Un grupo de trabajadores de la empresa de seguridad G4S viaja a bordo de una camioneta por la vía Uribia-Maicao, en La Guajira. Los acompañan otras tres camionetas repletas de soldados del Ejército Nacional. Su destino es la subestación eléctrica Beta, una infraestructura diseñada para recibir la energía que generaría uno de los parques eólicos más grandes de Colombia, que recibe el mismo nombre, y llevarla hacia la línea que la distribuye al resto del país.
La subestación es un rectángulo de paredes de concreto con una edificación de una sola planta en el medio. Desde afuera se ven las torres de energía listas para funcionar, pero no tienen cables. A su alrededor, aunque se esperaba que para 2024 hubiera 52 aerogeneradores produciendo electricidad, solo hay desierto. En la zona, muy cerca de la frontera con Venezuela, hay presencia de cinco grupos armados ilegales, según explica uno de los miembros del Ejército. Esa es la razón por la que escoltan a los funcionarios de la empresa que cuida la subestación.
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A finales de 2024, la multinacional portuguesa EDP Renovables decidió renunciar a la construcción de los que serían los dos parques eólicos más grandes de Colombia: Alfa y Beta. Su salida se dio a pesar de que ya había obras avanzadas, como la subestación Beta, y acuerdos con una gran parte de las comunidades indígenas presentes en la zona de influencia de los proyectos, que hoy se preguntan qué pasará con las compensaciones que les prometieron con la llegada de la energía eólica a sus territorios.
No es el único caso. En 2023, Enel Green Power tomó la misma decisión frente al parque eólico Windpeshi, también ubicado cerca de la frontera con Venezuela. Decenas de indígenas Wayúu protestaron cuando vieron llegar tractomulas cargadas con hélices para los aerogeneradores que instalarían en su territorio, alegando falta de información sobre el proyecto e incumplimiento de acuerdos. El conflicto terminó con la suspensión de las obras y la salida de la empresa de La Guajira.
Hoy, Colombia tiene apenas un parque eólico en funcionamiento; uno a punto de iniciar su construcción y, hasta ahora, con luz verde por parte de las comunidades; y 14 más estancados, ya sea en su construcción o en la fase previa, la de conseguir los permisos ambientales y sociales que requiere utilizar el territorio del pueblo indígena más grande del país.
Hace un año, Ecopetrol, la empresa pública que se ha dedicado a la explotación de petróleo en Colombia, anunció su decisión de comprar el proyecto Windpeshi. Las comunidades cercanas a la subestación Beta han oído el rumor de que la compañía también está interesada en ese proyecto. Con su llegada, también se ha impulsado una idea que puso en el debate público el presidente Gustavo Petro: “nosotros sí creemos que podemos ser socios de los proyectos”, dice Griselda Polanco Jusayu, autoridad tradicional de una de las 248 comunidades que hay en el corregimiento de Wimpeshi, en Uribia.
La idea ya tiene algunos ejemplos a nivel internacional, como en Canadá, y en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hacerlo en La Guajira, sin embargo, plantea varios retos.
Una sociedad entre indígenas Wayúu y empresas
Las empresas que quieren producir energía eólica en La Guajira y las comunidades indígenas están en una situación de mutua necesidad. El antropólogo Wayúu Weildler Guerra, que ha estudiado estos conflictos durante varios años, la resume así: “los Wayúu tienen unas expectativas económicas muy válidas, porque están aportando su territorio. No tienen capital ni tecnología. Las empresas tienen capital y tecnología, pero no tienen territorio. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro”.
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Para Guerra, este escenario plantea “el mejor complemento” para un modelo en el que comunidades indígenas y empresas se hagan socias para construir los proyectos. En lugar de compensaciones económicas por el uso de su territorio, que suelen acordarse durante las consultas previas, las comunidades pasarían a ser parte de la distribución de ganancias y beneficios de cada parque eólico. La idea ya se ha implementado a nivel internacional y desde hace un par de años llegó a Colombia.
En Canadá, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el 20 % de los proyectos de energías renovables que se han construido en los últimos 15 años tienen como propietarias a las comunidades indígenas. Un modelo similar se puso en marcha en el parque solar Terra I, que se está construyendo en el Copey, Cesar, y que tiene como socias a la comunidad indígena Arhuaca y a la empresa Greenwood Energy. Los Arhuacos, además, ya están trabajando en un segundo proyecto, del que planean ser propietarios en un 100 %.
A eso se refiere Polanco, una de las autoridades tradicionales del corregimiento Wimpeshi, cuando habla de que los Wayúu sean socios de los proyectos. “Muchas veces nos han dicho que para ser socios tenemos que invertir plata. Y nos dicen que las comunidades no tenemos los recursos suficientes para ser socios de una empresa de ese tamaño”, añade Elías Silva Jusayú, autoridad tradicional de la comunidad Samupio, que hace parte del área de influencia de otro parque eólico, a cargo de una multinacional francesa.
