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El Gobierno va a invertir, en apenas ocho meses, COP 914.000 millones para construir comunidades energéticas en varias regiones del país. El Ministerio de Minas y Energía firmó, durante la segunda semana de diciembre, 17 contratos con tres empresas de servicios públicos para que instalen paneles solares en viviendas de La Guajira, Caquetá, Putumayo, Meta y otros departamentos. La entidad ya había intentado firmar tres de estos contratos a finales de octubre, por un total de COP 483.000 millones. Pero, como denunció El Espectador en dos artículos de noviembre (1 y 2), pretendía que los proyectos se ejecutaran en dos meses.
Como contamos en ese momento, varios expertos consideraban que el plazo planteado por el Minminas para construir esas comunidades energéticas era inviable. Al preguntarle a la entidad por el reducido cronograma, afirmaron que se trató de una “decisión política” entre ejecutar o no ejecutar los recursos. Es decir, como el plazo para ejecutar esa plata se vencía hoy, 31 de diciembre, pusieron como límite esa misma fecha para terminar los proyectos. A última hora, una de las empresas, la que ejecutaría el presupuesto más grande (COP 322.000 millones), declinó el contrato y pidió replantear las condiciones.
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Después de esa decisión, el Minminas debió corregir en tiempo récord la planeación de esos contratos. Dentro de los 17 contratos que se firmaron a inicios de diciembre se encuentran los tres proyectos que la cartera tenía listos a finales de octubre: los cronogramas pasaron de dos a ocho meses de ejecución, y se estableció la misma planeación para todos los proyectos.
Para lograrlo, la entidad solicitó la aprobación de vigencias futuras, es decir, tener disponible parte de ese presupuesto para el próximo año. La nueva fecha de entrega es el 31 de julio de 2026, siete días antes de que se termine la Presidencia de Gustavo Petro. Aunque se amplió en seis meses el cronograma que se tenía previsto, la experiencia que tiene el país en este tipo de proyectos advierte que puede seguir siendo muy poco tiempo. ¿Logrará el Gobierno cumplir la promesa de tener 20.000 beneficiarios de comunidades energéticas en sus últimos días?
Una promesa de 2022, en los últimos ocho meses de Gobierno
Las comunidades energéticas son, en palabras simples, proyectos con los que un grupo de personas puede organizarse para producir, gestionar y hasta comercializar su propia energía. El Gobierno Petro empezó a hablar de estas desde 2022, cuando se entregó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con la promesa de conectar 20.000 hogares a estos sistemas, principalmente con paneles solares.
El Minminas tuvo que partir de ceros. Es decir, creó por medio de un decreto la figura de comunidades energéticas y, a partir de este, empezó a reglamentar la forma en la que funcionarían. En ese proceso pasaron dos años de Gobierno y, hacia finales de 2024, empezaron a inaugurarse los primeros proyectos en regiones como La Guajira, Vichada y Chocó. Según los reportes que ha dado esa cartera, en el país se han puesto en marcha alrededor de 200 comunidades energéticas. Para hacerse una idea de lo lejos que está eso de la meta trazada en el PND, se estima que, para llegar a 20.000 hogares, hay que construir 5.000 proyectos.
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La cartera quiere apretar el acelerador para cumplir esa meta, y superarla por mucho. Con los 17 contratos firmados hace pocos días, esperan construir comunidades energéticas para 28.544 hogares de 10 departamentos: La Guajira, Magdalena, Cesar, Santander, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Chocó. La instalación de los paneles solares, su puesta en funcionamiento y la capacitación de las comunidades para gestionar su uso cuesta, en promedio, COP 31.870.000 por hogar. La duda sigue estando alrededor del tiempo en el que el Minminas quiere que se desarrollen estos proyectos.
Si se compara con el cronograma publicado en los contratos que iban a firmarse en octubre, pero que se cayeron a último minuto, la etapa de construcción pasó de tener tres semanas a tres meses. Además, los proyectos ahora incluyen una etapa más larga de formación y acompañamiento a las comunidades, algo que expertos consultados por El Espectador consideran un paso clave para su funcionamiento. Mientras esta contemplaba únicamente tres semanas en el cronograma inicial, en el nuevo se da un espacio de siete meses para todo ese proceso.
Este es el cronograma viejo.
Y este es el nuevo cronograma.
A pesar de esos cambios en los cronogramas, Gensa, Electrocaquetá y Dispac, las tres empresas que ejecutarán los 17 contratos, han realizado obras similares, aunque llegando a muchos menos hogares, que les han tomado mucho más tiempo.
Por ejemplo, Gensa ejecutó un proyecto para instalar paneles solares en 216 hogares de Putumayo, Córdoba y Bolívar. En el cronograma inicial de ese contrato se contemplaron cinco meses para la ejecución, pero tuvieron que hacer una extensión del contrato, pues las obras duraron un año y medio. Otro ejemplo, también de Gensa, ocurrió en 2020. Para instalar 491 soluciones solares en hogares de la zona rural del departamento de Amazonas, se dio un plazo de 135 meses, que luego se extendió a 140.
Por su parte, Dispac construyó, con recursos públicos, una comunidad energética para 88 hogares en Coquí, un corregimiento de Nuquí, en Chocó. El proyecto empezó su etapa de socialización, el primer paso para dar a conocer las obras que se realizarán ante las comunidades, en agosto de 2022, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal. La inauguración del proyecto se hizo el 18 de diciembre de 2024, más de 24 meses después.
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Frente a esto, también es importante recordar que en julio, cuando el Minminas abrió la convocatoria para estos proyectos, electrificadoras como Dispac, EPM y Air-e enviaron comentarios pidiendo una ampliación del plazo de ejecución. Para ese momento, el cronograma era incluso más extenso que el de los contratos firmados y, como señaló Dispac en su solicitud, “el plazo de ejecución del convenio, de 12 meses, es corto, más aún teniendo en cuenta que se debe contemplar la estructuración de los proyectos, por lo cual se solicita el cambio del plazo del contrato a 24 meses”.
A finales de octubre, cuando le preguntamos a Víctor Paternina, director de Energía del Minminas y encargado de los contratos, por los tiempos para construir estas comunidades energéticas, dijo que “realmente, cuando vamos a saber cuánto se van a demorar los proyectos es en la etapa de replanteo. (...) Si se necesita más tiempo, haremos la prórroga amparada y sustentada”. Han transcurrido tres semanas desde la firma de estos contratos. Es decir, restan siete meses para su ejecución, pero en SECOP II, donde debe publicarse la información actualizada de los avances, aún no se encuentran actas de inicio de las obras ni contratos por parte de las electrificadoras con otras empresas para la construcción de las comunidades energéticas.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
