
Susana Muhamad, la primera ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro, tenía una analogía para describir el proceso que estaban viviendo con la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el instrumento ambiental que más dinero ha logrado movilizar en ese sector en la historia del país: “Estamos construyendo un avión en el aire”, recuerda una de las personas que siguió de cerca ese proceso y prefiere hablar bajo reserva.
Poco más de un año después de que el gobierno Petro iniciara, el fondo, que se había incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, alzaba vuelo con su creación, mediante el Decreto 1648 de 2023. Para finales de ese año ya tenía la primera asignación presupuestal: COP 500.000 millones destinados a la conservación de la Amazonia.
(Puede leer: La gestión ambiental durante los primeros 100 días de De la Espriella)
Entre octubre de 2023 y lo que va de 2026, al Fondo para la Vida se le asignaron poco más de COP 3 billones, una cifra nunca antes vista en el sector ambiente del país, según funcionarios y directivos de ONG consultados para este artículo. Con corte a agosto de 2026, dijo a este diario Rigoberto Niño, director interino del Fondo que dejó el cargo hace unas semanas, se financiaron 40 proyectos a lo largo y ancho del país, para los cuales se invirtieron poco más de COP 1,7 billones.
Para Niño, el Fondo fue “algo nunca antes visto” en la historia del país. Desde El Espectador consultamos a tres entidades que ejecutaron o recibieron recursos del Fondo: una universidad pública, un instituto de investigación vinculado al Minambiente y una fundación independiente. Solo la última accedió a hablar con este diario. Sin embargo, horas antes de la publicación del artículo, solicitó no ser citada, pues temen que sus opiniones generen problemas con el nuevo gobierno.
Esta última, una ONG con amplia trayectoria en el país, reconoce que el Fondo es un “hito muy importante”.
Un informe de la Contraloría General de la República, publicado a inicios de este mes, señaló que “se consolidó como el principal instrumento financiero” del sector ambiental y se convirtió en una “herramienta estratégica para el financiamiento de la acción climática y la conservación de la biodiversidad”, aunque advirtió barreras en su ejecución.
(Le puede interesar: La discusión que desató la revocatoria de la medida que declaraba la Amazonia como reserva)
Tanto Niño como la persona que siguió el proceso de creación y funcionamiento del fondo desde el Ministerio reconocen que este instrumento tiene varias oportunidades de mejora, tanto en lo administrativo como en lo financiero y en sus órganos de gobierno.
Pero no están de acuerdo con el anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella y del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que prometió “cortar las alas” de este avión tras acusarlo de ser un “contratadero” y no tener proyectos con “impactos reales”. Creen que se trata de un error y advierten que la congelación de recursos que vive el fondo desde la llegada de la nueva administración podría generar riesgos reputacionales e incluso acciones judiciales en contra de la cartera.
Un buen despegue. Un descenso abrupto

En 2016, tras una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Juan Manuel Santos, se creó el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (FONSUREC). Pero este nunca arrancó. Con el decreto de 2023, el gobierno de Gustavo Petro lo reglamentó y lo puso en marcha.
El primer empujón financiero, recuerda Niño, quien estuvo al frente del fondo desde enero de este año hasta mediados de octubre, vino del gobierno nacional que, a finales de 2023, le inyectó poco más de COP 500.000 millones, con el objetivo de que se invirtieran en la conservación de la Amazonia, una región que concentra seis de cada 10 hectáreas que se deforestan en el país.
Desde su inicio, el fondo nació con varias particularidades. Es un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente, que se rige bajo el derecho privado. Sus fuentes de financiamiento son el Presupuesto General de la Nación, el 80 % del Impuesto Nacional al Carbono (INC) y aportes de otras entidades nacionales, entre otros, los cuales son administrados por Fiducoldex, una fiducia en la que el Estado posee la mayoría del capital accionario.
(También puede leer: Consulta previa y cambio climático: la orden de la Corte que heredó De la Espriella)
A pesar de que el gobierno dispuso de medio billón para el arranque del fondo, “algo inédito”, de acuerdo al funcionario del ministerio, había un problema: el primer director, Aníbal Pérez, se posesionó en julio de 2024, es decir, nueve meses después de que se constituyera el fondo. Esa demora afectó el inicio de la planeación y ejecución de los proyectos, reconoce.
