Representantes de organizaciones y comunidades de varios países de Latinoamérica le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atender lo que denominaron “las violaciones de derechos humanos derivadas de la operación y cierre de proyectos de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) en la región”. La petición se realizó en las últimas horas durante una audiencia de ese organismo.
Las organizaciones (entre ellas, “Plataforma La Guajira le Habla al País”), tomaron algunos casos para intentar demostrarle a la CIDH “las violaciones y riesgos de violaciones de derechos humanos por décadas de extracción, comercialización y uso de combustibles fósiles sin cumplir con estándares socioambientales”.
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Entre esos casos, incluyeron el proyecto Carbones de Cerrejón en La Guajira, al norte de Colombia, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. También abordaron la situación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ubicada en la región sur de República Dominicana; el Complejo Termoeléctrico de Quintero y Puchuncaví, localizado en una bahía de Chile; y, entre otros, la explotación petrolera en la Amazonía, incluida la instalada en el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
El argumento central de las organizaciones es que en América Latina “no existen marcos regulatorios que aseguren un cierre o una salida de proyectos fósiles con enfoque de derechos humanos”. Con ello se refieren a que, cuando estos proyectos comienzan, operan durante años o llegan a su fase de cierre, muchas veces no existen normas que garanticen la protección de las comunidades cercanas, la reparación de los impactos ambientales o la transición económica de los territorios.
Por eso, le piden a la CIDH lineamientos “que orienten a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos en todo el ciclo de vida de los proyectos”. Además, solicitan que “defina estándares y criterios que guíen a los Estados en la adopción de medidas preventivas, correctivas y de mitigación de impactos en derechos humanos”, incluyendo “planes de cierre integrales, el desmantelamiento seguro de infraestructuras, la remediación ambiental y el monitoreo de riesgos para la salud y los ecosistemas”.
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También le piden a la Comisión que se “promuevan marcos regulatorios que obliguen a las empresas a planificar el cierre de proyectos”, lo que implicaría “establecer responsabilidades frente a pasivos ambientales y sociales, garantías financieras para el cierre y mecanismos que eviten el abandono de operaciones o la transferencia de activos sin cumplir las obligaciones de cierre”.
Las organizaciones buscan, además, que se “incorporen enfoques diferenciados que atiendan las afectaciones desproporcionadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades rurales y otros grupos en situación de vulnerabilidad”, y que se “refuercen las garantías de acceso a la información, participación efectiva y acceso a la justicia ambiental en todo el ciclo de los proyectos”, de modo que “las comunidades afectadas participen en el diseño, implementación y supervisión de los procesos de cierre y transición”.
Finalmente, piden que la Comisión “oriente a los Estados en la creación de mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de cuentas” para monitorear los procesos de operación, cierre y poscierre, así como que “inste a los Estados a prever y gestionar los riesgos sociales, económicos, culturales y ambientales de la sustitución progresiva de los fósiles”, incluyendo medidas para “proteger los medios de vida de las comunidades y evitar impactos de procesos de cierre abruptos”.
Hay que recordar que, gracias a políticas de transición energética adoptadas en distintos países, algunos de estos proyectos ya enfrentan procesos de reducción gradual de operaciones o de cierre. En Colombia, como hemos contado antes, algunos proyectos ya tienen fechas o procesos de cierre en el horizonte próximo. Sin embargo, y como han advertida las comunidades y organizaciones, esto crea “un riesgo regional creciente de que los procesos de cierre y salida de los proyectos de combustibles fósiles se realicen de forma irresponsable”.
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Sin una regulación clara, dicen, “las empresas abandonan operaciones, ceden o transfieren activos, devuelven concesiones y cesan operaciones sin garantizar la gestión adecuada de los impactos socioambientales generados por años”.
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