambientales. Plantas de generación solar, cultivos de cacao regenerativo o el aprovechamiento sostenible de la jagua para la generación de colorantes naturales son ejemplos de iniciativas lideradas por desarrolladores privados, agricultores o comunidades, que podrían convertir las metas ambientales del Gobierno en inversiones concretas. El reto es que muchos de esos proyectos no logran despegar porque enfrentan barreras para acceder a la financiación que necesitan.
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Gran parte de las barreras que enfrentan estos proyectos está relacionada con el nivel de riesgo estimado o percibido por los financiadores. Por ejemplo, un proyecto de energía solar que aún no ha firmado contratos de compraventa de energía puede enfrentar riesgos de mercado que limitan su viabilidad, lo que podría poner en duda su financiación. En otros casos, el riesgo es más una percepción que una realidad.
Emprendimientos de bioeconomía liderados por mujeres, por ejemplo, suelen enfrentar mayores dificultades simplemente porque las entidades financieras no conocen su trayectoria o consideran que carecen de un historial suficiente para otorgarles crédito. El resultado es que proyectos con alto potencial económico, social y ambiental terminan quedándose sin el capital que necesitan para escalar. El problema no es la falta de proyectos. Es la falta de mecanismos para financiar aquellos que generan beneficios públicos además de retornos privados, pero que el mercado todavía considera demasiado riesgosos.
Frente a este escenario, la respuesta no debería ser que el Estado subsidie indefinidamente cada uno de estos proyectos. Su papel puede ser mucho más estratégico: gestionar recursos públicos para reducir los riesgos que hoy mantienen alejada la inversión privada. Ahí es donde las finanzas combinadas cobran relevancia.
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En esencia, las finanzas combinadas consisten en utilizar recursos públicos, de cooperación internacional y/o filantrópicos para atraer de manera catalítica la inversión privada hacia objetivos prioritarios de desarrollo sostenible. Estas asignaciones no son permanentes. Se utilizan de manera temporal y solo cuando pueden hacer posible una inversión que, sin la gestión adecuada de riesgos, difícilmente ocurriría. A eso se le llama adicionalidad. Estos apoyos buscan resolver barreras como la falta de información, los altos costos de estructuración o riesgos que desalientan la participación del sector privado. Su propósito es generar un impacto medible y movilizar más inversión privada, no reemplazarla.
Este no es un planteamiento teórico. Colombia ya cuenta con experiencias que demuestran que las finanzas combinadas pueden movilizar inversión privada hacia proyectos de agricultura sostenible, bioeconomía y energías renovables. Un análisis de 2025, liderado por el Instituto de Ambiente de Estocolmo y Naciones Unidas, sobre catorce operaciones de financiamiento en el país encontró que estos instrumentos funcionan mejor cuando los recursos públicos se concentran en reducir barreras estructurales a la inversión, en lugar de subsidiar proyectos de manera permanente.
La evidencia deja un mensaje claro: sí existe capital privado dispuesto a invertir en proyectos ambientales cuando los recursos públicos se utilizan de manera estratégica para reducir los riesgos que hoy frenan esas inversiones. También muestra que las finanzas combinadas generan mejores resultados cuando se enfocan en resolver barreras estructurales a la inversión privada, como el riesgo, la bancabilidad y los costos de estructuración, en lugar de subsidiar proyectos específicos. En otras palabras, el mayor impacto no está en reemplazar la inversión privada, sino en crear las condiciones para que ocurra. La combinación de instrumentos de mitigación de riesgos con asistencia técnica y apoyo a la estructuración de portafolios ofrece el mayor potencial para movilizar capital privado y construir mercados sostenibles que aborden problemas ambientales a escala.
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El gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tiene una oportunidad para convertir esta visión en una política pública. Crear un Programa Nacional de Financiamiento Combinado con criterios claros de impacto, adicionalidad y movilización de inversión privada permitiría aprovechar la experiencia de instituciones como Bancoldex, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Fondo Nacional de Garantías, además de orientar la ayuda oficial al desarrollo hacia un uso verdaderamente catalítico. Más que crear nuevas fuentes de financiación, el reto consiste en utilizar mejor las que ya existen.
En un contexto de estrechez fiscal, la transición sostenible de Colombia no dependerá únicamente de cuánto dinero pueda invertir el Estado, sino de su capacidad para hacer que muchos más quieran invertir junto a él.
*Silvia Calderón es la directora de SEI para Latinoamérica.
**Natalia Ortiz es la Oficial Senior de Comunicaciones de SEI.
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Por Silvia Calderón *
Por Natalia Ortiz **