Pese a esa demora, Niño explica que el fondo cuenta con una ventaja: se creó para poder financiar proyectos ambientales que superen el año de vigencia. Para la ONG, esto es clave, pues para que un proyecto ambiental sea exitoso debe sostenerse por más de un año.
El fondo, señala Niño, permite financiar estos proyectos a mediano y largo plazo a través de incorporaciones y compromisos con las entidades que implementan los proyectos. Sin embargo, si los recursos no se comprometen, corren el riesgo de perderse. Eso fue lo que, por ejemplo, pasó con parte de los primeros COP 500.000 millones, dice el funcionario de la cartera.
Si bien en la segunda mitad de 2024 el fondo ya contaba con un director en propiedad, empezaron a emerger otras “limitaciones”, como las califica Niño. Ante el Consejo Directivo, que es la instancia que determina los proyectos a financiar, el director ejecutivo tiene voz, pero no voto. “La figura del director termina siendo de adorno”, dice el funcionario, mientras que Niño lo matiza y asegura que el instrumento debería tener una instancia de gobernanza que permita tomar decisiones más rápidas.
(Puede leer: Glufosinato de amonio: ANLA inicia la evaluación del plan de manejo para aspersión aérea)
Hasta ahora, los proyectos aprobados deben pasar por el Consejo Directivo, conformado por el ministro de Ambiente, dos viceministros, un ministro de otra cartera, dos representantes designados por el ministro y el director de Parques Nacionales Naturales. En ese sentido, reconoce Niño, el Consejo depende de la voluntad del ministro. A esto, suma el exdirector, el Comité Fiduciario, encargado de aprobar la ejecución de los proyectos, no siempre sesiona cuando lo necesita el fondo y tiene a cargo aprobar, incluso, la cesión, terminación o modificación de un contrato por prestación de servicios.
Aunque por diseño, el Fondo quería hacer proyectos más rápidos y vencer algunos obstáculos de la contratación pública, la verdad es que quedó pesado y lento, asegura el funcionario que tuvo que lidiar con las demoras y barreras administrativas.
A las barreras administrativas, el funcionario de la cartera agrega una dificultad más: la inestabilidad de los directores e, incluso, de las ministras. Durante el gobierno de Gustavo Petro pasaron tres ministras y dos directores. Además, en estos 36 meses, el Fondo estuvo 13 meses sin director, sin contar que los nueve meses de Rigoberto Niño fueron en calidad de director interino.
Esta situación fue alertada por una auditoría de la Contraloría sobre la vigencia 2024 a junio de 2025. En dicha auditoría, el ente de control también concluyó que el control interno del Fondo era ineficiente y determinó, entre otros, un hallazgo fiscal por COP 208 millones. La Contraloría agregó que, a excepción de unas deficiencias en la contratación, la planeación y la previsión de sostenibilidad de los proyectos, “la gestión en la operación y administración de los recursos (…), así como la gestión del Mimabiente (…), resulta conforme”.
Una de las críticas que Niño hace al respecto es que el fondo debería transformarse como un patrimonio autónomo con personalidad jurídica, para que no dependa del Ministerio, lo que le daría más autonomía en la ejecución de los recursos.
(Puede interesarle: Pozo Komodo-1: ANLA elimina tres obligaciones de la licencia ambiental en el Caribe)
Al margen de las trabas administrativas y políticas, “algo normal en el proceso de constituir un fondo”, dice el funcionario, hay un problema mayor, que se entiende mejor al observar la siguiente tabla, que muestra el comportamiento de las asignaciones para el Fondo:
Son los recursos que le fueron asignados al Fondo desde que existe. Su abrupta disminución radica en que las dos principales fuentes de financiamiento, el Impuesto Nacional al Carbono y el Presupuesto General —el 94 % del total—, se redujeron con el paso de los años, en parte, por la ajustada situación fiscal que ha atravesado el país.
Aunque no niegan que la disminución de recursos haya afectado la implementación de los proyectos, tanto Niño como la ONG ambiental y el funcionario del ministerio resaltan que los proyectos sí generaron impactos reales en las comunidades y ecosistemas del país, contrario a lo afirmado por el ministro Arjona.
Niño, por ejemplo, destaca lo logrado con Conservar Paga, un programa que desde septiembre de 2024 paga COP 900.000 a familias del arco de deforestación de la Amazonia por conservar el bosque en pie, triplicando el incentivo que se entregaba en programas anteriores.