Para ambos, así como para Guerra, la clave de su participación estaría en su propiedad del territorio. Sin embargo, para Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Más Guajira de la ANDI, una agremiación de 12 empresas de minería y energía en la región, detrás de esta posibilidad “hay mucha tela que cortar”. Se refiere a que el Estado aún no tiene normas claras para reglamentar el funcionamiento de este tipo de modelos de asociación. “Todavía tenemos que aprender el cómo de esos procesos, tiene que haber una línea de aprendizaje”, apunta.
En Terra I, el proyecto de la Sierra Nevada de Santa Marta, los líderes Arhuacos que han estado presentes en el proceso reconocen que ha sido un caso de éxito debido a la flexibilidad de la empresa para adaptarse a su sistema normativo. “Pero esto no es algo que pueda tomarse y replicarse en cualquier parte”, dice Ati Viviam Villafaña, una de las mujeres Arhuacas que impulsa la segunda fase de Terra para tener un parque solar que sea totalmente de su propiedad.
Una de las diferencias fundamentales, por ejemplo, es que las comunidades Wayúu tienen autoridades diferenciadas por cada uno de los clanes que habita el territorio. Esa es la razón por la que proyectos como Windpeshi tienen que adelantar consultas previas con más de 200 comunidades indígenas.
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A pesar de esto, personas como Silva y Polanco siguen viendo la posibilidad de ser socios como una forma de participar activamente en la construcción de los parques y tomar decisiones sobre sus territorios. “Finalmente, a los que nos va a cambiar el paisaje y a los que nos afecta ambientalmente somos nosotros”, afirma Silva.
En su territorio, fundaron una asociación de autoridades indígenas y conformaron una empresa, “con el fin de poder recibir recursos y ejecutar proyectos de manera organizada para cada una de las comunidades”. Esperan recibir el respaldo de EDF Renovables, la multinacional que planea construir el parque eólico Joüttalein, en donde está la asociación de autoridades.
Consultamos a la multinacional sobre su posición frente a la posibilidad de hacer socias a las comunidades, pero no obtuvimos respuesta.
La llegada de Ecopetrol
En Wimpeshi, la llegada de Ecopetrol para desarrollar el parque eólico al que renunció Enel Green Power en 2023 ha generado varias expectativas en las comunidades Wayúu. Además de la posibilidad de ser socias del proyecto, como menciona Polanco, también por la posibilidad de que “las cosas se hagan mejor”.
La salida de Enel dejó una relación de desconfianza entre la empresa, la Alcaldía de Uribia y las comunidades. “Fue un proceso muy arbitrario, nos sentimos engañados”, apunta Polanco. Como contamos en este artículo, la falta de transparencia en el acceso a la información y la poca presencia del Estado para garantizar que se respeten los derechos de las comunidades en el relacionamiento con las empresas han sido factores claves para el retraso de muchos de los proyectos eólicos que hay en La Guajira.
Para José Vega, del Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, por su sigla en inglés), una organización que ha trabajado por la inclusión de las comunidades en los proyectos eólicos de la región, la llegada de Ecopetrol tiene “todo el potencial para hacer las cosas diferentes. La expectativa es que puedan corregir lo que estaba mal y sacar adelante el proyecto”. Sin embargo, que esto se logre es algo que requiere de un “diálogo sincero” señala Polanco, y hay varias dudas que aún no se han resuelto.
“Es importante aclarar qué implicaciones tiene, por ejemplo, que Ecopetrol produzca su energía para autoconsumo”, advierte Vega. A diferencia de Enel, Ecopetrol no es una empresa de servicios públicos y no está habilitada para vender energía eléctrica al resto del país, que era el plan inicial con Windpeshi. La producción de este parque eólico, entonces, iría a suplir la demanda de energía de los procesos industriales que tiene la petrolera estatal. También hay dudas sobre si tienen o no interés en comprar otros proyectos, como Alpha y Beta.
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Guerra, antropólogo Wayúu que ha seguido de cerca lo que ocurre con la llegada de Ecopetrol, dice que “hay cierta opacidad en la respuesta. Por ejemplo, cuando les pregunto si van o no a adquirir determinados proyectos, dicen: ‘no sabemos, estamos en negociaciones, estamos conversando’. Es una respuesta gaseosa, sin mucha claridad”.
Desde El Espectador intentamos, durante varias semanas, tener una respuesta de Ecopetrol frente a estas dudas. Sin embargo, al cierre de esta edición no la obtuvimos.
“Si se mantiene esta opacidad”, sumada a la “subvaloración por el componente social” que han tenido otras empresas con los proyectos de energía eólica, asegura Guerra, los proyectos difícilmente saldrán adelante. En esto, añade el antropólogo, el rol del Estado será fundamental, no solo en plantear reglas claras para el acceso a la información por parte de las comunidades y el respeto a sus derechos, como a los de las empresas, sino en crear marcos normativos que permitan la entrada de modelos asociativos, que es lo que piden algunos Wayúu para hacer parte de la transición energética que está ocurriendo en sus territorios.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