Si bien la meta inicial se redujo de 16.000 a 9.000 familias, en su último Informe de Gestión, Niño destacó que hasta septiembre de este año se habían vinculado 7.837 familias, de las cuales el 88 % ha cumplido sus acuerdos de conservación, lo que ha permitido conservar más de 214.000 hectáreas. Como parte de este programa, el exdirector del fondo también resalta que se hizo una millonaria inversión para que el Ideam pudiera hacer monitoreo satelital predio a predio sobre más de 10.000 terrenos con el fin de comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
Al margen de estas, la ONG y Niño coinciden en un pilar fundamental de todos los proyectos financiados con recursos del fondo: “La directriz fue que se tenía que asegurar que se dejaba montada capacidad local”, dicen desde la organización.
Pese a que los problemas financieros empezaron en 2025 y continuaron en 2026, se agudizaron con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella. El Ministerio de Ambiente no contestó a un derecho de petición ni a un cuestionario enviado por El Espectador, ambos radicados el 20 de octubre.
Cambio de piloto, ¿fin del viaje?
A su llegada al Ministerio de Ambiente, Fabio Arjona paralizó la ejecución de los 40 programas, dice Niño, que venía del gobierno Petro y alcanzó a estar dos meses en el nuevo gobierno. La directiva fue congelar los recursos.
El 26 de agosto, 19 días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, la Subdirección Administrativa y Financiera del Minambiente le informó al Fondo que “los recursos apropiados a los proyectos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad se encuentran en estado bloqueado por trámite de aplazamiento de apropiaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Niño explica las consecuencias de esta decisión con uno de los programas que más destaca: Conservar Paga. El 30 de septiembre debía realizarse el pago 23 a las familias que cumplieron con su acuerdo. Sin embargo, este no se llevó a cabo por el bloqueo presupuestal que enfrenta el Fondo. El pago de octubre tampoco se ha podido realizar, por lo que el programa ya acumula dos meses en mora.
En su último informe de gestión, Niño advirtió que “la suspensión de los pagos, la incertidumbre consecuente para las comunidades y para los aliados territoriales y la indisponibilidad del equipo técnico completo necesario para continuar las actividades de ejecución y apoyo a la supervisión del proyecto expone al Patrimonio Autónomo y su Fideicomitente a un incremento exponencial de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y otros recursos interpuestos como derechos de petición, tutelas o acciones legales. El equipo del Fondo está en grave riesgo de ser desbordado en su capacidad para responder a esta situación”.
A finales de octubre, el ministro Arjona anunció la realización de una auditoría externa cuyo fin es “esclarecer cómo se administraron más de tres billones de pesos destinados a acciones ambientales y qué resultados produjeron para los territorios y sus comunidades”. Niño, que estuvo presente en la sesión en la que se decidió adelantar la auditoría, asegura que está de acuerdo con la revisión, “pues en las políticas públicas es fundamental que siempre haya una evaluación de los impactos”.
Pese a esto, no comparte que “de entrada anuncien un despilfarro y un descalabro, pues la conclusión ya está tomada”.
“Amén. A ese fondo para la vida (alegre) hay que darle cristiana sepultura… no sin antes destapar el despilfarro y el contratadero en que se convirtió”, escribió en redes sociales el ministro Arjona a mediados de octubre.
Mientras las conclusiones de la auditoría se esperan para el primer semestre de 2027, el gobierno, a través de su “Ley de ajuste fiscal”, plantea dos medidas con impacto directo al Fondo para la Vida. La primera radica en volver a la denominación original, Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec), al tiempo que le quitaría su principal fuente de financiación. Aunque el recaudo del Impuesto Nacional al Carbono aumentaría, ya no tendría una destinación específica para las problemáticas ambientales.
“Cuando hoy el ministro expresa que el Fondo no se va a seguir fortaleciendo, creemos que es una pérdida, porque es un instrumento que le sirve al país y al Ministerio de Ambiente. Debe dársele la oportunidad bajo este gobierno, para que el ministro también pueda financiar los proyectos que priorice”, concluyen desde la ONG ambiental.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
-
María Luisa(17011)•15 de noviembre de 2026 – 10:23¿Cuándo van a resaltar una noticia sumamente importante relacionada con el medio ambiente: Guardianes del Río Atrato reciben el Premio Rafto? Me enteré por el País de España que hoy lo resalta en primera página. Espero muy pronto ver esta noticia en El Espectador.